Comida, salud y agua: engranajes de una política del desecho y nuestros horizontes de soberanía en el marco de violencias estructurales en tiempos de pandemia

La salud en estos días es nuestro campo de disputa ante una nefasta e inexistente política de cuidados desde la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.

Por Francisca Fernández Droguett *

No hay nada más certero decir en estos tiempos que el capitalismo mata. Estamos en pleno ecocidio, que se arrastra desde tiempos modernos, que se entreteje con una crisis social y sanitaria anclada en la destrucción permanente de la naturaleza, a través de la consolidación de siglos de violencias estructurales, de colonialismo, patriarcado, racismo y extractivismo.

La precarización de nuestras vidas, pero también de los ecosistemas, ha sido a costa de la generación de ganancias de los de siempre, el mundo mercantil, el empresariado (en su multiplicidad de esferas de intervención), mediante la explotación de los cuerpos desechables, de mujeres, disidencias, pobres del mundo, migrantes, abuelos y abuelas, campesinos y campesinas, y de los territorios donde habitan esos cuerpos, los que devienen en lugares de sacrificio.

Desde el ideario de la modernidad construida/impuesta/(re)producida desde hace más de cinco siglos, el desarrollo, el progreso de la humanidad, se impuso a través de la naturalización de un utilitarismo de las cosas, siempre desde una visión antropocéntrica en que se favoreció el actuar intensivo de explotación y dominación de todo lo no humano, así como también de lo humano “deshumanizado”.

Y poco a poco fuimos conviviendo con una crisis, que se sostiene y perpetúa desde otras crisis, a través de la destrucción permanente de las condiciones mismas de toda existencia. La intensificación del extractivismo es una de sus aristas, instaurando la agroindustria, el monocultivo forestal, el uso de plaguicidas y transgénicos, la megaminería, la ganadería industrial, modelos energéticos de arrase de los territorios, la usurpación y contaminación de las aguas. Es así que en Chile, en plena pandemia del  Covid-19, las empresas extractivas prosiguen, a toda prisa, destruyendo glaciares, intoxicando pueblos completos, como es el caso de Puchuncaví, localidad que vivió nuevamente un peak en emisión de dióxido de azufre, siendo autorizados sondajes para la minería, como es el caso de la aprobación virtual por parte de la  Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso de 350 nuevos sondajes en Putaendo por parte de la minera Vizcachitas Holding.

Vivimos en una política del desecho. Se desechan personas, animales, bosques, territorios, y lo que no se desecha se privatiza, como el agua en Chile. Pero, a pesar de los pesares, seguimos resistiendo y construyendo alternativas, otros mundos, que ya son posibles, y que en muchos casos, poseen una larga data, vinculándose a memorias ancestrales de lucha de diversos pueblos.

El desafío que nos sitúa tanto la Revuelta en Chile como la pandemia a nivel mundial es dar cuerpo y vida a esas alternativas, a través de algunos ejes que son primordiales, y que debemos problematizar: comida, salud, agua y violencia.

Sin duda que el hambre es una realidad que viven personas en su día a día, sin embargo esto ha ido en aumento, por las condiciones de precariedad (laboral, sanitaria, …) en el marco de la pandemia. Es así que han retornado (ya en la Revuelta) las ollas comunes en los barrios, los comedores populares, se han ido organizando nuevas redes de cooperativas de consumo y comprando juntos, pero sobre todo se ha posicionado con fuerza la idea de la soberanía alimentaria como un elemento fundamental para esta crisis, para que los pueblos nos alimentemos desde nuestras huertas y desde la compra directa a las y los proveedores, fuera de los límites de las cadenas productivas, de distribución y consumo del capitalismo, a partir del cuidado de las semillas nativas y de la agroecología, en tanto quehacer-saber y como una política alimentaria de pueblos, desde la mantención y restauración de la biodiversidad.

La salud en estos días es nuestro campo de disputa ante una nefasta e inexistente política de cuidados desde la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, es por eso que también hablamos de soberanía sanitaria, la cual la concebimos como una ética de (auto)cuidados mediante el reconocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos originarios y afro, la importancia de una salud comunitaria y de una política pública que vele por el bienestar de las personas y los territorios, a través del acceso gratuito a medicamentos y los diversos servicios de salud mediante la desprivatización de este bien común. No es casualidad que las mismas brigadas de salud durante la Revuelta sean quienes hoy dan apoyo a las comunidades sanitizando calles y entregando insumos básicos para enfrentar la expansión del Covid-19.

El agua, como bien sabemos, a través del Código de Aguas de 1981, fue privatizada mediante la creación de un mercado de aguas a partir de derechos de aprovechamiento. La escasez hídrica, por lo tanto, se enraíza en este hecho, además de verse intensificada mediante el saqueo, la usurpación y contaminación de diversos cuerpos de agua. Por lo mismo, como Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT, se ha enfatizado que sin agua no hay vida, y la única manera de revertir esta situación es mediante la derogación del código señalado y la creación de un nuevo cuerpo normativo, en que se reconozca el agua como derecho humano y de la naturaleza, priorizando tanto el consumo humano como la mantención de los ecosistemas. Es insólito que mientras existe una campaña pública que llama al lavado de las manos como uno de los elementos centrales para evitar la expansión y el contagio del Coronavirus, en Chile 137 comunas no tienen agua para la subsistencia. Por lo mismo, el MAT ha propuesto, a través de la elaboración de un decálogo por los derechos de las aguas y su gestión comunitaria, sobre la base de la realización de más de 60 Cabildos por el agua, su gestión sustentable, por cuenca y sub-cuenca hidrográfica, y plurinacional, articulando los diversos territorios, pueblos y comunidades.

Finalmente, otro eje que se ha presentado en la actualidad como un elemento a problematizar ha sido la violencia, entendida como una violencia estructural, política y patriarcal, que ha permitido perpetuar los privilegios de unos pocos por sobre la vida de muchos. En diversos países de Latinoamérica se ha impuesto el toque de queda, la militarización de las calles, como política de seguridad ante la crisis sanitaria. La hiper-vigilancia, la represión y criminalización de las protestas, tanto en zonas rurales como urbanas, se han normalizado como políticas de pandemia, en el marco de una creciente violencia patriarcal hacia mujeres, niñas, disidencias sexo-genéricas, abuelos y abuelas. El confinamiento nos ha recordado que para muchas mujeres la casa es el espacio de mayor riesgo, donde habitan sus agresores, y que las cárceles son los reductos de lo inhumano, otro de los espacios de la política del desecho. Por ello es que toda lucha en el marco actual de represión y pandemia debe basarse en contra de todas esas violencias estructurales.

Es desde estas certezas que feministas y diversos movimientos sociales han ido consolidando una huelga permanente por la vida, un plan de emergencia desde los pueblos, creando redes de abastecimiento y (auto)cuidado, de apoyo mutuo, a partir de las organizaciones territoriales.

Se nos vienen diversos desafíos, seguir pensado y (re)creando un proceso constituyente desde estas vivencias y construcciones de alternativa, para la configuración de nuestros propios horizontes políticos desde la autodeterminación, más allá de los tiempos institucionales. El desempleo y el aumento de las deudas, así como también la instalación de una serie de discursos y prácticas racistas, dan cuenta del carácter de urgencia de ahondar en procesos de descolonización y de consolidación de economías territoriales solidarias.

Nuestros tiempos, los de los pueblos,  serán los que plasmen la posibilidad de otros mundos.

* Doctora en Estudios Americanos, Antropóloga con Magíster en Psicología Social. Investigadora del Programa de Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile.

Fuente: Iberoamérica Social