Amplio rechazo hacia el Ejercito por persecuciones ilegales a periodistas

Escrito por el abril 12, 2021

Mauricio Weibel, Pascale Bonnefoy, Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña, Santiago Pavlovic y Danae Fuster, han denunciado que han sido intimidados por parte del Ejército de Chile. Al respecto, desde el sector de las comunicaciones hicieron un llamado al gobierno a condenar estas intimidaciones que atentan contra el derecho a la comunicación e información. 

El pasado viernes en el reportaje de Ciper Chile, «Espionaje del Ejército a Mauricio Weibel: Fiscalía indaga monitoreo militar a otros cinco periodistas»  se confirmó que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) no solo había espiado al periodista Mauricio Weibel (quien publicó el millonario desfalco conocido como “Milicogate”) solicitando datos al Registro civil, sino que también a otros cinco periodista destacados por su labor de investigación en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Estos periodistas son la corresponsal de The New York Times y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Pascale Bonnefoy; Javier Rebolledo, destacado por su incesante investigación en casos de violación a los derechos humanos en dictadura y que recientemente publicó el libro “Rati. Agente de La Oficina. La Pacificación en Democracia”; Juan Cristóbal Peña, quien ha publicado sobre el FPMR y ha develado escándalos de corrupción, también académico de la Universidad Alberto Hurtado; Santiago Pavlovic, reconocido periodista de programas de televisión como Informe Especial; y Danae Fuster, experiodista de Informe Especial.

Ante estos hechos, las universidades de Chile y Alerto Hurtado, y el Colegio de Periodistas se refirieron a estos hechos como un grave atentado al derecho a la comunicación y al ejercicio periodístico.

Amedrentar la tarea de investigación

El Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, indicó que ante los hechos, «rechaza tajantemente los monitoreos, pesquisas y persecuciones ilegales que afectan a seis periodistas (…) Dichas intimidaciones, propinadas por el Ejército, y confirmadas por la investigación que desarrolla la Fiscalía, atentan directamente contra el ejercicio periodístico, buscando amedrentar la necesaria tarea de investigación acerca de hechos de interés público, como son la corrupción institucional, las violaciones de derechos humanos y los sucesos de violencia en tiempos de transición democrática».

Además expresaron que esto «constituye un serio atentado al derecho a la comunicación, información, libre expresión y prensa por la vía de amedrentar a quienes ejercen actividades periodísticas de investigación cuya labor fiscalizadora coadyuva a la garantía de derechos humanos individuales y colectivos en una sociedad democrática».

Por su parte, el equipo del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado manifestó su total repudio a las acciones de espionaje desarrolladas por el Ejército de Chile al profesor, Juan Cristóbal Peña. «Estas acciones, dadas a conocer por CIPER, representan un nuevo asalto a la libertad de expresión y la integridad del trabajo periodístico y de quienes lo practican».

«Los hechos denunciados son de la mayor gravedad y esperamos que la investigación del Ministerio Público pueda seguir su curso para establecer las responsabilidades respectivas, pues los y las profesionales involucrados representan los valores de periodismo de excelencia», agregaron.

Finalmente el Colegio de Periodistas interpeló al Gobierno por estos hechos,  y exigen que  rechacen esta situación y tome las acciones judiciales correspondientes. «Nos parece inaceptable que instituciones del Estado perpetúen prácticas que sólo atentan contra la libertad de expresión y de prensa, y que ponen en riesgo la democracia del país y la integridad de quienes ejercen una labor profesional fundamental y necesaria».

«Para quienes defendemos el derecho a la información y comunicación nos parece de la máxima gravedad que en un Estado democrático se persiga y amedrente a éstos y otros periodistas, quienes han sido fieles en el compromiso con la justicia y los derechos humanos interpelando al poder en búsqueda de la verdad».

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