Ley de Migraciones: Un mal proyecto, que no llegó a ser una buena ley

Muy pocos son los avances en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes en la Ley de Migraciones recientemente aprobada; son tan pocos que no logran esconder las diversas y alarmantes disposiciones contrarias incluso a la Constitución actual y a obligaciones internacionales de derechos humanos que comprometen al país.  Decididamente los derechos humanos son para los sectores poderosos una piedra en el zapato, que nos los identifica, salvo alguna mención utilitarista en discursos públicos para evitar ser criticados, por su no reconocimiento o por su negacionismo.

Por Red de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes

Denunciamos los importantes retrocesos que presenta esta ley, que tristemente será la primera, de las más recientes leyes de migraciones, en democracia, de América del Sur, que presenta un enfoque regresivo en derechos, con una excesiva discrecionalidad permitida a la autoridad administrativa para la restricción de derechos fundamentales, llegando incluso a infringir la Constitución vigente que no brilla por ser muy garantista de derechos.

No somos sólo nosotros desde la RED DE ORGANIZACIONES MIGRANTES Y PRO MIGRANTES quienes hacemos esta valoración crítica de esta ley, instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, como el INDH, la Defensoría de la Niñez, varios expertos en política migratoria y las diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las más importantes organizaciones de migrantes han señalado claramente el retroceso que representa y el perjuicio que le hará a los derechos de las personas en movilidad humana y al país en su conjunto.

La preocupación no es sólo nacional sobre diferentes aspectos de la ley están preocupadas muy importantes organizaciones de Naciones Unidas, como el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ACNUDH y UNICEF. Igualmente, más de una centena de organizaciones internacionales vinculadas a la migración, ante un llamado de CELS de Argentina han expresado su preocupación por los contenidos de la Ley de migraciones de Chile.

Alertamos que esta ley -conforme a la experiencia internacional- va a generar mucha inmigración irregularizada sistemáticamente con las consecuencias negativas que ello comporta para las personas migrantes y el país. El análisis de las políticas actuales del gobierno -que van en el mismo sentido- lo demuestran ya, desde este momento.

Denunciamos y consideramos muy grave que   los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados producto de la deficiente regulación del procedimiento de retorno asistido y la denegación de ingreso en frontera, según lo que ha observado la Defensoría de la Niñez, Unicef, y diversas organizaciones de migrantes que se ocupan de ese tema y de la sociedad civil.

Rechazamos enérgicamente las restricciones para el ejercicio de derechos sociales, en el momento más crítico y frágil del proceso migratorio (los primeros años de vida en el país) de personas en movilidad humana.   Consideramos esto como una muestra de racismo, de xenofobia, de un supremacismo nacionalista que no dialoga con los tiempos que vivimos en un mundo globalizado.

Todas estas medidas son discriminatorias y un importante retroceso respecto de lo alcanzado en esta materia en los   gobiernos anteriores, particularmente en el ámbito de las prestaciones de seguridad social y vivienda.

Denunciamos la falacia del gobierno de Piñera en política migratoria que dice busca garantizar una migración ordenada, segura y regular, sin contemplar alternativas efectivas para la regularización de las personas migrantes en el territorio nacional y estableciendo mayores restricciones basadas en prejuicios, racistas y xenófobos.

Denunciamos la utilización engañosa de conceptos como migración segura ordenada y regular que son usurpados del Pacto Global sobre Migraciones, que Chile no firmó, para hacer exactamente lo contrario. La ley migratoria dista mucho de los estándares que el Pacto promueve y al respecto, nadie debiera confundirse.

Con mucha preocupación denunciamos que esta ley migratoria hará de Chile una fábrica de irregularidad sistémica que lo perjudicará, se incrementará el tráfico de personas y la explotación laboral perjudicando a los derechos de los migrantes, a la sociedad en su conjunto y beneficiando solamente al empresario inescrupuloso, al irresponsable arrendador de piezas precarias en inmuebles y que se cobran precios enormes por una mala calidad de habitabilidad.

Por las y los caídos (nacidos o no en esta tierra) junto al pueblo en la revuelta por una vida buena para todes. Por quienes luchan por una nueva constitución hecha por el pueblo, por quienes generosamente entregaron y entregan sus esfuerzos en todos los rincones de Chile por la dignidad, vida, la justicia debemos alertar que siguen aniquilando los derechos humanos, esta vez, de un grupo humano que es parte del pueblo, aunque no haya nacido aquí.

Quienes siembran odio contra los trabajadores migrantes, entre nuestros hermanos deben tener cuidado, porque la gente no es ignorante y sabe que no somos nosotros quienes les privamos de pensiones dignas, de salud oportuna para todes, de educación de calidad, de trabajo decente, saben que los responsables son los mismos que nos odian a todes,  e intentan dividirnos. La gente se dio cuenta quienes les niegan el futuro que no son los migrantes.

Reconocemos a muchas manos solidarias, que trabajan a puro pulmón, voluntariamente desde sus capacidades y generosidades, por los derechos para las comunidades migrantes y que agotaron todas las instancias jurídicas, políticas, comunicacionales y lo seguirán haciendo por darle a Chile una ley de migraciones como se merece en este siglo XXI.   Lo resaltamos, no es tarea fácil bregar por un enfoque de derechos, sabiendo las limitaciones que imponen la Constitución actual, la institucionalidad y el presidencialismo, que tantas fronteras levanta contra las necesarias garantías de derechos de las personas del pueblo.

La superación de estas dificultades que nos condicionan como sociedad es aun tarea a ser compartida.

Nos enfrentamos a las dificultades y vamos al fondo,  si agotamos todas las instancias formales, no es por validar la constitución pinochetista que está agotada: lo hacemos en una coyuntura compleja sin oportunismos, orientados por la necesidad de la defensa de los derechos de las personas (migrantes en este caso),  que existen desde antes de la imposición de la Constitución del 80 y que seguirán existiendo cuando más temprano que tarde, ésta sea reemplazada por la nueva  Constitución que debiera incluirlos,  reconociéndolos y garantizándolos para toda la población.

¡SIN DERECHOS NO!

MIGRAR ES UN DERECHO

SOMOS PUEBLO EN EL PUEBLO 

MIGRANTES DELIBERANTES

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE