Aumenta violencia en el IN mientras autoridades niegan incluir a la comunidad en las discusiones
Escrito por Rodrigo Gallardo Olivares el agosto 23, 2019
En medio de las constantes amenazas de cierre y episodios de violencia al interior del liceo emblemático, expertos y apoderados critican el actuar de Carabineros, quienes están amparados por la Ley Aula Segura.

Foto: Agencia Uno
Esta semana fue una de las más álgidas en el conflicto entre las autoridades y los distintos estamentos del emblemático Instituto Nacional, esto como consecuencia de la aprobación y posterior aplicación de la ley Aula Segura a finales del año pasado.
El lunes pasado, los alumnos se instalaron en el frontis del ex Congreso Nacional para solicitar su participación en las discusiones que se sostuvieron entre la Alcaldía y la Intendencia de Santiago sobre el destino del liceo. Pese a la petición de manera pacífica, el liceo emblemático fue allanado por Fuerzas Especiales esa misma noche, incluso hasta este jueves continuó en estado de vigilancia extrema y permanente.
?Ahora
Estudiantes del Instituto Nacional suben a la techumbre del liceo, con libros en alto y hacen entrega de textos a FFEE quienes temerosos adoptan posición de combate!
Recordemos que FFEE desde esta madrugada, se encuentra apostada en la techumbre del establecimiento pic.twitter.com/NGYmsavID4
— Apoderadxs Organiza (@ApoderadosOrg) August 20, 2019
Aquello ha traído criticas por partes de varias organizaciones sociales como la Defensoria de la Niñez, quienes en un comunicado expresaron su preocupación por cómo estas prácticas de Carabineros derivan en una creciente criminalización hacia los estudiantes y vulneran sus derechos fundamentales como niños y adolescentes.
Esto es compartido por varias voces de la comunidad educativa, como el dirigente nacional del Colegio de Profesores, Hugo Gerter, quien indicó que esta situación podía prevenirse pues «nosotros la venimos denunciando desde fines del 2016 donde explicábamos que esto iba a seguir creciendo porque no se tomaban las medidas correctas, no pasó ni un año cuando empezaron todas estas situaciones».
Además, Gerter responsabilizó al Estado e hizo un llamado a «cambiar su actitud respecto a la educación porque ha sido negligente en dar respuestas claras», enfatizó.
Desde la Coordinadora de Apoderados de liceos públicos, Owana Madera, estos hechos de violencia responden a una política represiva que no ha sabido tomar las voces de los estamentos, pues según indica «podrán seguir inventando sus leyes represivas pero creo que nada de eso ha resultado y va a resultar. Si no vamos a buscar soluciones de fondo con el conjunto de los estamentos y comunidades, nada va a cambiar»
Gerter coincide con la representante de apoderados y apuntó que esto es una paradoja porque se decide reprimir a los estudiantes, apoderados y profesores en vez de incluirlos en las discusiones sobre las políticas que los afectan.
«Es una paradoja el no entender absolutamente nada de lo que está sucediendo, no entienden que la educación es otra cosa y que tiene que tener otro tratamiento, uno pedagógico y psicológico. Pero la violencia para resolver problemas de violencia nunca ha sido un éxito en ninguna parte del mundo», expresó el dirigente.
Para Madera esto no solo es culpa del gobierno y sus políticas, la dirigenta también apunta al modelo legislativo . «No hay respeto por la opinión, somos absolutamente mal oídas porque así también están generados por ley (…) poca participación, donde los apoderados y estudiantes no tenemos mucha injerencia. Una idea conservadora de estos procesos que finalmente van marcando un camino que lleva mucha frustración a los jóvenes», señaló.
Finalmente, desde la Coordinadora de Apoderados confirmaron que el próximo 5 de septiembre un relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vendrá a Chile con el objetivo de examinar la delicada situación que tras varios meses ha afectado gravemente a toda la comunidad «institutana» y así aportar con sus conclusiones a la discusión actual.
*Hasta el momento de realizada esta nota, las comunidades educativas aún no recibían respuestas de las autoridades municipales
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