Madre de Óscar Pérez, joven atropellado por dos carros policiales: “Quienes deben cuidarte te intentan matar”

El pasado 9 de agosto se dictó prisión preventiva al funcionario de Carabineros Mauricio Carrillo, conductor de uno de los carros policiales responsables del atropello a Óscar Pérez Cortez en 2019. La medida cautelar sólo duró nueve días, lo que causó gran impacto en su familia. «Me duele mucho que no se reconozca que la justicia no es igual para todos», señaló Marta Cortez, madre del joven.

El funcionario de Carabineros, Mauricio Carrillo Castillo, fue reformalizado por tortura y apremios ilegítimos por la Fiscalía Centro Norte, luego que el 20 de diciembre de 2019 condujera el vehículo responsable del atropello al joven de 20 años, Óscar Pérez, en Plaza Baquedano. En la formalización le decretaron prisión preventiva, medida cautelar que alcanzó a cumplir durante poco más de una semana en la 11° Comisaría de Lo Espejo.

Nueve días después de la audiencia, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar y la reemplazó por el arresto domiciliario total. Anteriormente, el efectivo policial había sido formalizado por cuasidelito de lesiones, delito equivalente a un accidente en la vía pública. Por lo que, desde 2019 Mauricio Carrillo mantenía firma mensual.

Mientras tanto, Óscar Pérez Cortez ha sobrevivido a siete operaciones tras el atropello por parte de Carabineros. La próxima intervención es el 28 de septiembre y el monto aproximado es de 12 millones de pesos. Óscar y su familia han vivido un daño irreparable, tanto física como mentalmente.

¿Por qué se pasó de la prisión preventiva al arresto domiciliario?

Según el subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Felipe Abbott Matus, es necesario recordar que la prisión preventiva es una medida cautelar y no una pena en sí misma. «Si la entendiéramos como un castigo, nos estaríamos anticipando a la verificación de la responsabilidad de la persona (…) eso vulneraría la presunción de inocencia’’, indicó.

El también abogado señaló algunas consideraciones al momento de decretar prisión preventiva. Entre ellas está la gravedad de los hechos, si la persona hace sospechar que desea huir de la justicia o muestra intenciones de obstaculizar la investigación. «Como acudir a los testigos o a la víctima, tener antecedentes, acceso a pruebas y deseo de destruirlas o de amedrentar a testigos’’, ejemplificó.

Por otro lado, enfatizó que «las medidas cautelares son esencialmente revocables», es decir, se pueden revisar cuantas veces sea necesario.

Antecedentes, represión y mentira

Si bien la medida cautelar más grave fue revocada para el carabinero, Mauricio Carrillo cuenta con antecedentes penales. En 2008 la Corte de Apelaciones de Concepción lo condenó a 540 días de reclusión tras haber sido declarado autor de un cuasidelito de homicidio y dos cuasidelitos de lesiones graves.

En aquella ocasión, el integrante de Carabineros se fugó del lugar después del atropello. Al igual que en el caso de Óscar Pérez, donde no avisó a sus superiores ni prestó ayuda al joven.

Cabe resaltar que tras el grave acto criminal, los manifestantes intentaron auxiliar a Pérez. En respuesta, Carabineros hizo uso del carro lanza agua y arrojó bombas lacrimógenas. Quienes protestaban hicieron un «escudo humano» y lo trasladaron al Cine Arte Alameda, donde una brigada ciudadana de salud pudo atenderlo. «Desde ahí todo ha sido terrible», señaló la madre de Óscar Pérez, Marta Cortez, en conversación con Radio JGM.

Por otro lado, Marta Cortez explicó que Carrillo «dijo que no vio a mi hijo porque el parabrisas estaba con pintura lanzada por los mismos manifestantes. El fiscal le creyó en ese momento porque fue a ver y efectivamente estaba con pintura’’. Sin embargo, por los múltiples registros de los hechos, la transmisión televisiva y testigos visuales se pudo demostrar que vehículo policial no tenía pintura. «Él mintió y por eso se buscó la reformalización’’, indicó Cortez.

El silencio del gobierno

Marta Cortez reveló a Radio JGM que, mientras se encontraba junto a su familia en la Clínica Las Condes por la primera operación de Óscar, la persona encargada de relaciones públicas del recinto habló con su hija ya que, «que alguien del gobierno, no sabemos quién, le había preguntado si podía ir o hablar con alguno de nosotros«.

En respuesta, su hija comunicó que como familia no tenían ningún problema «siempre y cuando reconocieran que esto era un abuso hacia los DD.HH’’. Hasta la fecha, ningún personero del gobierno se ha acercado a la familia de Óscar Pérez.

Incluso el ex-intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara sostuvo en 2020 que había contactado a la familia Pérez. En esa ocasión, sus dichos fueron desmentidos por tres parientes de Óscar.

La octava operación de Óscar Pérez tras el atropello

«Si tú lo vieras, dirías que no le pasó nada», sostiene su madre. En la actualidad, el joven puede caminar y andar en bicicleta, pero no al mismo nivel que antes. Sube escaleras con dificultad y no puede correr ni saltar. Por el impacto del accidente, el dolor es permanente y las secuelas son tanto físicas como mentales. El atropello por parte de Carabineros cambió su calidad de vida.

Después del atropello, el joven se ha atendido en el sistema privado de salud. Su madre explica que «no es porque queramos, sino que lo llevamos a la Clínica Las Condes porque tienen cirujanos especialistas que hacen una operación de cadera que no hacen en cualquier parte’’.

Luego de la primera cirugía, la familia se reunió con el director de la clínica para pedirle que los ayudara para que Óscar pudiera volver a su casa. Tanto su papá como su tío podían atenderlo allí, dado que son enfermeros.

El joven permaneció tres semanas hospitalizado antes de volver a su hogar. Su madre recordó que cuando llegó  «no se podía mover. A pesar de que estaba en silla de ruedas, solo aguantaba media hora sentado». Su condición de salud cambió todas las rutinas de la casa. Hubo que hacer una rampa para que pasara al living y la esquina para ir al baño se rompió porque la silla de ruedas apenas podía pasar por allí.

Según el médico que lo había atendido en la Clínica Las Condes, Óscar tenía una lesión que «no sabía si alguien en Chile era capaz de operar’’. De todas formas, el profesional se comprometió a buscar un colega que pudiera hacerlo. Así fue como encontró al doctor Reinaldo Gómez, quien atiende en la Asociación Chilena de Seguridad. Sin embargo, Óscar no es trabajador así que debieron pagar por particular.

La madre de Óscar comentó que «el equipo médico lo pagamos cinco días antes de la cirugía. En una sola operación el equipo costó 4 millones 700 mil pesos. Fueron tres operaciones y el reembolso fue de 70 mil pesos’’.

En agosto se descubrió que Óscar no podía ser operado hasta que se absorbieran todos los hematomas internos. Además, en un examen pre-operatorio que costó más de tres millones de pesos descubrieron que le habían roto una arteria. Como consecuencia, si lo operaban, no iba a cicatrizar. A todas las cirugías, se le sumó una especie de bypass.

La octava operación de Óscar será el próximo 28 de septiembre. Hasta el momento su madre no tiene el presupuesto absoluto del procedimiento, pero calcula que rondará los doce millones de pesos. Mientras se realizaba esta entrevista, el cabildo de la Villa Macul estaba haciendo una completada para pagar los gastos de un evento a beneficio de Óscar.

Muchos de los procedimientos los pagaron gracias a donaciones y rifas. Marta Cortez agradece la solidaridad de la gente y destacó que «no hay bolsillo que aguante algo así’’.

No hay proporcionalidad: el actuar de la justicia

La progenitora del joven recordó a los presos políticos de la revuelta, quienes han vivido el uso desmedido de la prisión preventiva, y los comparó con el carabinero Mauricio Carrillo.

‘’El profesor que pateó un torniquete estuvo entre tres y cuatro meses en prisión preventiva en cárcel. Y Mauricio Carrillo, un funcionario de Carabineros que atropella intencionalmente mientras la televisión transmite, y que además tiene dos atropellos anteriores en su historia de vida estuvo con firma mensual. Ahora está con arresto domiciliario’’, mencionó.

Cortez también manifestó que «no hay proporcionalidad entre un agente del Estado que va en un auto blindado contra un cabro en short y polera. Y que mientras corría, le tiró una piedra a una moto que estaba en el suelo. Ni siquiera a un ser humano’’.

Sobre la brutalidad policial, el académico de la Universidad de Chile declaró que la capacidad de respuesta ante las violaciones a los DD.HH. perpetradas por Carabineros «es bastante pobre, baja y ha tenido mucho menor repercusión que la que ha sido publicitada: los delitos con participación de civiles en desmanes, saqueos, entre otros de la misma naturaleza.

El subdirector del Centro de DD.HH. explicó que esta es «una señal muy preocupante, ya que no puede haber un sesgo. Primero, porque vulnera la igualdad ante la ley (…) y segundo, porque los delitos cometidos por los funcionarios policiales de los que estamos hablando son muy graves.’’

Investigar a quien investiga

Desde la otra vereda, Abbott destacó la dificultad para investigar los ilícitos vinculados a Carabineros. «Siempre ha sido difícil identificar, perseguir y sancionar a efectivos policiales porque (…) entre otras cosas, la policía también investiga».

Es por ello que se debe recurrir a la Policía de Investigaciones, que según el académico «tiene recursos mucho más limitados y prácticamente hay una sola unidad especializada en estas materias para todo el país y es un hecho que se ha visto totalmente sobrepasada’’.

En consecuencia, indicó que «las causas con civiles involucrados se han visto perjudicadas y han tenido una tardanza inaceptable’’.

Por otra parte, la madre de Óscar Pérez volvió a hacer una distinción entre el trato recibido por Carabineros y civiles. Esto debido a que Mauricio Carrillo pasó los nueve días de prisión preventiva en una Comisaría. «¿Quién cuida la prisión preventiva? Otro carabinero. Esto no es ecuánime y por eso es tan doloroso para nosotros también. No sólo para nuestra familia, sino para todas las familias de sobrevivientes y ellos mismos», declaró Marta Cortez.

«El dolor compartido duele menos»

La madre de Óscar Pérez vivió su infancia y juventud en dictadura. Relata que desde antes del atropello intencional a su hijo, marchaba por la justicia y recordaba a los detenidos desaparecidos. «Siempre me ha dolido la impunidad, pero una vez que me ocurrió mi percepción cambió absolutamente. Lo que se siente es inexplicable, te rompen de alguna manera. Quienes deben cuidarte te intentan matar«.

Ahora se ve junto a las familias de los sobrevivientes de la violencia estatal y les dice que «el dolor compartido duele menos» porque, es bueno ver que no somos los únicos que sufrimos esto», señaló.

A pesar del apoyo colectivo, el dolor continúa. «A mí me duele mucho que no se reconozca que la justicia no es igual para todos. Me duele que haya tantos chicos presos todavía en un contexto donde un carabinero, que todo Chile vio por televisión, atropella intencionalmente a alguien».

Marta ha recibido muchos comentarios e incluso le han insinuado que su hijo «algo habrá hecho’’ o que «no era una blanca paloma». Pero rescata un detalle: nadie le ha dicho que el atropello no fue intencional. «Nadie ha sido capaz de decirme eso porque se nota que no es así», concluyó.

Carabineros y la criminalización de la protesta

El atropello de Óscar Pérez ocurrió en el primer día de implementación del «Copamiento Preventivo». Se trata de la estrategia que posicionó a más de mil carabineros con el fin de controlar las manifestaciones en Plaza Italia y que, acorde a los dichos del ex-General Director de la institución Mario Rozas «no es una estrategia represiva«.

El abogado de la Universidad de Chile, Felipe Abbott caracterizó el método como «un entorpecimiento al ejercicio legítimo de una garantía consagrada, que es el derecho a manifestarse pacíficamente y sin armas».

Cabe recordar que el derecho a la manifestación involucra la libertad de expresión, reunión y asociación. Desde allí, tanto el sistema universal como interamericano de derechos humanos establece que es obligación del Estado favorecer, proteger e incluso promover el derecho a manifestarse.

Abbott señaló que si la estrategia del copamiento preventivo involucra «entorpecer que la gente se manifieste, actuar con una especie de presunción contra el manifestante, someterlo a un tipo de control previo e incluso llevarlo detenido solo por concurrir a un lugar público con interés de manifestarse’’ significa una violación a los DD.HH.

Si deseas ayudar en el financiamiento de la octava operación de Óscar, puedes participar de la rifa que organiza su familia. Todos los datos aquí: