Coordinador Nacional de Ciberseguridad: «Los más expuestos son los NNA, adultos mayores y las diversidades sexuales»

Escrito por el junio 29, 2023

Hace un mes, el Ministerio del Interior lanzó la segunda versión de la Política Nacional de Ciberseguridad. El balance de su primer periodo, que realiza su encargado nacional, Daniel Álvarez, es insatisfactorio, pues considera que no se cumplió una de las principales metas del plan, la alfabetización digital en la población de mayor riesgo. “La nueva política, a diferencia de la anterior, tiene un enfoque fuerte en esos tres públicos. Todas las medidas deben considerarlas como variable transversal”, dice. 

Por Isidora Escobar 

La importancia de la ciberseguridad en los gobiernos occidentales es de profunda relevancia porque resguarda la mayoría de los sistemas de infraestructura crítica, tales como los datos personales que maneja el Estado o el sistema bancario, e incluso la distribución de energía. 

Hasta el 2023, el principal organismo de resguardo de sistemas informáticos es la División de Redes y Seguridad Informática del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Aún más específico, el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad InformáticaCSIRT, por sus siglas en inglés– se encarga de apoyar y fortalecer la acción tecnológica gubernamental.

Coordinador Nacional adelanta los principales ejes de la nueva Política  Nacional de Ciberseguridad | Diario Financiero

Sin embargo, son varias las instituciones que se involucran en el marco regulatorio. Además, el desarrollo de tecnologías es más rápido que el legislativo, por lo tanto hay una alta probabilidad de que las leyes queden obsoletas. Estas fueron las razones por las que Michelle Bachelet inició la primera Política Nacional de Ciberseguridad (PNCS 2017-2022), que buscaba fortalecer la infraestructura de la información, el resguardo de los derechos de las personas en el ciberespacio y el desarrollo de una cultura en torno a la educación digital. 

Su segunda versión se anunció a finales de mayo pasado y será lanzada en octubre, en el mes de la ciberseguridad. Se escogió como coordinador nacional al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Daniel Álvarez, quién detalló la situación del Plan Nacional a Radio JGM.

– Al buscar información gubernamental sobre ciberseguridad se encuentra el CSIRT, que entrega datos relevantes, pero se comunica de manera técnica y engorrosa ¿Se instalará un plan comunicacional que sea más amable con la mayoría de la población? 

El CSIRT le habla a dos audiencias distintas. Tiene un portal técnico donde comparte la información técnica que para los equipos es relevante conocer para que puedan gestionar de manera adecuada sus incidentes. Pero además hace campañas, y si miras sus redes sociales, están comunicando de manera más genérica, dando alerta de casos de phishing y cosas así. El grueso de esa función va a recaer en la Política Nacional de Ciberseguridad.

– La Ley Marco de Ciberseguridad tiene apoyo casi transversal en las cámaras legisladoras, pero fue ingresada hace un año ¿por qué ha tardado tanto en ser tramitada?

El proceso legislativo nunca es rápido, menos el proceso de creación de institucionalidad, o regular un área que está desregulada. Es un elemento que es transversal a la sociedad, por lo tanto, va a ser una ley que va a regular al sector público y privado, a las personas. Además establece la creación de una agencia. Tiene además una dificultad técnica, pues cuando hablo de ciberseguridad, no necesariamente todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Podría sacar esta política en un mes forzando esta maquinaria, pero no tiene sentido porque necesitamos que sea un acuerdo real y duradero en el tiempo. Necesitamos que la sociedad esté de acuerdo con lo que allí se expresa. 

– ¿En cuánto tiempo cree que estará lista para ser publicada?

Nosotros creemos que en este año, en octubre.

– Si volvemos a la PNCS estamos en una segunda edición ¿Cuál es el balance que realiza de la primera, que se desarrolló durante el mando de Michelle Bachelet II y Piñera II?

Tenemos una evaluación técnica respecto al cumplimiento de las medidas y los datos dan cuenta de que al menos un poco más del 60% de las medidas se cumplieron y queda un 40% restante. Yo diría que algunas se cumplieron parcialmente y otras que no se cumplieron.

– ¿Cuáles no se cumplieron?

No me acuerdo en este minuto, pero las de proceso de denuncia de ciberdelito, a incorporar esto en el Sistema Nacional de Emergencias, además de los temas de concientización y educación. 

– ¿Qué lecciones se sacaron en el periodo 2016-2022?

Creo que una de las lecciones que sacamos de ese proceso es si Chile de verdad quiere avanzar, es necesario el proyecto de ley. Tener una Agencia Nacional de Ciberseguridad que se haga cargo de seguimiento de las medidas. Porque hoy en el Estado, salvo esta capacidad del Ministerio del Interior, de la creación de una coordinación nacional de Ciberseguridad, el CSIRT de gobierno, más otras capacidades que existan entre el sector de la defensa y el sector financiero, no hay un órgano rector de la ciberseguridad. Con esto, la política pública se hace mucho más lenta y difícil su implementación.

Resguardo de derechos digitales

Álvarez dice que la ciberseguridad tiene tres audiencias. Los más expuestos son los NNA, adultos mayores y las diversidades sexuales. En el fondo, los riesgos de ciberseguridad son más agudos y críticos en algunos de esta población. “La nueva política, a diferencia de la anterior, tiene un enfoque fuerte en esos tres ámbitos. Todas las medidas que están en la política, cuando se deban implementar, deben considerarlas como variable transversal”, dice. 

– La Primera Consulta Pública sobre Ciberseguridad para elaborar la PNCS reflejó que el tema con menor relevancia es el enfoque de género y paridad ¿Usted va a replicar esta priorización? 

Probablemente no, no está decidido todavía. Una de las cosas que ha destacado tanto la primera política, como la segunda y la discusión de la Ley Marco es que se han utilizado múltiples mecanismos para incluir a la población civil. Realizamos dos consultas públicas, y audiencias públicas. Eso da cuenta de que los procesos de elaboración de política que son más participativos usualmente tiene mejor resultado y cohesión social. Para nosotros el tema de la participación es clave. 

– Considerando un segundo proceso de creación de una propuesta constitucional ¿Qué elemento relativo a la ciberseguridad debería tener ese nivel de resguardo?

Los derechos digitales en los dos procesos tomó un espacio relevante. El borrador que la ciudadanía rechazó hace un tiempo tenía un conjunto de los denominados derechos digitales. Ahora, en la propuesta que realizaron los expertos también está un conjunto de ellos, y se enfocan en tratar de traducir la protección constitucional de los derechos clásicos en una forma de expresión en el mundo digital. En el fondo, que las reglas estén redactadas y se entienda que no se debe restringir la libertad de expresión en internet. 

– ¿Cuál es su diagnóstico sobre la cultura y educación en materia de ciberseguridad en Chile?

Chile es un país que se define de nivel medio en materia de ciberseguridad. Ha logrado avanzar en el marco regulatorio, en el desarrollo de la institucionalidad, y mejores prácticas. Pero uno de los aspectos en los que estamos al debe es la educación. En los últimos cuatro años se ha avanzado en la educación de nivel superior, pero no tenemos nada todavía en educación media ni en educación general básica. Esto forma parte de los planes de la actualización de las mallas curriculares que está llevando a cabo el ministerio de Educación, y en campañas de concienciación. 

– La primera versión incluyó la pandemia, y su respectivo aumento en la exposición a pantallas en casi a un 200%, en especial los estudiantes que asistían a clases ¿cómo califica la política implementada durante ese periodo?

La política nunca estuvo pensada para un periodo de crisis, y eso es interesante de constatar. En la transición a la educación remota hubo una serie de dificultades como el tema de la cobertura, la calidad, que se fueron resolviendo una buena parte de ella a medida que fuimos avanzando. Crecimos muchísimo en la cantidad de personas conectadas, pero no crecimos muchísimo, por ejemplo, en incidentes. 

– ¿La implementación de alfabetización digital en la educación básica y media competiría con otras materias básicas como lenguaje y matemáticas, que tienen una baja histórica en conocimiento, que se reflejó en la prueba Simce?

Es que no compiten, tiene que ser complementario. La malla es bastante diversa y en general el desarrollo de habilidades digitales como transversal se involucra en el contenido mismo de los ramos troncales, y fuertemente en los ramos de tecnología.

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