Sthefania Walser, Leasur: “El plebiscito solo será democrático si incluye a las personas privadas de libertad”

Escrito por el 17 Noviembre 2019

Radio JGM conversó con la directora de la ONG Leasur, Sthefania Walser, quien señaló la importancia de que las y los presos sean incluidos en los procesos democráticos, ya que es el paradigma más grande de la exclusión del modelo chileno. Además, enfatizó que Sebastián Piñera ha respondido con una fuerte represión y populismo punitivo a las demandas del mundo social.

Luego de un mes desde el inicio de constantes movilizaciones en Chile, por demandas sociales e históricas, diversas organizaciones han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos que va de la mano con la impunidad de los agentes del Estado. En este contexto, el pasado viernes se anunció el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” por partidos políticos del oficialismo y la oposición.

Sin embargo, dentro de este proceso no se ha garantizado la participación de las personas privadas de libertad. En esa línea, la discusión en torno a las condiciones de vida y una reforma al sistema penitenciario tampoco han sido tocados por el mundo político.

Para ahondar más en este tema, Radio JGM conversó con la Directora de la ONG Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), Sthefania Walser.

¿Cree que las demandas por cambiar el sistema penitenciario y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad no se han tomado en cuenta?

No, no se han tomado en cuenta de ningún modo. De ello es reflejo la serie de informes realizados, tanto por organismos públicos como privados, que han señalado que las condiciones materiales en que viven miles de personas al interior de las cárceles de nuestro país no alcanzan niveles mínimos de habitabilidad, salubridad y dignidad. Situaciones como falta de acceso a agua potable, períodos de hasta 16 horas de encierro sin alimentos, condiciones de insalubridad extremas han sido descritas de forma reiterada en diversos informes de la Fiscalía, de la Corte Suprema, INDH y el mismo informe de ONG LEASUR del año 2018.

Desde los años 90′, el mundo político, académico y social ha denunciado la seria crisis que afecta al aparato penitenciario chileno. Pese a ello, las iniciativas legislativas han sido aisladas y absolutamente excluidas del debate público, haciendo oídos sordos a una demanda que resulta imperiosa.

El sistema ha fallado, olvidado y perpetuado marginalidades. Creo que esa segregación es una causante principal del malestar actual, y que, por tanto, las personas privadas de libertad son el paradigma de la exclusión y abandono más brutal en Chile.

Sthefania Walser, directora de Leasur

¿Cómo se puede avanzar en cuanto a la participación de los y las presas en este contexto?

Chile presenta una de los índices de encarcelamiento más altos de América Latina con una tasa de 299 presos cada 100 mil habitantes, y una sobreocupación existente en la mayoría de los recintos penitenciarios. Avanzar en participación dentro de los recintos penitenciarios dándole voz a más de 40 mil personas que se encuentran actualmente privadas de libertad, debería ser un deber.

Si pensamos que la mayoría de las personas privadas de libertad vienen de sectores empobrecidos donde recibieron desde la niñez un tratamiento discriminador y segregador, y que han cargado diariamente con la violencia institucional invisibilizada, debemos obligatoriamente preguntarnos qué necesitan y qué les ofrece Chile a quienes están privados y privadas de libertad en este proceso colectivo.

Hasta el momento y, en la mayoría de los casos de facto, las personas privadas de libertad están impedidas de ejercer su derecho a voto. Superar la exclusión política que aqueja, injustamente, a miles de personas privadas de libertad en nuestro país en la actualidad, constituye una base necesaria para la profundización del sistema político democrático

En vistas de que se realizará un proceso para cambiar la Constitución en el país, ¿cómo ve la situación de las personas privadas de libertad dentro de este marco de toma de decisiones?

Aquí reitero la relevancia de preguntarnos en este proceso, ¿qué le ofrece Chile a las personas privadas de libertad? Adelantaba en la pregunta anterior la profunda exclusión social en la que se encuentran los hombres y mujeres dentro de la cárcel, viéndose impedidos de ejercer su derecho a voto. En nuestro país esta situación se extiende de facto a quienes están en prisión preventiva -sobre un 30% de la población penal- y a quienes cumplen penas no aflictivas, pese a que la Constitución del 80 señala que los únicos excluidos del derecho a voto son quienes cumplen penas aflictivas. A pesar de que la Corte Suprema ha señalado que es ilegal privarles de ese derecho, ordenándole a Gendarmería y al Servel tomar las medidas para asegurar el sufragio, ello hasta el momento no ha ocurrido

El proceso constituyente necesariamente debe hacer partícipe a todos y a todas. El futuro referéndum 2020 solo podrá ser verdaderamente democrático si se incluye en su votación a las personas privadas de libertad, que por lo demás tienen legítimo derecho a aquelloSólo podremos construir un Chile diferente cuando logremos incluir y hacer participes a quienes han sido sistemáticamente marginados de nuestra comunidad como lo son las mujeres y los hombres que se encuentran actualmente en la cárcel.

Foto: RadioUChile

¿Cómo toma las diferentes medidas anunciadas por Sebastián Piñera en torno a las demandas del movimiento social?

Hoy uno mira con lástima la falta de visión y escucha por parte de las autoridades de gobierno. El modelo chileno ha sido duramente cuestionado, las exigencias de la sociedad civil chilena manifestadas en las calles han tomado fuerza y adhesión entre quienes no se sienten representados ni por el Estado ni por la clase política. Sin embargo, lamentablemente la respuesta oficial se ha basado en una fuerte represión y populismo punitivo, haciendo oídos sordos a la necesidad de una profunda transformación social.

Hoy en día se observa más claramente que nunca cómo la institucionalidad política utiliza el sistema punitivo como una estrategia ante su incapacidad de atender demandas sociales del país. Así intenta deslegitimar el foco desde la necesidad imperiosa de transformación social a la criminalización de un movimiento social al que responde con la más dura represión y vulneración de derechos humanos. El Estado termina castigando con cárcel y represión a quienes ha preferido sistemáticamente marginar u olvidar.

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