Entre la identidad y el dinero: La precaria situación laboral de la comunidad trans

Victoria es una mujer trans, y en uno de los primeros trabajos donde le pagaban bien, tuvo que renunciar a su identidad para poder mantenerlo. Vel Suarez no pudo acceder a un rubro formal porque cuando supieron que era no binarie, le cerraron la puerta. En la actualidad ejercen de forma independiente porque en Chile no se asegura una situación laboral trans digna. Al igual que Vel y Victoria, el 65% de personas trans consideran “muy difícil” encontrar un empleo.

Por Carla Reyes y Dani Gajardo

Uno de los grupos más vulnerados en Chile es la comunidad trans, es decir, aquellas personas que no se identifican con el género que les asignaron al nacer. Cuando se trata de buscar trabajo, quienes logran conseguirlo, muchas veces deben renunciar a su identidad, aparentar algo que no son, y soportar todo tipo de violencias por parte de sus empleadores o de compañeros de trabajo. También pueden ver cómo les cierran las puertas apenas se enteran de su identidad.

En Chile aún no existe una normativa que apoye o regularice la realidad laboral de las personas trans. Aunque han surgido iniciativas estatales para apoyar a las personas trans, como el proyecto de Ley Cupo Laboral Trans o la ya establecida Ley de Identidad de Género, para organizaciones nacionales e internacionales es necesario que el Estado de Chile genere políticas efectivas para garantizar la vida digna de la comunidad LGBTQ+ en todos los espacios.

Según el Informe Anual de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), los casos de discriminación laboral hacia las disidencias sexuales y de género aumentaron en un 52,7% en el 2020 respecto al año anterior. Ese mismo documento evidencia que el 73,8% de las personas LGBTQ+ es discriminada por desconocidos en la calle y el 23,8% por funcionarios públicos. Mientras que el 38,1% denuncia que las discriminaciones que sufrieron fueron perpetradas por la institución de Carabineros. Así es como Chile no está ni cerca de ser un paraíso para las personas LGBTQ+.

Peluquera o puta

Victoria Delgado tiene 32 años, es transformista y desde los 17 años se identifica como una mujer trans. Estudió Diseño, Imagen y Estilo y se especializó en Ambientación Teatral, con la ilusión de que las artes fueran menos discriminatorias. Cuando intentó ingresar al mundo laboral, se tuvo que enfrentar a una estructura laboral hostil y segregadora. Nunca quiso estudiar peluquería porque quería derribar el estereotipo de la mujer trans peluquera, pero no le quedó de otra.

Después de la universidad, Victoria hizo capacitaciones en el extranjero para poder tener las habilidades necesarias, pero se encontró con “un mundo hostil donde no contrataban a travas”, dice refiriéndose de manera coloquial a las personas trans. Se decidió por estudiar peluquería, mientras luchaba con el estigma social hacia su comunidad. “Yo siempre pensaba: no es algo que yo pueda elegir. La sociedad me obliga a ser peluquera o puta”, cuenta.

Según Victoria, para ejercer la prostitución es necesario aparentar ser una persona no trans que cumpla con el estereotipo de belleza ideal. “Soy consciente de que yo soy cero hegemónica: tengo así una mandíbula, así que piola de concha (mujer femenina) no pasaba. Puta, ni siquiera voy a poder cobrar en la calle un monto decente como para cumplir mis expectativas”, comentó.

Apenas consiguió su primer trabajo con buen salario en una peluquería de Santiago, tuvo que sacrificar su expresión de género y enfrentarse a una jefa transfóbica. “Yo iba de Victoria, pero cuando llegaba, ella hacía cambiarme de ropa en el segundo piso, tomarme el pelo, sacarme el maquillaje, bajar y trabajar de Ignacio, que es mi nombre muerto”, dijo.

Cuando una persona trans cuenta en su ambiente laboral su identidad, se exponen a despidos y discriminaciones por parte de los supervisores y compañeros de trabajo. “Muchas pegas parten con caballería, te dicen ‘no, todo bien’: mentira. Bastaba que un cliente hiciera algo, cualquier comentario respecto a mi físico o a mi persona, y a mí me echaban con diferentes excusas”, expresó la diseñadora.

Al igual que Victoria, el 7,1% de las personas trans en Chile ha sido discriminada por un supervisor en su lugar de trabajo, y un 10,2% por compañeros. Mientras que 1 de cada 3 evita comentar en su ambiente laboral que es una persona trans por temor a ser agredidas, amenazadas, o acosadas. Así mismo, el 12, 8% de personas trans declararon que preferían no divulgar su identidad de género en sus empleo por temor a perderlo o a no poder acceder a uno, según la encuesta Identidad del año 2018, realizada por el Movilh. De esta forma, se evidencian las dificultades de la situación laboral trans.

Derecho a la identidad

El transformismo ha ayudado a Victoria a conectarse con la actuación. Para ella hacer de “Ignacio” fue siempre un rol más que tenía que interpretar. “A veces en el escenario me tocó ser Américo, o Juan Gabriel. Bueno, ahora me toca hacer de Ignacio”, afirmó. Pero a pesar de que intentara sobrellevar la transfobia con la actuación, siempre se lamentó por tener que renunciar a su identidad. “Me pinto de Madonna, con un lápiz entre medio de los dientes y después me lavo y quedé yo. Pero acá no, el personaje de Ignacio de repente duraba dos semanas, un mes, un año”, detalló la transformista.

En cualquier lugar público, las personas trans están expuestas a que se ponga en juicio cómo viven su identidad y expresión de género. Cuando una persona se identifica como trans en un espacio de trabajo, todo gira en torno a eso. Muchas veces, se prioriza la percepción de la expresión e identidad de género, más que la calidad de profesional.

“Me preguntaba, si yo no juzgo a nadie, ¿por qué a mí?, ¿por qué no están juzgando mi calidad de profesional?, sino que están juzgando una expresión que es completamente válida», explicó Victoria, “cuando tu sutilmente le cuentas a la persona lo que tu quieres ser, ahí te dice si te vas o no”.

El mantenimiento de la apariencia femenina muchas veces es un lujo. En ese entonces, Victoria estaba ahorrando para comprarse su casa propia, así que por mucho tiempo no se pudo permitir la depilación láser. “Siempre andaba cortada porque me afeitaba con la luz apagada. Me daba pena ver pelos en mi cara. Porque en mi cabeza me sentía mina total. Una Moria Casán, con mi pelo negro al viento, feliz. Una señora de tomo y lomo, vivida y experta, pero en el espejo no lo era”, relata.

Victoria prefería los trabajos sin contrato de por medio, para evitar dar explicaciones respecto a su identidad de género. “Cuando hacíamos contrato, tenía que mostrar mi cédula, y mi carnet no tenía mi nombre”, explica. Cuando comentaba que sus pronombres eran femenino “quedaba la cagá porque la gente no entiende”, cuenta la peluquera. En ese momento comenzaban las preguntas incómodas para Victoria: “que si eres operada, si eres tornillo o tuerca, todas esas cosas. Decían «pero ¿cómo? si dice una cosa, y eres otra»”, relata.

Un derecho no reconocido a nivel constitucional

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define el derecho a la identidad como “el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona”. Mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera que este derecho es “consustancial a los atributos y a la dignidad humana”. Es decir, es un derecho de las personas a autodeterminar las distintas etiquetas con las que se identifiquen y que puedan ser reconocidas y respetadas en las normativas nacionales y en todos los espacios públicos.

La activista trans, egresada de derecho de la Universidad de Chile, vicepresidenta del Partido Comunes, y diputada por el distrito 10, Emilia Schneider, explica la relevancia del derecho a la identidad. “No es sólo el respeto a tu identidad en términos formales, sino un mandato a garantizar el acceso a derechos de manera igualitaria, sin importar consideraciones arbitrarias como tu identidad o expresión de género”, detalla la activista. Para la candidata, si este derecho se garantizara a nivel constitucional como un principio para todas las políticas públicas “solucionaría varios problemas haciéndose cargo de la discriminación y la violencia”.

La experiencia de Vel Suárez

Vel Suárez es maquilladora profesional y estudiante de Arte y Gestión Cultural. Tiene 21 años y se identifica como una persona trans no binaria, es decir, no se identifica con el género femenino ni masculino. Sus primeras experiencias laborales fueron de empaque en un supermercado, luego como maquilladora en centros comerciales y de manera independiente. Sin embargo, cuenta que en los procesos de selección para postular a algún empleo se ha sentido incómoda con respecto a ser una persona trans.

Cuando en los procesos de selección revisaban su cédula de identidad, empezaba a recibir un trato diferente. “Tenía un nombre masculino, pero mi imagen era mucho más femenina”, explica. Cuando trabajó en un supermercado en Antofagasta, dijo el nombre que más le acomodaba para que se refirieran a ella, pero nunca nadie lo respetó ni tampoco sus pronombres. “Fue la razón por la que me retiré. Fue un momento muy incómodo, muy desagradable”, detalla.

Lo que más le sorprendió a Vel, fue cuando estaba postulando a un trabajo para una marca de maquillaje, una vez que había pasado todas las pruebas de selección. “Estaba lista para que me contrataran, pero cuando llega la jefa y ve mi nombre que quizá para ella no coincidía con mi imagen, me pegó la cortada súper rápido”, comenta la maquilladora. Para Vel esto fue una clara discriminación por su expresión de género. “Fue súper triste porque invalidan tus habilidades por tu identidad y expresión de género”, comenta.

Según la Fundación Iguales en su estudio “Chile no sabe”, las mayores dificultades en el ámbito laboral para las personas trans se encuentran en la etapa de ingreso: el 65% de personas trans consideran “muy difícil” encontrar trabajo. De acuerdo a la investigación, “la primera dificultad que toca enfrentar es cuando el empleador identifica que el postulante es trans a través de su presentación física”.

Mientras que la segunda se da cuando se solicita los datos de identificación personales, y se percatan de un sexo biológico registrado en la cédula de identidad distinto a la identidad social. Así mismo, 1 de cada 4 personas trans consideran que hay un ambiente transfóbico en su lugar de trabajo, siendo aceptados solo por el 41,3% de sus colegas y el 35,3% de sus directivos. Así, la situación laboral trans se complejiza más y más.

El respeto a los pronombres de las personas trans se traduce en el respeto a su identidad y a su persona. “No ser tratada por mi pronombres es un atentado contra mi derecho a la identidad”, comenta Vel, y continúa su relato: “Creo que es desesperanzador, porque da esa sensación de que realmente nunca vas a poder tener una vida tranquila”, concluye. Aunque la maquilladora estima que Chile ha avanzado más que nunca en los últimos años, cree que todavía no es suficiente. Para ella “la sociedad patriarcal y heteronormativa en la que vivimos tiene una deuda histórica con el colectivo trans”.

Leyes por pedazos

La diputada y activista trans, Emilia Schneider, cree que la dificultad que tiene la comunidad LGBTQ+ para lograr que se elaboren políticas públicas acorde a sus necesidades, se debe a “una subrepresentación tremenda en los espacios de toma de decisiones”. Por ejemplo, entre quienes participan en la redacción de la nueva constitución, sólo un 4,5% de un total de 154 representantes son personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, ni una persona trans logró llegar a ocupar el cargo. “Nuestros problemas siempre son analizados por terceros. Siempre somos sujetos de estudio o víctimas, en vez de sujetos políticos que son capaces de proponer soluciones”, explica Emilia.

De acuerdo al informe Visibilizar para Incidir, elaborado en 2017 por el sindicato Amanda Jofré, en colaboración con el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (Cedostalc), la situación actual en Chile es lamentable. “Si bien existe un discurso de inclusión desde el gobierno, no se puede apreciar un avance real y profundo que implique un cambio respecto al paradigma de postergación en que vive la población trans en Chile”, señala el documento.

El activista trans, encargado de vinculación con la comunidad LGBTQ+ de la Municipalidad de Santiago, Franco Fuica, cree en la importancia de la elaboración de políticas integrales para respetar y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+.

“Es importante que Chile gestione un dispositivo mucho más amplio de reconocimiento y reparación de las personas trans, que permita efectivamente garantizar su dignidad en el trabajo y en la vida”, explica, “no solamente necesitamos que se hagan leyes por pedazos, como se está haciendo ahora”, afirmó.

El caso de la Ley de Identidad de Género y la Ley de Antidiscriminación

Franco Fuica participó en la elaboración de la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio de nombre y sexo registral a personas trans. Para el activista, esta ley deja fuera a un grupo vulnerable de la población trans, que son las personas menores de 14 años. Sin embargo, cree que “no hubo capacidad para obtener más en ese momento”.

Franco menciona que la ley está principalmente dirigida a personas trans más jóvenes. “Le sirve a la gente de 18 hasta alrededor de los 35 años, que pueden tener una opción laboral mejor al cambiar su nombre”, aclara. El activista plantea que aquellas personas que superen este rango de edad, ya están demasiado afectadas por la marginación social para que el cambio afecte de forma positiva en su trayectoria laboral.

Con respecto a la salud de las personas trans, Fuica considera que el mayor problema radica en la falta de funcionarios capacitados en temas de género. Existe la Circular 21, que es un instructivo de atención de personas trans en la red asistencial de salud, donde se indica que toda interacción verbal debe ser respetando el nombre social de las personas trans.

Sin embargo, Franco indica que “es muy complejo trabajar en mejorar el acceso a la salud cuando los funcionarios que deben garantizar esto, no conocen esta normativa”. Para el asesor jurídico, hablar de salud trans no es solo cuestión de recursos para atender a personas trans, sino también para capacitar a los funcionarios.

Así mismo, Franco explica que la Ley Antidiscriminación “sólo sirve para asustar a alguien y decirle: te voy a denunciar por la Ley Zamudio”. Señala que esta es insuficiente porque si una persona trans quiere hacer uso de esta Ley, debe presentar pruebas de que fue discriminada. Mientras que el Código Laboral funciona al revés. Si un trabajador denuncia una discriminación, es el empleador quien debe defenderse. “La persona discriminada hace la denuncia, gana el caso y el empleador le sale más barato pagarle y que desaparezca, que dejar de discriminar”, explica Franco. “Todo ese gran colchón legislativo, en la práctica no funciona“, comenta.

Reparar para incluir

En junio de 2021, la ex diputada por el distrito 10,  Natalia Castillo, presentó un proyecto de Ley para establecer un cupo laboral para personas trans del 1% en las instituciones públicas, que en la actualidad se encuentra en tramitación. El proyecto se inspiró en la ley de países vecinos, como Argentina y Uruguay. Como agentes de consulta participaron el Sindicato Amanda Jofré, Fundación Iguales y asesores legislativos de OTD, quienes sugirieron varios cambios al proyecto original.

Para Franco Fuica, la diputada Natalia Castillo, junto a Iguales, presentaron el proyecto “viendo la situación que estaba legislando Argentina, pero no lo hicieron pensando lo mismo que nosotros”. Franco plantea que OTD no fue quien levantó la iniciativa, y asegura que revisaron minuciosamente el documento. “Hicimos muchas recomendaciones, pero no se incorporaron todas”, comenta. Para OTD, Chile necesita “un gran dispositivo que solucione las vidas de las personas trans y no trocitos por todas partes”, lo que se podría lograr con una Ley Integral Trans.

Para Emilia Schneider, el Cupo Laboral Trans supone otro problema que hay que enfrentar para que este proyecto sea efectivo. “Creo que el problema de fondo es político, no solo orgánico”, asegura. Para Emilia, es necesario asegurar la educación y formación de personas trans para que puedan hacer uso de los cupos laborales. “Por ejemplo, si pusieran un cupo trans en la Corte Suprema. ¿Cuántas abogadas, abogados o abogades trans hay hoy día en Chile? Pocos”, explica.

En ese sentido, Franco sugiere un mayor rol participativo por parte del ejecutivo para abordar las problemáticas laborales de la comunidad trans de manera efectiva. “Es necesaria la creación de un dispositivo mayor y que sobre todo el ejecutivo incorpore recursos a procesos de capacitación y también al proceso de incentivo”, comenta. Sin embargo, cree que el proyecto para establecer un Cupo Laboral Trans, “se presentó bastante limitado porque lo presentó una diputada y no el ejecutivo, que tiene más prerrogativas para presentar un proyecto de ley”. Además, menciona que al Gobierno de Sebastían Piñera no le interesó que avanzara el proyecto, sino que solo aceleró el matrimonio igualitario, pero no el resto de la agenda LGBT+.

Si el Poder Ejecutivo hubiera presentado esta ley, tendría un impacto más significativo. Entre las recomendaciones realizadas por OTD respecto al proyecto de Ley Cupo Laboral Trans, estaba el incentivo económico a empresas privadas, que no se consideró para el documento final. Franco propone que las empresas se sientan atraídas a gastar menos. “Si una persona trans le cuesta un 50% menos por 6 meses, después de eso, se sabrá que la persona efectivamente puede trabajar bien o durante ese tiempo se le educó, para que después la sigan contratando”, explica.

Para el coordinador jurídico de OTD, una Ley Integral Trans apta para todas las personas trans vendría a resolver todas estas “leyes a pedazos”. Una de las cosas en las que Organizando Trans Diversidades está trabajando es en acciones pre-legislativas para la elaboración de esta ley. “Es necesario que pueda incorporar no solamente los temas de salud y de las infancias que quedaron fuera, sino también reparación. Y dentro de eso que también esté un área de trabajo, probablemente el mismo proyecto de Ley Cupo Laboral, pero mucho más amplio y garantizado”, explica Franco.

Según el activista, es importante que el Estado chileno procure generar políticas de reparación para la comunidad LGBTQ+, y para las personas trans en particular. Para Franco, la discriminación es un fenómeno social que ocurre por la falta de regulación del Estado y cree que es necesario solucionar esta deuda histórica con la comunidad trans.

“El Estado, como cómplice, debe reparar. Necesitamos que el gobierno que sea asuma que históricamente se han equivocado, porque las personas trans siempre han existido y siempre las han excluido sistemáticamente, como ha ocurrido, por ejemplo, con los pueblos indígenas”, explica el activista.  Para él, el Estado de Chile “debe generar acciones afirmativas que permitan a esos grupos humanos intentar de alguna forma equilibrarse socialmente”, afirma el activista.

Estas acciones se pueden presentar como leyes, como la Ley Integral Trans, o beneficios, como becas educacionales. Y deben estar orientadas para equiparar a las personas trans con el resto de la población, para que en un futuro “la sociedad haya cambiado tanto que todos los problemas que la ley intente reparar, ya se hayan solucionado, y que la población trans esté en una situación de tal normalidad que ya no requiera ese tipo de apoyo”, explica Franco.

A la espera de una mejor situación laboral trans

Activistas y organizaciones se articulan para incidir en la Convención Constitucional, con el fin de que se garantice una base para que las personas de la comunidad LGBT+ tengan acceso a una vida digna. El 24 de marzo, con 26 votos a favor, se aprobó el Derecho a la Identidad en la Comisión de Derechos Fundamentales, pero está a la espera de lograr los 103 votos para ser aprobada en el pleno de la Convención.

Se aprobó hace unos instantes en la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención las indicaciones que reconocen el derecho a la identidad en la nueva constitución. Un gran avance y que esperemos pueda mantenerse en el pleno.
Avancemos hacia el pleno reconocimiento.

— Constanza Valdés Contreras (@conivaldesc) March 24, 2022

Por su parte, Emilia Schneider, María Francisca Bello, Marcela Riquelme Aliaga y Camila Musante, la llamada Bancada Disidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, se reunieron el pasado 22 de marzo con el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, para establecer objetivos comunes. Un encuentro para “trabajar en conjunto iniciativas legislativas que garanticen igualdad de derechos a disidencias sexuales y de género”, como declaró la Segpres.

Así es como las demandas de la comunidad LGBTQ+ comienzan a ser atendidas por quienes se proyectan como una reformulación de la política chilena, aunque el camino hacia una sociedad inclusiva para las disidencias sexuales y de género sigue siendo largo.