A un año de la negativa a firmar Escazú a lo menos 8 activistas ambientales han sido atacados

Escrito por el octubre 4, 2021

Esta semana se cumplió un año desde que el Gobierno de Sebastián Piñera decidió negarse a  firmar y ratificar Escazú, el primer tratado internacional que vela por la protección de quienes defienden y protegen el medioambiente. Y a un año de esta decisión los ataques a activistas ambientales no han cesado.

Intervención en Plaza Baquedano para que Chile firmara Escazú/ 13 de septiembre de 2019.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, cumplió el pasado 26 de septiembre un año desde se terminó la fecha oficial para suscribirse al tratado a través de la firma de los países negociantes.

Actualmente, el acuerdo tiene 24 firmas y 12 ratificaciones, siendo Chile uno de los únicos países que no ha firmado, a pesar de que durante más de cuatro años fue copresidente de Escazú junto a Costa Rica y que además será sede de la primera conferencia del Acuerdo que se desarrollara el 22 de abril de 2022, el Día de la Tierra.

 “A un año de que el Gobierno no haya firmado el Acuerdo de Escazú continuamos lamentando su negligente decisión. En el fondo seguimos pensando que el Gobierno de Sebastián Piñera es un Gobierno que no le interesa la protección del medioambiente ni mucho menos le interesa la protección de los Derechos Humanos y creemos que esto no es una decisión aislada sino que más bien responde a un patrón de comportamiento que tiene este Gobierno”, aclaro el vocero de Escazú Ahora y Champion de Escazú para Latinoamérica, Sebastián Benfeld.

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Escazú: Los tres objetivos para defender y proteger el medioambiente

Escazu Ahora Chile

Escazú, es el acuerdo más importante sobre medioambiente y derechos humanos de los últimos 20 años. Además, es el primer tratado internacional que vela por la protección de quienes defienden y protegen la naturaleza.

El acuerdo tiene tres objetivos fundamentales: Acceso a la información, Participación pública y Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe.

Escazú busca que los países que se compromete a firmar y ratificarlo garanticen el acceso a la información ambiental de manera fácil para todos y todas, teniendo además una actualización periódica de la información en las diferentes plataformas.

También, establece que la ciudadanía deberá formar parte de los la toma de decisiones que afecten a los ecosistemas. Por lo tanto, las autoridades estarán obligadas a consultar y tomar en cuenta la opinión de las comunidades que puedan verse afectadas ante los proyectos que busquen instalarse en su territorio.

El tercer objetivo de Escazú es establecer que la legislación de cada país asegure el acceso a la justicia en temas ambientales. De esta forma, se busca garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un medioambiente sano y con un desarrollo sostenible.

Otro de los objetivos del acuerdo es que quienes protejan y defiendan el medioambiente puedan hacerlo de manera segura. Es por esto que los Estados estarán obligados a investigar y sancionar los ataques en su contra.

Los casos de amedrentamientos a activistas ambientales en Chile

Latinoamérica y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para ser activista socioambiental, así lo revelo en informe internacional de Global Witness sobre la situación de los defensores ambientales a nivel global. Donde se esclarece que 227 activistas fueron asesinados durante 2020, de los cuales 3 de cada 4 ataques ocurrieron en esta zona.

En Chile, la situación no es diferente. Si bien, entre septiembre 2020 y septiembre 2021 no se registraron asesinatos si existieron a lo menos 8 casos de amenazas y persecución a defensores socioambientales. Todo esto dentro del marco que se cumplía un año desde que el Gobierno decidió no firmar Escazú.

Verónica Vilches Olivares es dirigenta del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) y presidenta del sistema de Agua Potable Rural (APR) de San José de Cabildo, en la provincia de Petorca. Desde hace años lucha por la recuperación del agua, cuestión que en diferentes ocasiones le ha costado amenazas, amedrentamiento y persecución desde 2017.

Durante diciembre de 2020 en el hogar de Verónica se presentó un hombre de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) quien le pidió a la activista que lo acompañara a las instalaciones de la APR, a lo cual la dirigenta se negó, posteriormente Verónica llama al personal de la institución donde le aclararon que no habían enviado a ningún funcionario a las dependencias de la APR.

Ataques a Verónica Vilches en al APR de San José de Cabildo

En 2021 la integrante de Modatima ha sufrido tres ataques diferentes: el primero fue el 12 de febrero donde el APR fue rallado con la frase Muerte a Verónica Vilches, cuestión que en la noche del domingo 6 de junio se repitió con la oración Muerte, muerte, APR Verónica Vilches, ambas con color rojo. El tercero fue el 9 de julio cuando desconocidos incendiaron el auto de su madre que estaba estacionado a las afueras de su hogar.

A pesar de los constantes ataques en contra de su persona Verónica se mantiene firme respecto de su lucha por el agua, pues su lucha aún continúa.

Otra de las integrantes de la organización que ha sufrido de amedrentamiento es la vocera y fundadora de Mujeres Modatima y actual candidata a diputada por el distrito 6, Lorena Donaire, quien en febrero de 2020 por cuarta vez en la madrugada desconocidos entraron a su casa: “El último incidente de este tipo fue en febrero de este año. Al escuchar los ruidos y forcejeo, tomé todos los cuchillos y me encerré en la pieza junto a mis hijos”, cuenta para Amnistía Chile. Donde también comenta que curiosamente nunca han robado nada.

Disparos, secuestros y amenazas a defensores del territorio

Siguiendo con quienes defienden el agua el 21 de marzo el activista y excandidato constituyente por el distrito 9,  Uriel Gonzalez, fue secuestrado por dos desconocidos que lo obligaron a subirse a una camioneta a punta de cuchillos,  donde lo agredieron físicamente y lo amenazaron diciéndole: No te metai con el agua.

Días más tarde, a fines de marzo, el estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, integrante de la Radio JGM y editor de la revista Pasto Seco, Michael Lieberherr, debido a la investigación de su memoria de título sobre las posibles responsabilidades de la minería en sectores rurales en la provincia de Choapa, recibió una llamada donde le dijeron: Estas vigilado. Te tienes que ir.

“Vengo de una provincia, la provincia del Choapa muy afectada por el extractivismo, por el cambio climático también que son cosas íntimamente relacionadas, y estamos en un país que está lleno de conflictos socioambientales y la información que hay es muy poca, frente a eso es difícil que te quiten las ganas aunque sea por amenazas cobardes”.

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Meses más tarde el 23 de Junio el integrante de la Red por Los Ríos Libres, de Antucopuntosincontaminación y vocero de Antuko Resiste, Diego Ovalle, fue amedrentado a las afueras de su hogar. Fueron tres disparos realizados desde una camioneta que se dio a la fuga inmediatamente, lo que pudo observar uno de sus amigos.

Los primeros días fueron muy complicados. El miedo, la inseguridad, la ansiedad por así decirlo, todo lo que es el shock pos traumático de ser atacado de esa manera, de sentir la presión de que lo que estoy haciendo está interviniendo en sectores peligrosos de la sociedad que están dispuestos a cualquier cosa por mantener sus privilegios (…) Uno sigue adelante porque entiende que lo que estamos haciendo no es tarea de uno sino que todos”, cuenta Ovalle.

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Instagram: Antuko Resiste

Respecto de la firma del Acuerdo de Escazú el vocero de Antuko Resiste comenta: “Este modelo económico neoliberal propende a la criminalización a la defensa del territorio y nos aleja de nuestros derechos con respecto a la lucha por la defensa territorial y de los ecosistemas porque no está regulado nuestra forma de pensar en ninguna especie de Ley, por lo tanto, se invisibiliza lo cual es un tipo de violencia estatal que solamente podría subsanarse actualmente con el Acuerdo de Escazú”.

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Días mas tarde, el 2 de julio, la enfermera especialista en toxicología y activista socioambiental de Quintero-Puchuncaví, Marcela Nieto, quien ha realizado la labor de difundir los impactos en la salud de vivir en una zona de sacrificio comenzó a ser hostigada vía teléfono, e incluso amenazada de muerte por su labor.

En su teléfono tenía varias llamadas perdidas por lo que intento comunicarse con los diferentes números donde solo recibió insultos. A pesar de haber bloqueado los contactos, el sábado 3 de julio recibió una amenaza de muerte por parte de un hombre. En las llamadas le dijeron que la situación se debía a su trabajo de difusión dentro de la zona.

Cuestión que siguió durante el domingo. “Diciéndome de todo, ejerciendo más presión y denigrándome como persona, en mi calidad de mujer. Yo quedé con una sensación de inseguridad. La verdad es que ahora yo temo por mi vida”, cuenta Nieto para la Radio U Chile.

El 1 de septiembre una de las integrantes de Mujeres y ríos libres fue amedrentada a disparos por fotografiar las tomas de terreno que se están realizando al costado del Puente Boco, un lugar de devastación de flora y fauna ejercida por maquinarias en las cercanías del rio Aconcagua. Desde la organización aclaran que llevan meses denunciando los hechos de violencia que ocurren en este sector, y que no pueden esperar una muerte para comenzar a actuar.

Francisca Fernández MAT

A estos activistas se suma la integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Francisca Fernández,  quien en reiteradas ocasiones ha recibido ciberacoso donde se le han enviado fotografías de órganos sexuales masculinos y armas por su labor como defensora del medioambiente. Un caso específico fue el de una persona de ultraderecha que hacia seguimiento de las actividades que realizaba con gente vinculada a las luchas socioambientales, indígenas y feministas que generó una suerte de recuadro como si Fernández fuera una terrorista. A lo que se suma el hostigamiento por parte de APRA vía Twitter por las mismas razones.

También comenta que a lo menos 3 o 4 compañeras del MAT han recibido ciberataques.

La integrante del MAT aclara que la defensa del medioambiente es necesaria a pesar de haber sufrido estos ataques: “Es fundamental seguir defendiendo la naturaleza porque nos parece que es el único lugar posible desde donde construir humanidad y desde donde entender nuestra relación profunda con el entorno y la única forma de llegar a buenos vivires es la defensa absoluta de la naturaleza”.

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Respecto de las sensaciones después de los ataques comenta que: “Obviamente con estos ataques una se siente expuesta a malos ratos y a maltratos y es por eso que nos parece aún más relevante en este contexto de civilización y de asesinato en América Latina de defensores de los territorios y los aguas, y Escazú permite justamente la generación de red de apoyo y protección a activistas”.

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“Es muy importante la labor que tienen las y los defensores ambientales porque son personas que están luchando en primera línea por la defensa de los ecosistemas, son personas que hoy están contribuyendo a la sociedad que son un gran aporte y por tanto que deben ser reconocidos, pero además de ser reconocidos por su labor debe ser protegidos porque lamentablemente hacer un trabajo tan noble muchas veces es un trabajo por el cual corren mucho riesgo, el riesgo de ser amenazados, hostigados, perseguidos e incluso asesinados”, aclara el vocero de Escazu Ahora.

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En Chile los activistas ambientales están propensos a ser amedrentados, perseguidos, violentados e incluso asesinados, y si bien, estos han sido los casos públicos desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021, es importante recordar que diferentes defensores de la tierra a nivel nacional han sido atacados en años anteriores en reiteradas ocasiones. Lamentablemente, estos no son los únicos casos.

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