La necesaria reestructuración del INDH para afrontar la violencia estatal

Luego de la publicación del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), diferentes voces han cuestionado la idoneidad del organismo frente a las políticas represivas del Gobierno de Sebastián Piñera, además del nulo reconocimiento de la prisión política tras la revuelta.

Hace menos de una semana, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país. Sin embargo, se ha llevado una serie de críticas por diferentes omisiones realizadas en contexto de la revuelta popular.

Entre los principales cuestionamientos por parte de especialistas y defensores(as) de derechos humanos, se encuentran que por segundo año consecutivo el INDH ha entregado informes parciales o temáticos, como el de este año referido únicamente a los efectos causados por la pandemia, lo que constituye un grave incumplimiento a sus obligaciones.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, señaló que, lamentablemente, el INDH no está cumpliendo con su labor en un escenario de graves y sistemáticas violaciones a los DD.HH.

«Más que cumplir con su mandato legal de instar por la protección y respeto de los derechos humanos a los poderes del Estado, más bien tiene un rol de mediador entre el Gobierno y la sociedad civil«.

«Esto, en circunstancias en que lo que debe hacer el INDH, según su propio estatuto, es justamente interpelar al Gobierno y recomendar en conjunto medidas para efectos de que enmiende su conducta violatoria de derechos humanos. Esto a nuestro entender no se está haciendo por parte del Instituto, incumpliendo el mandato legal para lo que fue creado«.

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Una necesaria reestructuración

Sumado a las críticas por el informe emitido el 10 de diciembre, diferentes voces han pedido la renuncia de Sergio Micco y el Consejo Directivo, además de una reestructuración del organismo con tal de que su funcionamiento sea acorde a las necesidades del pueblo frente a la violencia estatal.

En mayo de este año, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH (AFFINDH) solicitó la renuncia íntegra del Consejo, junto con criticar el método de composición de esta instancia. La mirada también se ha puesto en la cuestionable autonomía del Instituto.

La integrante de Londres 38, Erika Hennings, subrayó la importancia de diseñar un órgano autónomo y que entregue confianza a la ciudadanía a través de una participación real de la sociedad civil. 

«Los y las representantes de la sociedad civil no tienen tampoco el vínculo consultivo e informativo con las organizaciones de la sociedad civil que representan. No tenemos una estructura que responda a los tiempos actuales, a los desafíos actuales que nos presentan los derechos humanos y sobre todo, sus violaciones, en el país».

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En tanto, el académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, apuntó a que “si bien se han hecho esfuerzos para poder responder a la crisis, claramente han sido insuficientes. Este es un problema de la estructura del propio INDH, que no estaba creado para esta magnitud de crisis. Chile no tiene una Defensoría del Pueblo propiamente tal, que era lo que en este contexto se necesitaba”.

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Para Carlos Margotta, una posible solución a la reestructuración del Instituto se encuentra en el próximo proceso constituyente -que continuará con la Convención Constitucional,- en donde se podrían establecer las bases institucionales para una defensa y protección de los derechos humanos en el país.

«La mayoría del Consejo son representantes de dos poderes del Estado. Es decir, de once integrantes, seis son representantes del Gobierno y el Congreso. Dos de ellos de la presidencia, dos de la Cámara de Diputados y dos del Senado. Estos últimos cuatro de forma binominal«. 

«Eso hay que terminarlo. Hay que establecer una forma de integración y una composición distinta en donde sea la sociedad civil la que verifique y monitoree el respeto y debida protección de los derechos humanos a lo que está obligado el Estado en función de la suscripción y ratificación de los distintos tratados internacionales de derechos humanos».

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Presas y presos políticos de la revuelta

Otra de las grandes omisiones del informe anual del INDH tiene relación con la situación de las y los presos políticos de la revuelta popular. En las últimas semanas se ha planteado la posibilidad de un indulto, mientras que Sebastián Piñera anunció que vetará cualquier posibilidad de proyecto relacionado a esto.

Nada de esto fue mencionado en el informe, teniendo en cuenta lo declarado por organizaciones de familiares de presos y presas, quienes han denunciado que a más de un año del 18 de octubre, mantienen con prisión preventiva a jóvenes sin ninguna prueba.

Un integrante de la Coordinadora 18 de Octubre indicó que el INDH no ha dado el ancho en medio de esta crisis y no han reconocido la existencia de la prisión política en este último año, pero tampoco esperan que esto ocurra.

«Realmente es esperable. Es parte del Estado. No hay ningún poder del Estado que haya reconocido plenamente la prisión política y la naturaleza y origen de éste. Es decir, incluso quienes han dicho que hay presos políticos, no se han atrevido a reconocer el origen de la prisión política, que es la represión que ejerce el Estado con el fin de defender intereses dominantes. No han dado el ancho, no se han acercado, y no esperamos más que eso«.

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Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, manifestó que Sergio Micco ha sido indiferente a la situación de las y los presos de la revuelta, y que pese a que el INDH cuenta con funcionarios y personas muy capacitadas, la conducción de Micco no ha dado el ancho.

Además, Alicia Lira se refirió a los familiares de quienes murieron en las movilizaciones a manos de agentes del Estado, recordando que “aún están organizados y no han recibido ningún apoyo o preocupación por más de 42 asesinatos en la revuelta, por lo que para nosotros como familiares víctimas de la dictadura fue atroz ver nuevamente a los militares en la calle, que se repitieran los crímenes como en dictadura”

“En ese sentido, cuando hablamos de reformular el INDH, creemos que hay que ver primero por los estatutos o sino ver la forma o instancia porque aquí se necesita un referente que promueva, proteja y denuncie ante organismos internacionales los atropellos reiterados se han llevado adelante».

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En este contexto, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile realizó un panel virtual con diferentes especialistas en derechos humanos analizando el panorama del país tras la revuelta popular, en donde se criticó el discurso negacionista del Gobierno de Sebastián Piñera y la criminalización constante a la protesta.