A dos años de la revuelta: El rol clave de las asambleas territoriales

Las asambleas territoriales no nacieron en octubre de 2019, pero vivieron una reconfiguración importante y un papel de organización y resistencia fundamental en la revuelta social. A casi dos años del hito histórico, varias han sufrido desgaste y otras se mantienen en pie con la mirada crítica al proceso constituyente.

El próximo 18 de octubre se conmemorarán dos años del inicio de la revuelta social de 2019. Uno de los puntos importantes dentro de este proceso de movilización fue la rearticulación del tejido social a través de asambleas populares y territoriales. Sin embargo, luego de este tiempo y con una pandemia de por medio, nuevamente se ha reconfigurado este escenario.

En enero del año pasado, la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) congregó a cerca de 200 organizaciones sociales entre asambleas, coordinadoras, cabildos y juntas de vecinos tan solo en la Región Metropolitana. 

La olla común: Un espacio de resistencia frente al hambre

En este contexto, un elemento articulador fueron las ollas comunes. Este espacio, que se reconfiguró post octubre, fue esencial para afrontar la crisis sanitaria y el hambre ante las nulas soluciones estatales.

Para el integrante de la Olla Común Che Guevara, ubicada en la población Santa Anita de Lo Prado, Pablo Vásquez, las ollas comunes “tienen que ver con la recuperación del tejido social. Funcionamos solidariamente con otras ollas en forma de red”. 

“Cuando alguien tiene algún recurso, lo comparte con los otros. Si en algún momento se necesita alguna verdura, se comparte. Cualquier tipo de actividades se va apoyando. No es solo una actividad aislada, sino que tiene que ver con un contexto”, indicó Vásquez.

La «Che Guevara» se conformó oficialmente a fines de mayo de 2020 en respuesta a la ineficaz respuesta por parte del Estado al hambre en tiempos de pandemia. Esta olla común está en el ex campamento Che Guevara fundado en 1970. Es por ello que, aparte de funcionar como olla, se ha realizado un trabajo importante de memoria en el lugar.

Pablo Vásquez señaló que este espacio también ha sido un gesto de recuperación identitaria, así como una red de apoyo a actividades territoriales en relación a las y los presos de la revuelta y las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos.

De acuerdo a La Tercera, de las 881 ollas comunes que se conformaron en estos dos años, al menos 325 siguen activas en la Región Metropolitana. 

¿Qué ha pasado con las asambleas territoriales?

Desde diferentes organizaciones de la sociedad civil han manifestado que existe una crisis importante dentro del movimiento social. Algunas denuncian que ha habido una instrumentalización del 18 de octubre, mientras que otras apuntan a un desgaste natural.

El integrante de la Asamblea Territorial Villas Unidas de Ñuñoa e historiador social, Daniel Faure, indicó que las asambleas territoriales lograron articular a grupos que estaban dispersos y se habían expresado solamente a partir de la protesta.

“Desde ahí permitió su articulación para hacerse cargo de diferentes dimensiones de las necesidades de su territorio. Estas necesidades son de seguridad frente a la represión, la autoformación o autoeducación, el desarrollo de una cultura propia artístico-cultural, el abastecimiento o del acopio solidario”.

Por su parte, la vocera del Movimiento Archipiélago Soberano y constituyente por el distrito 26, Adriana Ampuero, llamó a “no descansar en la institucionalidad, puesto que la política también debe desarrollarse en los territorios. Las asambleas territoriales y sociales son un importante articulador del tejido social en Chile y su desafío es no dejar de reunirse, no dejar de trabajar y no dejar de levantar las demandas en los distintos espacios de poder”.

En ese sentido, Daniel Faure sostuvo que, junto con las dificultades que ha representado la pandemia, otro factor que ha debilitado a las asambleas territoriales “fue la institucionalización de la revuelta a partir del acuerdo del 15 de noviembre”.

“Esto termina minando las bases de las asambleas. Hay vecinas y vecinos que apuestan por la constitución de organizaciones autónomas. Éstas, a través de procesos autogestivos, logran hacerse cargo de las necesidades del territorio, mientras otros que aún apuestan por las vías institucionales. Sin embargo, al ser un movimiento muy débil, termina siendo un brazo territorial de algunas coaliciones políticas como el Frente Amplio”.

Resistencia de las comunidades ante la violencia estatal

La represión y las vulneraciones a los derechos humanos se transformó en algo sistemático desde el inicio de la revuelta social. Esta política sistemática no sólo se enfocó en Plaza Dignidad, sino que también en la organización territorial.

Faure apuntó que las comunidades respondieron “a través de procesos defensivos, de cuidados y de reparación hacia adentro de los efectos que tenía el terrorismo de Estado (…) La primera línea de contención y cuidado frente a las vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Piñera fueron las asambleas territoriales”.

Junto con ello, estos espacios también han mantenido en palestra la lucha por la liberación de las y los presos políticos de la revuelta. Sobre esto, Faure expresó: “Se da mucho esa sensación de que ese vecino o vecina que está presa perfectamente pudiste ser tú. Cualquiera de nosotros en la calle pudo ser detenido y cargado como fueron la mayoría de las y los presos políticos”.

Uno de los integrantes de la Coordinadora 18 de Octubre, que pidió reserva de su identidad, hizo un llamado a seguir movilizándose por las y los presos políticos. Añadió que la situación sigue siendo tan grave como hace unos meses y que muchas y muchos siguen encarcelados, con prisión efectiva, con libertad vigilada o a la espera de juicio.

“La revuelta no comienza en octubre y termina en marzo. Posterior a eso, muchos compañeros y compañeras siguieron luchando, en una prolongación de la lucha que se vio y se ha dado. Varios han caído en prisión hasta hace pocos meses. Tampoco hay que dejar de tener presente a todas y todos los presos políticos anteriores a la revuelta”.

En tanto, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Antonia Rolland, aseveró que no ha existido ningún avance en verdad, justicia y reparación para las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos desde octubre.

“Un claro ejemplo es Óscar Pérez, sobreviviente de la represión estatal. Hoy está ad portas de su octava operación y sigue teniendo que hacer rifas para costearlas. Es por eso que seguimos en la toma del INDH, porque todo nuestro petitorio va en función de avanzar en la libertad, justicia y reparación. Pero por el momento no hemos visto al Gobierno o el INDH queriendo hacerse cargo de estas demandas”.

Organización en torno a la Convención Constitucional

Desde la Coordinadora 18 de Octubre señalaron que “no hay que perder de vista que el proceso constituyente es un arma de doble filo”. Esto, en el sentido de que es una salida institucional a la revuelta. 

Además, expresaron que “el proceso continúa con presos y presas, lo que es un poco escandaloso. No desconocemos que hay intenciones de algunos pocos constituyentes que están por la libertad y tienen presente a las y los presos políticos. Sin embargo, creemos que el objetivo mismo de la Convención hace que eso ya no sea tema”.

Por otro lado, Adriana Ampuero, quien también es integrante de la Red de Organizaciones Sociales y Asambleas de Los Lagos, puntualizó: “La Convención tiene un desafío para poder canalizar las demandas (del movimiento social). Ese desafío es ampliar la participación ciudadana y la incidencia directa de las organizaciones sociales y territoriales en el texto constitucional”.

“Serán relevantes los procesos de asambleas y cabildos territoriales que los distintos convencionales y las comisiones permanentes puedan realizar en sus respectivos territorios. Creo que es la única forma de canalizar realmente aquellas demandas ciudadanas que se han estado levantando desde hace más de 30 años”.

La constituyente también indicó que las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar iniciativas populares de normas constitucionales. Junto a ello, estará la posibilidad del plebiscito dirimente, el que aún no tiene asegurada su realización, pero dio un paso importante al ser incluído dentro del Reglamento General de la Convención Constitucional.

Territorios y comunidades siguen proyectando necesidades de fortalecimiento del tejido social, especialmente en tiempos electorales, llenos de promesas y nuevos designios constituyentes que requieren diálogo, educación y debate en el seno de las organizaciones populares.