A más de un año de la revuelta: La compleja situación de las y los presos políticos
Escrito por José Ojeda el noviembre 5, 2020
La suspensión del derecho a recibir visitas, la falta de atención psicológica y la duración excesiva de medidas cautelares, como la prisión preventiva, han deteriorado la situación de las y los presos políticos de la revuelta popular. Mientras el Gobierno hace oídos sordos ante esta situación, se continúa reprimiendo la protesta social.
Foto: Coordinadora 18 de Octubre
Más de un año ha pasado desde los primeros encarcelamientos a quienes se movilizaron a partir del 18 de octubre de 2019. Más de siete meses del aislamiento en las prisiones por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, el Gobierno negó la existencia de la prisión política en Chile y rechazó la idea de un posible indulto, pese al empeoramiento de esta situación tras casi un año.
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Este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dejó en inmediata libertad a Daniel Morales Muñoz y B.E.S.M, quienes fueron acusados de estar involucrados en la quema de la estación Pedrero el 18 de octubre de 2019, debido a la presentación de pruebas ilícitas en su contra.
Caso parecido fue el que vivió Anderson Rayo Andrade de 19 años, quien estuvo un año en prisión preventiva por romper un vidrio de un banco en contexto de protesta en la revuelta popular de octubre.
Foto: Coordinadora 18 de Octubre
Junto a ellos, de acuerdo a la Coordinadora 18 de Octubre, cerca de 250 personas se encuentran en prisión preventiva y otras medidas cautelares tras las movilizaciones de fines del año pasado y comienzos de este.
Una de las integrantes de la Coordinadora 18 de Octubre manifestó que «es probable que el número oficial sea mucho más alto, es muy probable que nunca logremos saber con certeza cuántos compañeros y compañeras fueron encarceladas a raíz de esta prisión política que se instala después del 18 de octubre, pero esa es un poco la cifra que manejamos».
«De esos compañeros hay muchísimos, la mitad yo creo, que están en prisión preventiva, que están encarcelados sin tener un juicio. Muchísimos de ellos sin tener la fecha del juicio, y están esperando en la cana», indicó.
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En tanto, el integrante de la ONG 81 Razones, César Pizarro, señaló que el Estado se ha empecinado y obstinado contra las y los presos políticos de la revuelta, lanzando todo el aparataje estatal hacia ellas y ellos.
“Claramente hay un ensañamiento jurídico y legal por parte del Estado con los presos de la revuelta y con las personas y ciudadanos que salieron en rebelión respecto a la explosión social que ocurrió en Chile. Es claro al darse cuenta de lo excesivo de las prisiones preventivas y el trato de Gendarmería a los presos de esta situación política que ocurrió en Chile”.
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Condiciones precarias
A pasado más de un año de iniciada la revuelta popular de octubre, y casi la mitad de las y los presos políticos aún están a la espera de su debido proceso para dejar las cárceles.
Sumado a su larga estadía en prisión, las malas condiciones sanitarias provocadas por la pandemia del Covid-19 han agravado las pésimas condiciones de hacinamiento y trato de las cárceles en Chile. Ante esto, diferentes agrupaciones han denunciado que no han recibido ayuda psicológica debido al confinamiento y el derecho a visita ha sido restringido.
Durante esta semana se dio a conocer que uno de los presos políticos en Tarapacá, Diego Contreras, intentó suicidarse al interior del Centro Penitenciario de Alto Hospicio.
Foto: Coordinadora 18 de Octubre
En el comunicado de la Coordinadora Libertad y Justicia por las y los Presos Políticos se indicó que Diego fue condenado a una pena de tres años y un día el pasado 6 de octubre. Además, señalaron que: “Las presiones externas del Gobierno sobre el Poder Judicial, que hoy lo tienen tras las rejas, han sido quienes han llevado a este joven a no querer seguir con su vida en estas condiciones”.
Por su parte, la integrante de la Coordinadora 18 de Octubre indicó que este aislamiento, a pesar de nacer como una medida sanitaria, ha sido utilizado de una forma punitiva hacia las y los presos políticos de la revuelta.
«Es complicada a raíz de esto de la falta de visitas. Es super complicada también a raíz de que muchos de esos casos son montajes, que hay un mandato político en el fondo que se le da a los tribunales de poder aplicar las penas más gravosas y más largas a modo de castigo frente a esta manifestaciones y distintas expresiones frente al Estado y la autoridad que hubo después de la revuelta».
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Renuncia de Víctor Pérez e indulto
Desde el 18 de octubre en adelante han pasado tres ministros del Interior, siendo dos acusados constitucionalmente por la violencia policial y violaciones a los derechos humanos en contexto de protesta.
El más reciente fue Víctor Pérez, quien renunció tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados este martes. Bajo su mando en la cartera se vio una mayor represión en las jornadas de protestas una vez comenzado octubre, que tuvo su momento álgido cuando el ex carabinero, Sebastián Zamora, lanzó al río Mapocho a un joven de 16 años.
Al respecto, la integrante de Londres 38, Erika Hennings, se mostró conforme con la salida de Víctor Pérez, aunque señaló que tanto él como Blumel y Chadwick han respondido a una política estatal de criminalización a las manifestaciones.
“El ex ministro Pérez fue un hombre que desde el día uno sabíamos que iba a intensificar una política estatal represiva contra la criminalización de toda protesta social contra jóvenes y organizaciones sociales que se manifiestan contra las injusticias. Sabíamos que iba a poner mano dura en la Araucanía, y así ha sido”.
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Los arrestos continuaron y las causas iniciadas el año pasado continuaron sin cerrarse en su mayoría para las y los presos de la revuelta. Ante la propuesta de indulto dada por diferentes organizaciones y algunos partidos políticos, la respuesta del Gobierno fue tajante, inclusive afirmando que no existen prisioneros políticos.
Frente a esto, el integrante de la ONG 81 Razones sostuvo que el Gobierno debe crear un equipo multidisciplinario que se dedique a analizar caso a caso y disponer de un tribunal exclusivo para resolver la situación de las y los presos de la revuelta.
“Tiene que dar dedicación exclusiva. Tienen que poner a jueces competentes que puedan ver los casos porque de verdad ya sobrepasa el ensañamiento con la gente que está privada de libertad”.
“Será difícil, pero así como se han buscado miles y una solución para darle libertad a criminales de lesa humanidad, que son militares que mataron a miles de chilenos, el Gobierno y los políticos se han empeñado en buscar soluciones para darles la libertad a esos viejos asesinos, pero aún así no ponen el empeño en poder buscar una solución para niños, jóvenes y mujeres presos y presas hoy en día por la revuelta”.
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Desde la Coordinadora 18 de octubre apuntaron a que los partidos que han dado la idea de indulto y amnistía son los mismos que votaron a favor del pack de leyes represivas del Gobierno a fines del año pasado, por lo que gran parte de la responsabilidad está en sus manos.
Foto: Coordinadora 18 de Octubre
Además, respecto a las declaraciones del Gobierno, comentaron que: “Es algo que, lamentablemente, no nos sorprende. La prisión política siempre ha existido en Chile. Nunca dejó de existir desde la época de la dictadura. Esta misma forma terrible que estamos haciendo carne ahora con nuestros compañeros viene desde hace muchísimos años, por ejemplo con los presos políticos mapuche en Wallmapu o con cierta persecusión hacia grupos subversivos y demás.
“Entendemos que esta negación de la prisión política es parte de la idea criminalizadora del Estado y el aparataje judicial, que tiene que ver con la idea de que efectivamente lo que se está encarcelando son delitos y no una idea política. Todo aquello que ha buscado el Gobierno incansablemente para poder generar miedo en la población, para buscar condenas que son ejemplares, para seguir levantando estas prisiones preventivas que son super desproporcionadas e ilegítimas«.
La coordinadora junto a diferentes organizaciones han llamado a jornadas de protesta fuera de las cárceles para exigir la liberación de las y los presos políticos de la revuelta, además del retorno inmediato de las visitas. Este viernes hay una convocatoria a Plaza Dignidad a las 17 hrs.
Junto a ello, dentro de las cárceles también se han organizado con el fin de que termine el aislamiento y se reinstauren las visitas suspendidas desde mediados de marzo.
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