Cuatro años de incertidumbre: la desaparición forzada de Ayotzinapa

Ayer, 26 de septiembre, se conmemoró el cuarto año de la desaparición de 43 estudiantes que viajaban desde Iguala con rumbo a la capital de México para participar de las masivas manifestaciones anuales con motivo de la matanza de Tlatelolco. Las investigaciones realizadas para dar con el paradero de los estudiantes normalistas dejan lugar a muchas interrogantes con respecto a estas desapariciones y una vez más México entero se levanta para clamar que se esclarezca esta situación.

El día 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, conocido por sus altos índices de violencia, viajaban en distintos autobuses rumbo a la capital para formar parte de los movimientos que se realizaban durante esas semanas en conmemoración de la masacre estudiantil ocurrida en 1968 en la Plaza de Tlatelolco. Esa misma noche los autobuses donde se encontraban los estudiantes, un equipo local de fútbol y otros civiles fueron atacados. En un comienzo la explicación que las autoridades dieron a este acontecimiento fue que se trataba de un fuego cruzado durante un altercado entre fuerzas policiales y una banda criminal de narcotraficantes de la zona. En esta supuesta disputa murieron nueve personas en total y hubo varios heridos. A 43 estudiantes normalistas se les perdió la pista y hasta el día de hoy no se ha obtenido ninguna respuesta clara sobre que les ocurrió. 

El informe oficial que entregó el gobierno federal de Enrique Peña Nieto plantea que los jóvenes habrían sido  entregados por policías corruptos a un grupo criminal relacionado con el narcotráfico, el cual posteriormente los habría asesinado e incinerado sus cuerpos en un basurero, lanzando sus cenizas a un río. La «versión histórica», denominada así por la Procuraduría General de la República, organismo que se hizo cargo de la investigación, se sostiene en el hallazgo de una serie de fosas comunes que contienen supuestos restos humanos calcinados y que corresponderían a los estudiantes desaparecidos. Esta postura ha sido rechazada por los padres de los 43 normalistas y cuestionada por varias instituciones internacionales. La investigación llevada a cabo por el gobierno ha tenido serias críticas por la manera en que se ha manejado la evidencia y trato que han tenido con los sospechosos, llevándose a cabo detenciones ilegales a ciertos actores clave. Una investigación de un grupo de especialistas extranjeros designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) afirmó que varios de los sospechosos, cuyo testimonio es el sustento principal de la versión del gobierno, testificaron bajo «un trato cruel e inhumano, ya que habrían sido torturados.  Las conclusiones de la investigación fueron presentadas el 2016, en las cuales se acusaban dilaciones, obstrucciones y bloqueos del Gobierno mexicano al trabajo que se había realizado.

El informe oficial entregado por el gobierno de Peña Nieto «es un claro ejemplo de que se está cubriendo algo» dijo Mario Patrón, quien representa legalmente a los familiares de los estudiantes y es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Además señaló «Sentimos que la prioridad del gobierno ya no es encontrar la verdad sobre lo qué pasó con los estudiantes, sino que están más preocupados con esconder las razones detrás de un encubrimiento histórico.» Por su parte Peña Nieto ha confirmado su convicción en la «vesión histórica», aunque reconoce que en su tiempo de mandato no se ha podido conseguir dar tranquilidad ni paz a los mexicanos en relación a los temas de violencia e impunidad que se viven en el país. De momento no ha existido ninguna sentencia judicial condenatoria con respecto al caso, aunque ya han sido detenidos más de 120 sospechosos entre los cuales se encuentran 22 policías y dos funcionarios públicos.

El cambio de gobierno presenta una nueva esperanza para los familiares y personas cercanas de los desaparecidos. Los padres de los 43 estudiantes normalistas sostuvieron una reunión la mañana de este miércoles 26 con el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ya había expresado públicamente su intención de establecer una comisión de la verdad a propósito de este caso.

Esta desaparición forzada del 2014 se volvió un símbolo de la violencia y la corrupción de las autoridades a nivel de todo el país y por ello se busca mantener vivo el clamor por respuestas. A las manifestaciones por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes se le suman en estos días una serie de protestas que se realizarán en conmemoración de los 50 años de la trágica matanza de Tlatelolco y los movimientos que se han estado llevando acabo por alumnas y alumnos universitarios durante este último mes contra la acción de los grupos de choque en la UNAM.

Con respecto a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas la situación parece mantenerse bastante similar que hace cuatro años, las incógnitas acerca del paradero y qué ocurrió realmente con los estudiantes ese 26 de septiembre del 2014 aún se encuentran sin resolver.