Cupo Laboral Trans: ¿Cómo avanza en Chile?

Escrito por Francisco Verdejo Carrasco el abril 18, 2022

En junio de 2021, se ingresó un proyecto de ley de Cupo Laboral Trans en Chile. A casi un año, su avance es casi nulo y las necesidades de la comunidad permanecen urgentes.

En Argentina se aprobó la Ley de Cupo Laboral Trans, que establece un 1% de los puestos de trabajo en el sector público nacional para personas trans, capacitadas para cumplir con el rol que les toque. Por otro lado, en Uruguay esta medida es una realidad a través de una Ley Integral Trans. Dentro de sus artículos, establece la incorporación de un 1% de personas trans en distintos puestos de trabajo.De todas maneras, en Chile medidas como las mencionadas anteriormente no son una realidad concreta. Si bien en 2021 se presentó un proyecto de ley similar al trasandino, su tramitación no ha avanzado lo suficiente.

¿Qué pasa en Chile?

En junio de 2021 la ex diputada Natalia Castillo (Nuevo Trato) presentó un proyecto de ley que «establece acciones afirmativas para incluir a las personas trans en el sector público». La iniciativa, similar a la que se aprobó en Argentina, propone que en las empresas o instituciones del Estado, seleccionarán a personas trans aptas para el cargo, hasta completar el 1% del personal contratado.

La moción no ha avanzado en el congreso. Además, recibió críticas por parte de activistas y autoridades. El ex coordinador de políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), Franco Fuica, afirmó a Radio JGM que Castillo y Fundación Iguales redactaron el proyecto “viendo la situación que estaba legislando Argentina, pero no lo hicieron pensando lo mismo que nosotros«, afirmó.

Siguiendo la misma línea, la diputada Emilia Schneider (Comunes) explicó que es necesario establecer espacios educativos para la comunidad trans, para que puedan hacer uso de los cupos laborales. “Por ejemplo, si pusieran un cupo trans en la Corte Suprema. ¿Cuántas abogadas, abogados o abogades trans hay hoy día en Chile? Pocos”, aseguró.

Emilia Schneider, diputada por el Distrito 10.

La situación laboral tras la pandemia

Según la encuesta ‘’Población Trans de Chile ante la crisis provocada por el Covid-19’’, publicada por OTD en 2020, el 75,4% de las personas encuestadas se encontraba cesante.

Por otra parte, en Chile rige la Ley de Identidad de Género, que si bien es un avance para las personas de la comunidad trans, no contempla de manera explícita derechos que garanticen la equidad en el acceso al trabajo.

Franco Fuica, afirma que desde su anterior organización hayan tenido conversaciones con partidos políticos para impulsar iniciativas legislativas de este tipo. De todas formas, enfatiza que tener un una iniciativa impulsada desde la presidencia sería más útil.

‘’Pero nuestro objetivo principal es ojalá tener una ley presentada por el ejecutivo. De esa forma nos garantiza que un proyecto tenga presupuesto (…) principalmente para dos cosas: para capacitar a los empleadores y para reparar por diversos mecanismos’’, declaró.

Por otra parte, la activista trans, lesbofeminista y ex candidata a constituyente, Constanza Valdés, también cree que una Ley de Cupo Laboral es posible, pero depende de la fuerza política que gobierne.

Constanza Valdés, activista

‘’Bajo el contexto de un gobierno que ha violado sistemáticamente los derechos humanos no va a suceder. Bajo un gobierno de carácter progresista, pero fuertemente ligado a la concertación, yo creo que tampoco. No fue una demanda ni un aspecto importante, por ejemplo, en el gobierno de Bachelet’’, afirmó.

Actualmente, la administración de Gabriel Boric se determinó como un «gobierno feminista», y ha acogido las demandas de la comunidad trans como parte de su agenda. El pasado 31 de marzo, en La Moneda se hizo un acto oficial para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Aun así, las medidas concretas para la población transgénero siguen a la espera.

¿Cómo opera el Cupo Laboral Trans en Latinoamérica?

En el Argentina, actualmente rige el «Cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero». Esta ley indica que un 1% de los cargos en el sector público nacional deben ser ocupados por personas trans. Además, establece medidas de protección, no discriminación y formación educacional.

Por ejemplo, esta norma funciona en beneficio de personas trans más allá de si han realizado su cambio de nombre y sexo registral, además de si se han sometido a un cambio físico o de imagen. También, contempla que si «las personas aspirantes a los puestos de trabajo no tienen la educación secundaria completa, podrán ingresar a trabajar con la condición de cursar y finalizar el nivel educativo faltante».

El gobierno trasandino tiene la obligación de garantizar las condiciones para que estas personas puedan terminar sus estudios, y así tener la capacitación correspondiente para el cargo de trabajo. También, establece que el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad capacite al personal de trabajo, para asegurar la inclusión, respeto y no discriminación de la población trans.

El caso uruguayo

En 2018, Uruguay aprobó una Ley Integral Trans. Esta legislación, más allá de establecer pisos mínimos laborales para la comunidad, decreta distintas medidas en beneficio de esta población. Desde ámbitos registrales, educacionales y de reparación.

De esta forma, el Estado se hace cargo de las falencias estructurales que tiene la comunidad trans en su país, con el fin de incluirles integralmente a la sociedad. Por ejemplo, esta ley establece el Derecho a la Cultura, beneficios estudiantiles, la creación de una Comisión Especial Reparatoria, además de un cupo laboral para la población trans.

Los derechos disidentes a futuro

Si bien Chile ha avanzado en políticas públicas hacia la comunidad LGBTQ+, el camino por delante es largo. Aún no se cuenta con leyes como las Argentinas y Uruguayas mencionadas anteriormente.

De todas formas, las organizaciones sociales están atentas y esperanzadas al respecto. Por una parte, actualmente se encuentra con una bancada disidente en la Cámara de Diputados. De la misma forma, en la Convención Constitucional hay ocho miembros que son parte de las disidencias sexogénericas.

En consecuencia, se espera que en los próximos años el avance de políticas públicas en beneficio de la comunidad LGBTQ+ sea significativo.