Organizaciones llaman a reformar Ley Zamudio por insuficiencias en la normativa
Escrito por Valentina Cuello Trigo el agosto 23, 2019
Acciones preventivas, refuerzo de obligaciones del Estado, una entidad enfocada en el cumplimiento de la ley antidiscriminación y nuevos mecanismos de reparación son algunos de los puntos propuestos por Amnistía Internacional para mejora la norma.
Un llamado a reformar la ley 20.609 -o Ley Zamudio– han hecho distintas organizaciones vinculadas a la protección a los derechos humanos y dignidad de las personas ante las falencias que se manifiestan en lo que refiere a la protección y prevención.
Promulgada en 2012, la norma permite demandar a quienes han cometido actos de discriminación, en un plazo máximo de 90 días desde que se produjo la acción a través de un escrito, y sólo en casos de urgencia se puede presentar de forma oral.
Sin embargo, de no ser comprobado por la parte demandante que se ha sido víctima, ésta deberá pagar una multa, lo que dificulta la presentación de denuncias, ya que comprobar el acto discriminatorio -en sus diversas formas- puede ser complejo, por ejemplo, en caso de manifestarse de forma verbal.
Frente a esto, Juan Enrique Pi, presidente de Fundación Iguales, manifestó que es “una ley que hoy en día es completamente reactiva, no establece de ninguna manera una prevención o un preocupación por parte del Estado previa a la realización de actos violentos o actos discriminatorios en contra de cualquiera de los grupos que normalmente reciben esta acción”.
En este sentido, desde Amnistía Internacional lanzaron este jueves la campaña “La ley Antidiscriminación se quedó corta” con la que instan al Ejecutivo a presentar un proyecto que reforme la ley donde se redefina el concepto de “discriminación arbitraria”, establecer una entidad que vele por el cumplimiento de la norma y reforzar la prevención y obligaciones del Estado.
Al respecto, Lorna González, coordinadora de proyecto Diversxs de Amnistía Internacional, señaló que “si bien en el año 2012 celebramos que se lanzó esta ley, ya considerabamos en ese entonces que carecía de algunos elementos no menores”, por lo tanto, “el propósito principal de esta campaña es movilizar a la sociedad civil para que el gobierno presente estas mejoras que requiere la ley a través del Congreso.”
Uno de los principales puntos de descontento, en esta línea, es la reparación a las víctimas, pues la norma considera el pago de una multa que va desde 5 a 50 UTM, en las que no van considerados los gastos en los que incurre la víctima durante el proceso judicial.
En tanto, el presidente de Fundación Iguales, sostuvo que en el caso de la “multa extra, en caso de que la persona demande y no pueda probar o no pueda demostrar que tenía razones para litigar, eso es algo que desde luego tiene que ser eliminado en una futura reforma a la ley antidiscriminación”.
Desde la entrada en vigencia de la ley hasta la fecha hay cerca de 400 denuncias, sin embargo sólo el 25% de éstas ha llegado a término con una sentencia de reparación.
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