Organizaciones denuncian que proyecto de ley de migración garantiza menos derechos humanos que en dictadura

De aprobarse el proyecto, el país contará con una ley de migraciones que institucionalizará la irregularidad migratoria y promoverá la precarización laboral.

Foto de archivo

Después que el Senado despachara el proyecto de Ley de Migración y Extranjería a fines de septiembre con importantes modificaciones respecto al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el 16 de enero de 2019, organizaciones migrantes y de derechos humanos denunciaron que el proyecto de ley de migraciones viene configurando un escenario más adverso a los derechos humanos de migrantes que en el propio contexto de dictadura.

Si bien el proyecto ha pasado a Comisión Mixta el jueves pasado para incorporarse cambios, los temas más relevantes no podrán mejorarse.

«Garantiza menos derechos humanos que en dictadura»

Una serie de agrupaciones señalaron que de no mediar cambios en el proyecto, el país contará con una ley de migraciones que institucionalizará la irregularidad y mecanismos de acceso precarizado al mercado de trabajo para las personas migrantes. Además, implicará la renuncia a una política con enfoque de derechos y supondrá el reforzamiento de las condiciones que mantienen el racismo y la desigualdad actual.

De acuerdo a lo expresado por las organizaciones migrantes y pro migrantes, una Ley de Migraciones debe considerar el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos para las personas migrantes y sus familias, el principio de no discriminación, la garantía de regularidad, la seguridad, la igualdad de condiciones para el acceso al trabajo, y el reconocimiento incondicionado de los derechos sociales, civiles y culturales.

Según las organizaciones, el proyecto de ley no cuenta con mecanismos de regularización ordinario ni extraordinario para toda la población en situación de irregularidad migratoria; prohíbe el cambio de categoría migratoria en el territorio nacional.

Además, no incorpora el Acuerdo de Residencia Mercosur; establece una moratoria de dos años de residencia para acceder a derechos sociales con cargo fiscal; vulnera el principio al debido proceso, en relación a los procedimientos de expulsión de adultos y de retorno asistido de niños, niñas y adolescentes no acompañados; establece un plazo de detención de personas migrantes sin control judicial de 48 horas, entre otras faltas de garantías mínimas para la población migrante.

Abordaje punitivo

A su vez, las organizaciones criticaron el rol que ha tenido el ejecutivo en sostener un abordaje punitivo, castigador de las y los migrantes con medidas implementadas desde el año 2018 y que, desde los propios datos que el Gobierno ha difundido oficialmente, han traído a la par un incremento no visto previamente de ingresos de migrantes por pasos no habilitados, aumento de casos de trata y tráfico de migrantes y, desde lo que observan como sociedad civil, un sostenido proceso de irregularidad estructural.

Cerca de 30 organizaciones han llamado a rechazar estas acciones del Gobierno en contra de los derechos las personas migrantes. Entre ellas están el Corporación Colectivo Sin Fronteras, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, el Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8M, el Observatorio de Violencia Institucional en Chile, la Brigada Migrante Feminista, entre otras.