Pescadores artesanales denuncian vertimientos ilegales de AES Gener en Quintero

“Hay un tema de salud y de medioambiente, pero también un impacto en la economía local”, afirmó el abogado a cargo de la denuncia, César Barra.

Un grupo de pescadores de distintas caletas de la zona de Quintero y Puchuncaví rechazaron la medida de levantar la «alerta amarilla» tomada por el Gobierno durante el fin de semana y presentaron ante la Fiscalía Local una denuncia contra AES Gener por vertimientos de carbón en el mar, lo que afecta directamente el oficio de los pescadores y la economía de la zona.

En este contexto y tras la presentación de una decena de nuevos casos de jóvenes escolares intoxicados en la zona, sumado a la indignación de las comunidades por el regreso a clases, generó que un grupo de estudiantes se tomara durante la noche del lunes el municipio de Quintero y el Ejecutivo se viera obligado a decretar «alerta sanitaria».

Dentro de las medidas que acompañan el anuncio de la «alerta sanitaria» dada por la ministra de Medioambiente, Carlina Schmidt, están la suspensión de las emisiones de las empresas responsables de la contaminación.

La Radio JGM conversó en profundidad conel abogado César Barra, quien en representación de cerca de 700 pescadores artesanales de la zona de Quintero en el caso y fue el encargado de presentar la denuncia.

¿Cuál es el hecho que denunciaron?

-El vertimiento de carbón es una conducta permanente en la bahía de Quintero desde hace bastantes años. Hay denuncias desde el 200. Pero en este caso concreto se trata de un vertimiento de cerca de 4.500 kilos en la playa de Ventanas, que ocurrió el miércoles 19 de septiembre. Se presentó una denuncia por el delito contemplado en el artículo 136 de la Ley de Pesca, que sanciona a aquellas personas que vierten sustancias tóxicas al mar.

¿Es una práctica constante?

-Esto se suma a una querella que ya tenemos presentada asociados a vertimientos similares ocurridos durante agosto pasado. Acá hay un comportamiento permanente y ya hay una sanción apropósito de la aplicación de un sumario administrativo por parte de la Armado respecto al vertimiento constante de carbón combustionado de las turbinas de una de las termoeléctricas en Quintero.

¿Cuáles son las repercusiones de estos derrames para la población?

-Este tipo de vertimientos tóxicos genera un perjuicio no solamente en la biomasa, sino que también en la actividad económica. Particularmente en el caso de la pesca artesanal es un tema bien complejo porque obviamente, tal como ha aparecido en una serie de reportajes que muestran la baja de la captura y el turismo, los pescadores artesanales viven del mar. Por lo tanto, hoy en día como actividad extractiva ha tenido que alejarse de la bahía porque no sólo veían afectado su sustento si no una forma de vida que lleva generaciones que ahora tiene que competir con empresas que vierten elementos tóxicos en el mar.

Entonces es un problema económico que además trae problemas a la salud.

-Es evidente. Acá hay un tema ambiental que es donde se ha puesto el énfasis a propósito del último incidente, incluyendo la emergencia del lunes. Hay personas intoxicadas tras el inicio de las clases después de la primera alerta amarilla. Hay un tema de salud y de medioambiente, pero también un impacto en la economía local. Aquellos que se ven afectados directamente por un fenómeno de contaminación marítima, que no está en la portada de los medios, es la gente que vive en el mar.

¿Cuáles son las responsabilidades en los casos?

-El propio presidente Piñera dio cuenta, cuando visitó Quintero a finales de agosto pasado, que el borde costero estaba contaminado. ¿Qué se hace ahí? Nosotros hemos ido por buscar la responsabilidad patrimonial de las empresas involucradas, en este caso particular de AES Gener. Específico,  la denuncia y querellas presentadas contra la empresa tienen que ver con la responsabilidad penal. La Fiscalía Local de Quintero ya ha instruido una diligencia a la brigada de delitos ambientales de la PDI.

¿Cuáles serían las repercusiones para la empresa?

-Con la denuncia y querella, que buscan la responsabilidad penal, pueden ir desde la multa cuando no hay dolo hasta el presidio menor cuando lo hay. Desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial hay sanciones estipuladas en normas antiguas, como la Ley de Navegación de 1978, que establece la responsabilidad objetiva de las empresas que vierten sustancia tóxicas al mar. Eso implica una responsabilidad civil que ha significado un daño patrimonial sufrido por los pescadores artesanales. Aquí se tiene que hacer responsable a las empresas y a sus ejecutivos. Acá hay hechos claros. Hay que hacer que las instituciones concretas funcionen y para eso hacer que la ciudadanía presenta las acciones correspondientes.

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