Chile mejor sin TPP critica secretismo del gobierno y Colegio de Químicos Farmaceúticos advierte daño a industria nacional

Escrito por el julio 19, 2016

El informe solicitado por la Cancillería al sociólogo Jaime Ensignia sostiene lo que varias organizaciones sociales vienen advirtiendo hace meses: con la información disponible sobre el Tratado Transpacífico (TPP) no es posible determinar de forma seria y acuciosa las ventajas y desventajas del tratado, además de los efectos políticos, económicos y comerciales para los procesos de integración en la región.

Para Carlos Figueroa, miembro del movimiento social Chile Mejor sin TPP, el hermetismo con el que se ha tratado el contenido del tratado representa un gran problema para la sociedad.

Este «secretismo» de carácter selectivo, a juicio de Figueroa, ha discriminado a quienes participan de la elaboración y discusión en la aprobación del tratado, dejando a la ciudadanía sin posibilidad de negociación.

Respecto a los efectos negativos para la población, Mauricio Huberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, es categórico al afirmar la nocividad del tratado dentro de la industria de los medicamentos al aumentar los costos de ciertos productos.

Además, podría existir, a juicio, una pérdida sobre la propiedad de la fauna y flora nativa que Chile actualmente posee, peligrando así el futuro de la innovación farmacéutica chilena.

Sobre los beneficios del tratado, Huberman se muestra escéptico. Varios expertos de la industria farmacéutica han sido invitados a formar parte de las negociaciones y, de acuerdo a su testimonio, el panorama es oscuro e incierto.

Las críticas de Figueroa y Huberman hacen recordar los dichos del Premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, el pasado 26 de noviembre, cuando afirmó que “Chile no está ganando nada con el TPP que no tenga con el TLC de EE.UU., y su aprobación sólo empeorará las cosas”.

Críticas y desconfianzas marcan la actualidad de un tratado, sobre el cual no existe claridad de la fecha en que ingresaría a discusión legislativa. Por lo pronto,  desde la Cancillería no se descarta que se aplace para 2017.

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