Balances y propuestas del movimiento por la infancia y la juventud

En medio del apuro del gobierno por promulgar la ley que crea el servicio que reemplazará al Sename, organizaciones especializadas en el cuidado de la niñez criticaron la falta de compromiso de las autoridades para asegurar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la nueva institucionalidad.

Este próximo 14 de agosto se cumplen 30 años desde la promulgación en Chile de la Convención de los Derechos del Niño, a la que suscribió el gobierno del ex presidente, Patricio Aylwin, en 1990.

Sin embargo, y de forma paradójica, el Estado aún no es capaz de generar una institucionalidad con enfoque de derechos en cuanto a la infancia.

Lo anterior, justo en momentos en que se discute en el parlamento el proyecto que crea el nuevo Servicio de Protección a la Niñez. El mismo que fue vetado por el presidente, Sebastián Piñera, con el fin de promulgarlo sin la ley de garantías. Un documento clave para aplicar un enfoque de derechos en la institucionalidad que pretende reemplazar al actual Servicio Nacional de menores.

Sobre este escenario conversamos con dos organizaciones de la Red ONGs de Infancia y Juventud y una representante del Bloque por la Infancia, quienes hicieron un balance del tema niñez  en Chile y proyectaron propuestas para avanzar en una institucionalidad efectiva en la defensa de niños, niñas y adolescentes (NNA).

El diagnóstico

Para el representante de ONG La Caleta y el Movimiento Movilizándonos, David Ordenes, ninguno de los gobiernos desde el regreso a la democracia ha sabido suplir las necesidades de NNA.

Esta realidad «ha quedado de manifiesto por lo que ha significado el estallido social y la pandemia. Que ha visibilizado la desigualdad que tienen NNA, especialmente en los sectores populares. Eso se manifiesta en el sistema educativo donde no tienen los mecanismos para responder a lo que exige la escuela; el tema de la vivienda con el hacinamiento; el acceso a la salud y todo el impacto que ha significado en salud mental por tener o no las condiciones para poder desarrollarse«, puntualizó.
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En esa línea, la directora de ONG Raíces, Denisse Araya, enfatizó que al menos la mitad de los NNA con quienes trabajan «están sumamente desprotegidos desde el Estado y es una situación en la cual hemos tenido que buscar instancias para apoyar a sus familias. Donde hay situaciones de catástrofe recrudece la trata de niños y eso significa también exigir a los gobiernos un recurso mayor. Tenemos que prevenir lo que va a venir y no veo un plan de trabajo claro«.
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Por su parte, la vocera del Bloque por la Infancia y directora ejecutiva la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde, criticó la falta de una protección universal de los derechos de NNA.

«Todo servicio que sea dependiente del Estado debiera tener una política y una estrategia de trabajo dirigida a todos los NNA con los que ellos tienen vinculo directo e indirecto. Esto es clave porque permitiría la protección de todo niño o niña que, por el sólo hecho de serlo, no tiene todas las condiciones de respeto a sus derechos«, remarcó.
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Propuestas para un enfoque de derechos de NNA

Para las organizaciones por la defensa de la infancia es necesario continuar la disputa por el aseguramiento de un enfoque institucional que considere a NNA como sujetos de derecho, sobre todo en el Congreso.

Al respecto, Francis Valverde comentó que desde el Bloque por la Infancia han planteado la creación de «oficinas a nivel territorial de protección de derechos de niños y niñas, que es lo que proponemos que exista a nivel de la Ley de Protección Integral de Derechos».

Sobre éstas, recalcó la necesidad de que sean entidades autónomas y con potestad para tomar medidas en su comunidad. «Esto permitiría que -no importando el sector social- todo municipio, territorio o comuna tuviera una oficina en la que todo niño pudiera recurrir por sí mismo si siente que quiere orientación, información o si se siente afectado por alguna situación que no puede enfrentar solo o sola», indicó.
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Por su parte, en miras al proceso constituyente David Ordenes señaló la necesidad de «promover la organización, especialmente territorial. En donde las y los adultos reconozcan concretamente la importancia de que (NNA) se organicen, den su mirada y garantizarlo, pero sobre todo reconocerlo».
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En ese sentido, para Denisse Araya es necesario «apoyarlos en sus organizaciones. Ellos son los que tienen derechos a tomar sus decisiones y a crear. Entonces tiene que haber una cuestión desde el Estado que genere un sistema de participación más eficaz y eficiente. Para que ellos tengan la posibilidad de, de acuerdo a su edad y su maduración, participar en todos los espacios donde ellos estén», complementó.
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Por ahora, el proyecto de ley que crea el Sistema de garantías de los derechos de la niñez se encuentra en su segundo trámite constitucional y es revisado por la Comisión especial de Infancia del Senado, a la espera de ser aprobadas sus indicaciones para ser votado en sala.