Corte de Apelaciones acoge recurso para detener operaciones de salmoneras en la Patagonia

Dicho recurso, fue interpuesto por organizaciones medioambientales y habitantes de la zona, quienes se organizaron tras identificar el grave impacto ambiental que las salmoneras producirían. Además, señalaron que las transnacionales implicadas mantenían sus operaciones irregularmente.

Este miércoles la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible un recurso de protección contra la Pesquera Cabo Pilar que determina la suspensión total de las operaciones a cuatro de sus concesiones salmoneras ubicadas en el Canal Beagle. Este recurso legal fue presentado por la comunidad de Puerto Williams en conjunto con Greenpeace Chile.

Las organizaciones acusaron a la salmonera de afectar derechos constitucionales, especialmente el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además, culpan a la empresa de “vulnerar una medida cautelar vigente” la que fue dispuesta el 2008 en un Tribunal Arbitral de Osorno y que ya había establecido la suspensión total de operaciones a la empresa.

Sin embargo, las organizaciones medioambientales y la sociedad civil consiguieron esta suspensión nuevamente hasta que se resuelvan las acciones legales presentadas en contra de Cabo Pilar. La coordinadora del área de océanos de Greenpeace, Estefanía González,  indicó que el poder judicial es el único que ha dado una respuesta en favor del medioambiente para evitar la instalación de las salmoneras en el sur de Chile.

«Es una nueva confirmación de que el gobierno, con su actitud tibia y casi contemplativa, parece estar más cerca de las empresas que del cuidado de nuestro patrimonio medioambiental. Afortunadamente, los tribunales de justicia sí están escuchando y reaccionando como corresponde. Es, sin duda, un importante paso para que las aguas que son la puerta de entrada a la Antártida, no sufran la invasión salmonera que ya han sufrido extensas zonas en Los Lagos y Aysén”, señaló.

Ir a descargar

La Pesquera Cabo Pilar, que está siendo acusada, corresponde a la empresa transnacional Nova Austral, que ha sido fuertemente criticada por infringir la Ley de Pesca y Acuicultura al no capturar el mínimo de salmones escapados en julio del año pasado. Frente a esto, desde Greenpeace indicaron que las acciones de la empresa son un intento sostenido de instalarse de manera irregular en la zona.

“Con esta resolución se demuestra una vez más que la empresa inició sus operaciones de manera ilegal. Nova Austral intenta exhibir un rostro que contrasta con la forma de actuar, que es violando la ley y operando en parques y reservas nacionales. En resumen, su salmón sustentable no es más que un mito que sólo existe en sus discursos», mencionó Estefanía González. 

Ir a descargar

La admisión del recurso de protección en la Patagonia se dio a pocos días de la visita de los reyes de Noruega a la zona. Por otro lado, en Santiago y otras regiones del país, la lucha de las organizaciones sociales contra el TPP 11 se agudizó tras la aprobación del tratado en la Cámara de Diputados el pasado 17 de abril. 

En este contexto, la Cumbre Plurinacional de acción social, medioambiental y cultural también interpuso un recurso de protección en contra de parlamentarios pertenecientes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados por permitir la aprobación del Tpp 11 como ley simple. En ese sentido, activistas medioambientales como Patricia «Dedos Verdes» Núñez, perteneciente al Colectivo Ecológico en Acción y directora de la Escuela Reberde, indicó que es fundamental hacer uso de los derechos ciudadanos.

«Nosotros tenemos derechos cívicos y deberes. Bueno, este es nuestro derecho cívico. Nosotros podemos presentar lo que queramos constitucionalmente y como recurso de protección. Sabemos que lo van a declarar inadmisible pero nosotros queremos colapsar el sistema».

Ir a descargar

Tras recibir respuestas positivas a algunos recursos de protección interpuestos por organizaciones sociales, la herramienta ha sido utilizada como medida de presión y como un intento de frenar la lógica de un modelo de desarrollo que se instala en desmedro de los bienes naturales. Sin embargo, dichas organizaciones esperan que la justicia tome medidas concretas a favor de la ciudadanía y el medio ambiente.