Detención y expulsión arbitraria de madre migrante e hijo
Escrito por Rocío Cerda el noviembre 3, 2023
Ana Paredes, migrante dominicana y víctima de violencia intrafamiliar acudió con su hijo de 10 años a la PDI en busca de regular su situación migratoria con el llamado empadronamiento. Una acción rutinaria, que ante la inexistencia de antecedentes de la mujer debería haber sido llevada a cabo con regularidad pero acabó en una detención y expulsión arbitraria.
Irregularidades en la expulsión
El empadronamiento biométrico es una instancia que el Estado de Chile ha promovido. Por lo mismo, se pueden recordar los dichos de Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) quien en su momento aseguró a organizaciones de la sociedad civil que las personas migrantes «que no tuvieran nada que esconder» debían realizar el proceso.
El incumplimiento de la promesa inició el martes 24 de octubre, cuando Ana Paredes y su hijo quedaron detenidos enseguida y bajo cautela por buscar regular su situación migratoria. Solo tres días después fueron devueltos a su país en un proceso fuera de los márgenes éticos. Ignorando derechos de ambos y a su vez, tratados internacionales a los que está sujeto Chile.
Organizaciones critican la expulsión arbitraria
Reconociendo las irregularidades en el proceso, el lunes 30 de octubre, el Colectivo Sin Fronteras, la Organización Migrantas y Fundación Andrés Bello llegaron a la Corte de Apelaciones de Santiago para acompañar al abogado Francisco Martínez Briones, esperando la respuesta de un Recurso de Amparo interpuesto en favor ambas víctimas.
En la misma instancia, Martínez Briones reflexionó sobre las vulneraciones de derechos del menor en cuestión y criticó el actuar de las fuerzas involucradas: «El daño que está emergiendo producto del actuar desprolijo de las policías deja mucho que desear.
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El Colectivo Sin Fronteras también manifestó la preocupación por ambos involucrados y habló de las expectativas que tenían en la conclusión del recurso de amparo.
El abogado Patricio Rojas, afirmó que: «Esto no solamente es contrario al derecho interno en relación a la prohibición de la expulsión de niños, niñas y adolescentes sino que, además es una vulneración grave al derecho internacional por parte del Estado chileno».
Además de manifestar la necesidad de que el Estado de Chile repare a las víctimas.
A la espera de nuevas informaciones
El mismo lunes 30 de octubre, se entregó una carta firmada por 150 instituciones del país y 300 ciudadanos dirigida al presidente Gabriel Boric, al Ministerio de Interior, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a la Subsecretaría de la Niñez y a la Defensoría de la Niñez.
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En la carta se expone cómo el aparato estatal le falló a dos personas migrantes a la vez que se les vulneraron sus derechos. Ahora la solicitud de amparo está en manos de la justicia mientras que las organizaciones esperan que sea una respuesta justa y transparente.
A la vez, que se vigilara de cerca el actuar en este tipo de situaciones para evitar incumplimientos de las leyes migratorias chilenas y así no tener nuevamente una detención y expulsión arbitraria como en este caso.
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