Un triunfo para los movimientos sociales en Puerto Rico

Luego de casi dos semanas de protestas, los cientos de miles de boricuas que salieron a las calles a exigir la salida del gobernador, Ricardo Roselló, vieron cumplidas sus demandas. Este escenario propone nuevas perspectivas para el rol al que la población latinoamericana puede aspirar.

Protestas frente a La Fortaleza, residencia del gobernador de Puerto Rico.

Cuando el 13 de julio se filtraron más de 800 páginas de un chat entre Ricardo Roselló, gobernador de Puerto Rico, y sus asesores, en donde hacían comentarios abiertamente machistas, homofóbicos y violentos contra opositores, periodistas, artistas y la ciudadanía, tal vez era difícil anticipar que una de las consecuencias sería la renuncia de Roselló, primer mandatario en dimitir en medio de su periodo.

Quizás para las miles de personas que se volcaron a las calles exigiendo su salida, no había otra posibilidad, pero para quienes desde otros países -Chile en este caso- observamos la situación, no deja de sorprender como fue que la presión ciudadana consiguió hacer a un lado a un mal gobernante.

Evidentemente influyó el alcance de los afectados por el chat. El hecho que figuras reconocidas se vieran afectadas, despertó aún más el malestar mediático. También es cierto que al ser Puerto Rico una isla dependiente de Estados Unidos, el poder que ostenta el gobernador es menor que el que tendría un presidente en otro país, lo cual facilita su salida.

Sin embargo, el chat filtrado vino a ser el detonante de un descontento mayor en la isla de Puerto Rico. El mal manejo del gobierno luego del huracán María en 2017, junto con escándalos de corrupción, sirvieron también como sustento para la movilización.

Ante situaciones así de reprochables, y otras aún más escandalosas, como los casos de corrupción que envuelven a ex mandatarios en Perú, Brasil, Argentina, y los abundantes ejemplos de corrupción en Chile, siendo el caso del Sename y el Milicogate, solo dos de los más reconocidos, corresponde sacar lecciones del triunfo de los movimientos sociales en Puerto Rico.

¿Es que acaso no corresponde que si un político o funcionario se ve envuelto en casos de corrupción o un trato despectivo a quienes -en teoría- sirve, debería ser removido de su cargo? Puerto Rico puso en evidencia la importancia de los movimientos sociales como fiscalizadores del poder, y esto, aunque debiese ser evidente, no siempre es así.

En nuestro país sobran los casos de autoridades que tienen todos los méritos para ser -al menos- despedidos, y sin embargo, siguen ahí ¿Acaso Javiera Blanco, ex  ministra de Justicia, fue removida producto de su pésima gestión al destaparse la crisis del Sename? ¿Hernán Larraín, actual ministro de Justicia, ha sido hecho responsable por su doble discurso sobre el informe de la PDI del Sename? La respuesta a ambas preguntas es que en ningún caso las autoridades han respondido realmente por sus actos y omisiones.

Durante los últimos años, la corrupción en América Latina ha quedado en evidencia en muchos frentes. El Caso Odebrecht, los Panama Papers, y el estrecho vínculo entre algunos funcionarios con narcotraficantes, son muestras del penoso nivel de quienes gobiernan.

No debemos dejar que el rol de la población quede limitada a elecciones. Es de suma importancia comprender que lo que sucedió en Puerto Rico puede servir como ejemplo para el resto. Ante una corrupción monolítica como la de nuestra región, la única respuesta es una ciudadanía informada y dispuesta a exigir responsabilidades y cambios.