Escuchar, proyectar, redactar: ¿Qué se piensa para la educación en la nueva Constitución?

Escrito por el abril 1, 2021

En medio del proceso constituyente, secundarios, académicos y profesores se encuentran trabajando para crear nuevas normativas en torno a la educación pública. Mirar hacia el extranjero, manifestarse y presentar candidaturas constituyentes de miembros del Colegio de Profesores son algunas de las estrategias que amplios sectores han ejecutado para lograr una educación inspirada en la Escuela Nacional Unificada.

Por Paula Reyes Pereira y Francisco Gutiérrez Saavedra

Es innegable que el modelo educativo chileno es visto como un bien de consumo, donde el poder adquisitivo de cada grupo familiar abre o cierra las puertas para obtener una formación de calidad. La evidencia más grande se encuentra en los resultados desiguales que obtienen los colegios en pruebas estandarizadas como la PSU y el Simce, donde los establecimientos privados lideran por sobre las instituciones públicas, generando un apartheid educativo.

Según datos del Demre, organismo encargado de la construcción y desarrollo de la prueba, en 2018 el 73% de los puntajes nacionales eran de alumnos provenientes de establecimientos privados, mientras que el 11% eran de liceos municipales. Además, sólo el 30% de los estudiantes de colegios municipales que dio la PSU fue seleccionado en la carrera universitaria a la que postularon.

Es por esto que, pese a las cifras entregadas por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que en 2016 posicionaba a Chile como líder latinoamericano en materias educativas, uno de los ejes centrales al hablar de una nueva Constitución gira en torno a la forma en que se piensa la educación en nuestro país.

Iván Páez, miembro del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, ejemplifica esta brecha: “Algunos municipios tienen per cápita 11 mil dólares, y otros apenas tendrán dos mil. Esto significa mejores bibliotecas, gimnasios, profesores con posgrado, enseñanza bilingüe, etcétera. Lo que se entendería es que esa educación pública y de calidad debería estar en todo el territorio”, sostiene.

Por otro lado, en su última Asamblea Nacional, el Colegio de Profesores reafirmó su presencia en la primera línea constituyente para redactar las normativas que encaminen hacia la educación que Chile necesita: “Ese desafío lo estamos enfrentando con candidatos que estarán presentes en la papeleta de abril próximo”, aseguró Carlos Díaz, actual presidente del gremio.

De este modo, han impulsado candidaturas de profesores en listas independientes, como es el caso de Mario Aguilar, expresidente del Magisterio que actualmente se postula por el Distrito 8. Además, en enero pasado desarrollaron la Escuela de Verano Constituyente, cuyo fin es construir un mandato colectivo del profesorado a sus representantes en la Convención Constitucional.

Normativa actual

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo humano en las distintas etapas de la vida. Esa es una de las premisas establecidas en el artículo 9 de la Constitución. Sin embargo, el Estado no establece una formación igualitaria, sino que apenas consagra “otorgar protección al ejercicio de este derecho”. Esto se traduce en que el desarrollo está determinado por los apoderados y el lugar que escojan para formar a sus pupilos.

Del mismo modo, la Constitución establece que “la educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población”. En este punto, pese a que pretende una escolarización importante, se vuelve a ignorar una arista fundamental: que en aquella educación se garantice calidad.

Según los resultados de las pruebas PISA 2012, el 52% de los estudiantes chilenos son «analfabetos funcionales», puesto que obtienen un rendimiento “muy bajo” en las evaluaciones. A la vez, sólo 1,4% de los jóvenes chilenos se desempeña de forma “sobresaliente”, lo que contrasta con el 13% de alumnos que llegan a este nivel en otros países de la OCDE.

Para Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2013, el descenso de la matrícula en educación pública se debe a los problemas de calidad. “Los padres sacaron a sus hijos e hijas y los pusieron en colegios particulares subvencionados más cercanos a ellos. Eso va debilitando la educación pública”, asegura.

Según datos del Mineduc, en 2018 la matrícula total era de 3 millones 558 mil 394 escolares, de la que apenas el 35,8% se educaba en establecimientos públicos. Este porcentaje contrasta con el promedio de 86% de los países de la OCDE.

Otra de las aristas problemáticas es el sistema de voucher, una estructura de financiamiento por alumnos sentados en clase que, para expertos como Páez y Ávalos, atenta contra mantener a los alumnos y a los buenos profesores. “No podemos permitir en la nueva Constitución que un visitante quite financiamiento a una escuela porque hay menos niños presentes que los estipulados”, sostiene la Premio Nacional.

La misión para acabar con la lógica de mercado en la educación puede que no resulte fácil, pero tampoco imposible. Una forma de guiarse en la redacción de nuevas normativas es observar el panorama internacional. Como todos los países tienen pasares económicos, políticos y sociales diferenciados, resulta menester generar una analogía con una nación que comparta características con la chilena.

Iván Páez admira el avance de Bolivia en materias educacionales, enfatizando en el carácter de república plurinacional que el país sostiene. “Eso, en términos educativos, influye mucho”, afirma.

La educación en Bolivia se encuentra regulada en la Ley 070, que establece su reconocimiento como un derecho fundamental. De esta forma, asegura que “toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”.

El sistema educativo boliviano comprende la educación regular, encargada de la formación integral del estudiante dentro de la educación inicial escolarizada y no escolarizada. Del mismo modo, la educación primaria y secundaria pretenden potenciar las capacidades de los estudiantes incorporando la formación histórica, cívica, comunitaria, humanística y técnica.

Pese a lo seductora que parece esta estructura, exportar modelos no es la solución. “Bolivia es Bolivia y Chile es Chile. Son condiciones distintas. Diversidad cultural distinta”, sostiene Páez. Una diversidad con la que resulta necesario trabajar en el currículum educativo. “Si los niños no saben distinguir un quillay, no es culpa de ellos; es porque no está en el currículum. Si le colocas un pino, todos van a saber qué es; el árbol del viejito pascuero. Pero nuestro árbol pocos lo conocen. Esas son las singularidades culturales que se deben ajustar. Los profesores deben tener este tipo de herramientas, pero para eso el currículum y la política tiene que ser distintas”, sentencia.

El experto en educación opina que Chile debe construir su propio modelo: “se acostumbra a que viene la academia o los expertos que señalan directrices. Falta mucho en términos de desarrollo propio”, afirma.

Una arista fundamental para aquello es volver a prestigiar la docencia desde los ámbitos más diversos. Cabe mencionar que en 2013 la OCDE estableció que los profesores chilenos recibían un sueldo anual cercano a los 29 mil dólares, cifra bastante inferior a los 43 mil dólares que promedia la organización.

Para este fin, Iván Páez sentencia que “un paso importante es que los profesores se empoderen y lleven a cabo el diseño y ejecución de políticas públicas”. Desde su perspectiva, “es importante devolver el valor al saber docente”, asegura.

Para ello, hacer uso de la memoria es importante. En los ochenta, ocurrieron despidos masivos a profesores, lo que desembocó en la renombrada Deuda Histórica. Hasta hoy, el Estado desconoce el reajuste salarial que deberían haber recibido los profesores por el Decreto Ley 3551, que estableció un alza de hasta un 90% del sueldo base para todos los funcionarios públicos.

De la misma forma, para Marcos Fauré, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), es el Estado quien debería garantizar y promover la participación de la comunidad educativa dentro de la toma de decisiones. “Nadie sabe mejor que los profesores, estudiantes y apoderados cuáles son las problemáticas de su territorio y cómo resolverlas”, afirma.

Estudiantes secundarios, actores primarios

Los estudiantes secundarios han sido luchadores activos en la búsqueda de un cambio sustancial en el modelo educativo chileno. Son recordadas las manifestaciones realizadas en el marco de la Revolución Pingüina de 2006, en donde fueron protagonistas.

Una de las jugadas de este segmento educativo son las evasiones masivas que iniciaron el estallido social y darían paso a la idea de redactar una nueva Constitución. El salto del torniquete dio comienzo a la utopía del nuevo Chile.

La ACES ha sido una de las organizaciones más activas en la materia. Sin embargo, ve limitadas sus posibilidades de participación dentro del proceso constituyente, puesto que, al estar integrada por menores de edad, no poseen derecho a voto ni pudieron proponer candidatos directamente.

Para Marcos Fauré, existen otras formas de hacer política, puesto que la participación ciudadana va más allá del voto: “Hemos aprendido que la única forma que nos queda es la lucha callejera. Ese es el método que vamos a ocupar”, sostiene. Los secundarios, según Fauré, “fuimos capaces de cambiar el escenario político sin necesidad de voto, como fue en el caso de las evasiones”.

Las demandas de este sector son de conocimiento público: garantizar una educación estatal gratuita, digna, no sexista y de calidad. A esto se le suman valores emergentes en la sociedad, como una formación integral, feminista, disidente y con control comunitario.

Asimismo, el nivel secundario ha manifestado su preocupación por los estudiantes prebásicos, cuya organización es inferior. En este sentido, el vocero afirma que la ACES se encuentra trabajando en el Foro por la Educación Pública, coordinación que reúne a organizaciones de la educación, entre las que se encuentran trabajadores, profesores, apoderados y apoderadas, como también expertos en temáticas de educación. Desde esta iniciativa, la ACES se organiza junto con representantes de los jardines infantiles para que, en sus palabras, “esto vaya más allá de ser compañeros de curso o asamblea; que trascienda”.

Resurrección de un antiguo proyecto

“Ustedes son el gran filón en que el pueblo confía para hacer posibles las grandes transformaciones que anhelamos, porque son los que forman la mente del niño que será el ciudadano de mañana”. Con esta frase, el entonces Presidente Salvador Allende entregó un mensaje a los profesores donde daba a entender el lugar que les correspondía en la renovación del sistema educativo. Era 1971, y la llegada del proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU) parecía inminente.

La ENU fue presentada por el gobierno de la Unidad Popular, cuyos integrantes pretendían generar una estructura heterogénea y articulada a nivel nacional. Este modelo nace a partir de la influencia del Informe Faure, elaborado por una comisión de la UNESCO. Allí se señalaba la importancia de crear una relación de igualdad democrática, lo que se lograría solo con una instrucción igualitaria.

El programa del gobierno encabezado por Allende delineó como meta educacional la formación de un pueblo solidario y con conciencia, educado para ejercer y defender su poder político y abierto tanto a la creación como al disfrute del arte, valores que para secundarios como Marcos Fauré resultan necesarios desarrollar en el nuevo Chile. “Son grandes desafíos los que están planteados; la cultura es algo súper elitizado en nuestro país”, afirma el vocero de la ACES.

El miedo generalizado al marxismo fue lo que no permitió convertir el poema en canción. Tal como afirma Ávalos, “la Escuela Nacional Unificada no se pudo implementar porque vino un uso de que era una imposición del comunismo internacional, puesto que estaba inspirada en el sistema ruso”.

Sin embargo, el sueño de Allende tiene la oportunidad –y lo más importante: el apoyo de amplios sectores educativos– para renacer en esta nueva Constitución. Tal como indica Fauré, los secundarios creen “en una educación que no nos prepare para ser mano de obra barata, mientras que a los más ricos los preparen para mandarnos en el futuro”. Para ellos, ese es el recorrido por realizar.

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