Violadores de Derechos Humanos: Impunes ante la justicia

Juan Emilio Cheyre fue procesado por el Ministro en visita Mario Carroza en calidad de cómplice junto a ocho oficiales más, por el homicidio de 15 personas en octubre de 1973. Días más tarde, Carroza le otorgó la libertad provisional tras el pago de una fianza de un millón de pesos.

por Javiera Soto Tejo

El pasado martes la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la libertad condicional para el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, procesado por el caso Caravana de la Muerte. Pero cuando de estas libertades se trata, la impunidad hacia los violadores de Derechos Humanos y los pactos de silencio entre militares para evitar la justicia se abren ante el debate público.  

“Lo que ellos cometieron no son delitos comunes, son delitos de Estado, por lo tanto, no pueden estar sujetos a las mismas prerrogativas que tiene la delincuencia común”, comenta la psicóloga Lorena Pérez, integrante de la Comisión Funa.

Sin embargo, las expectativas para cambiar este tipo de situaciones y exigir justicia están puestas en la ciudadanía, organizaciones de Derechos Humanos y movilizaciones, tal como lo afirma Pérez, quien agrega que “los gobiernos nunca han tenido la voluntad política para hacer justicia en este país”.

En tanto, Carmen Hertz, abogada de la Vicaría de la Solidaridad, en su entrevista con Noticiero Ciudadano se refiere a la impunidad como un elemento “en el cual los dirigentes y la representación política de la derecha golpista no ha tenido hasta el día de hoy ninguna sanción moral ni política ni social”. Mientras que, el abogado Cristián Cruz, querellante en el caso, afirmó la existencia de los pactos de silencio en el programa “Lo que queda del día”, de Radio Cooperativa.

En cuanto a lo que está ocurriendo en el penal Punta Peuco, el 14 de junio los senadores Manuel José Ossandón (RN), Lily Pérez (Amplitud) y Eugenio Tuma (PPD) presentaron un proyecto de ley que beneficiaría a presos que se encuentran en el recinto carcelario por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura. Sus colegas Iván Moreira (UDI), Francisco Chahuán y Baldo Prokurica (RN) ingresaron otros dos proyectos para modificar los artículos 86 y 87 del Código Penal.

Frente a esto, distintas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos han reaccionado en contra de las peticiones que hacen los senadores, entre las que se incluyen dar libertad condicional a quienes estén gravemente enfermos y establecer un cumplimiento alternativo para la condena de adultos mayores.

A estas propuestas se suma el debate ético que se ha instalado en los familiares de las víctimas, pues para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, “este proyecto, además de ser bastante delicado, trastoca la ética y la valoración ética de hechos de la sociedad”.

La impunidad que se le quiere dar a los violadores de Derechos Humanos inquieta a estos familiares, quienes exigen su derecho a la justicia con el fin de impedir que se libren de los abusos y homicidios por los cuales fueron condenados. “Aquí se disfraza de víctimas a sujetos que jamás han tenido una conducta distinta a la que los llevó a cometer las violaciones a los DD.HH.”, sentencia Lorena Pizarro.

Por otra parte, Hervi Lara, integrante de la Comisión Ética Contra la Tortura, plantea que “el problema de fondo está en dar término a la impunidad (…) hay que insistir en nuestras demandas hasta que haya una determinación categórica”.

Lara comenta que se han reunido con varias autoridades y organismos, entre ellas el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y el Ministerio de Justicia, sin embargo, las respuestas son escasas. De acuerdo a las reuniones que han tenido con el primero, “nos ha dicho que los jueces son independientes y aplican sus propios criterios”.

Cabe destacar que, en la sesión del 14 de junio, 19 parlamentarios RN, UDI, PPD y DC presentaron un proyecto en el que se solicita a la Presidenta Michelle Bachelet pronunciarse sobre el tema y tomar las medidas necesarias para aplicar el derecho penal humanitario a los condenados de Punta Peuco.

Pero además de esa demanda, también están las de aquellos que desconocen el paradero de sus familiares, de quienes exigen –entre las más importantes- el cierre del penal, el envío de un proyecto de ley que impida otorgarles beneficios a los violadores de DD.HH. y, por último, “que el poder judicial busque la verdad sobre lo ocurrido en los 17 años de dictadura”, finaliza Lorena Pizarro.