Cambios tibios a la Ley de Pesca: ¿se salvará la jibia?

El pasado 17 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula la captura de la jibia y termina con la pesca de arrastre; en principio, sólo para la jibia, por 99 votos a favor, 18 en contra y diez abstenciones.

La propuesta impulsada por los diputados Daniel Nuñez (PC) y Victor Torres (DC) desde agosto de 2014, y que pasó a segundo trámite en el Senado, implica modificar la Ley 18.892 para que “la jibia sólo pueda ser extraída utilizando potera y/o línea de mano (…)”. A su vez, los armadores que infrinjan el artículo “serán sancionados con multa de 500 UTM ($23.346.000 a la fecha) y el comiso de las especies hidrobiológicas y/o de los productos derivados de éstas».

El proyecto establece un precedente para terminar con la pesca de arrastre en general, el principal negocio de las industrias pesqueras que tienen el control del mar soberano chileno por perpetuidad, y el potencial para impulsar una industria pesquera más cercana a los estándares de calidad europeos; en tanto el fin de la pesca de arrastre sea extensivo a la mayoría sino a la totalidad de especies marinas.

Así lo señaló el vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Machuca, quien expresó en el medio País Lobo, que “se minimizó a 18 diputados la bancada de las siete familias, por lo que vemos con esperanza que otros temas como los urgentes cambios a la  Ley de Pesca sean reales y no solo un maquillaje”.

Ante el escenario actual de la pesca industrial, se discuten en el Congreso las modificaciones para la Ley de Pesca o “Ley Longueira”. El 4 de mayo ingresó al Senado el proyecto del gobierno (respaldada por los ministerios de Economía y Hacienda) para restringir las concesiones de pesqueras industriales a 20 años, idea ya propuesta por el senador Manuel José Ossandón (RN) al parlamento en marzo de este año. Y en contraste del proyecto impulsado por los parlamentarios Carolina Goic (DC), Adriana Muñoz (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS), quienes plantearon que las licencias sean transables por 10 años, sujetas a licitaciones sucesivas y anuales.

El proyecto actual implica mantener los primeros 20 años ya entregados a las grandes pesqueras o las “siete familias”: Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo. Así, si estos cambios se aprobaran en 2018, las grandes pesqueras podrán seguir usufrutuando de ese cupo o derecho preferente hasta 2033 (las licencias fueron entregadas en 2013) y estarían obligadas a competir por otra licencia recién en 2034. Siempre y cuando aún queden suficientes recursos pesqueros.

Con esta propuesta, el Ejecutivo pretende zanjar la amenaza que las empresas pesqueras exijan indemnizaciones por el cambio a los derechos entregados por ley en 2012. Así, permitiría avanzar rápidamente en los puntos donde hay mayores acuerdos y negociar los artículos más conflictivos.

 OTROS PROYECTOS

Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (Nueva Mayoría), el gobierno no tuvo intención manifiesta de cambiar la ley N°18.892 (o ley General de Pesca y Acuicultura), reformada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (Chile Vamos). Sin embargo, desde el Congreso se dieron instancias donde parlamentarios propusieron modificaciones (no sustanciales) a la ley.

En diciembre de 2016 se planteó una modificación para garantizar la protección del fondo marino y extender el área reservada a la pesca artesanal, promovida por parlamentarios de la Nueva Mayoría (7) y de Chile Vamos (2). Ingresó a Comisión y ahí quedó. Dentro de las 5 millas náuticas de espacio para los artesanales, se propuso extender el ratio hasta los 100 metros de profundidad, para que la pesca industrial no dañe el ecosistema de especies, como la sardina, con pesca de arrastre.

En tanto, los senadores UDI Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro y Hernán Larraín (actual ministro de Justicia), y los DC Manuel Antonio Matta y Andrés Zaldívar, propusieron modificar la ley para prohibir en las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y del Maule (regiones que ellos representaron), “en una franja de veinticinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales, el empleo tanto de redes como de sistemas de arrastre de fondo». También descansó en la comisión de Pesca, esta vez del Senado.