¿No están solos? el difícil camino de dos sobrevivientes de violaciones a los DD.HH en el Estallido Social
Escrito por Joceline Videla el septiembre 13, 2023
Carlos Astudillo y Juan Tenorio tienen una historia en común: ambos son sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social. El primero recibió un impacto de bala por parte de un militar, en Colina; el segundo, una bomba lacrimógena en su cabeza por parte de un carabinero, en Valdivia. A casi cuatro años, la denuncia del primero es reconocida en el Poder Judicial, mientras que el segundo aún espera que se formalice al carabinero que lo agredió. Con todo, ambos se unen por una efectiva reparación integral que, más allá de los anuncios del gobierno, advierten, se halla preocupantemente estancada.
En medio de las conmemoraciones por los cincuenta años del Golpe, este lunes 11 de septiembre la Corte Suprema ratificó la condena que dictó el TOP de Colina en contra del cabo del Ejército Pedro Lavín, quien disparó a Carlos Astudillo cuando éste participaba de las manifestaciones durante Estallido Social.
La defensa del militar buscó aplicar la ley Naín Retamal. Sin embargo, la Corte confirmó los siete años de cárcel por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas: “se disparó hacia la víctima, con un fusil de guerra, a una distancia de a lo menos 25 metros, no existiendo un acto hostil a su respecto”, versa el fallo.
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Casi cuatro años pasaron para que el hoy cientista político, administrador público y sobreviviente, Carlos Astudillo, pueda leer este veredicto. Cuatro años, una fractura de fémur, una hemorragia severa, la destrucción de su arteria femoral, dieciséis operaciones, siete reanimaciones, cinco episodios de muerte clínica, siete días en la UCI y dos meses internado con riesgo de amputación. Eso, sin contar las secuelas que lo acompañan hasta el día hoy: osteomielitis crónica, lesión vascular leve y alteración en el nervio femoral que lo conmina al uso de un bastón.
La misma suerte no corre para Juan Tenorio, quien en noviembre de 2019, al volver de su trabajo, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza. A pesar de ser amortiguada por su casco de bicicleta, ésta dejó secuelas físicas que aún lo aquejan: cefalea crónica, síndrome vertiginoso, y tinnitus (ruido) en ambos oídos.
Juan recuerda que, tras pasar por una barricada sintió cómo un furgón policial se acercó, se abrió una puerta y alguien le disparó, aturdiéndolo por varios minutos que para él fueron una eternidad.
Obstáculos a la hora de denunciar
Ni para Carlos ni para Juan interponer una denuncia en tribunales ha sido tarea fácil. En el caso de Carlos, en primera instancia la Fiscalía formalizó a Pedro Lavín solo por “Lesiones graves”. Sin embargo, su defensa, con apoyo del INDH consiguió, enmendar esta situación en la Fiscalía Centro Norte, haciendo efectiva la formalización por apremios ilegítimos, delito que mejor se adecúa a la violencia ejercida por un agente estatal.
Sumado a eso, la aprobación de la Ley Naín Retamal agregó más incertidumbre a los sobrevivientes, permitiendo que la defensa de Lavín dilate aún más el proceso al llevarlo a la Corte Suprema. Apelación que este 11 de septiembre se rechazó.
Lo de Juan reviste también de gravedad, si se considera que a pesar de tener identificado al funcionario de Carabineros que le disparó, su carpeta descansa junto con otras más de trescientas carpetas de víctimas de violencia estatal durante el Estallido, en el despacho del Fiscal de la Región de los Ríos, José Luis Vallejo, sin que todavía se dé el primer paso para emprender el camino judicial, la formalización.
Lo hace también, si se conoce que la identificación del carabinero corrió por su cuenta al presentar él mismo las pruebas que así lo suponen: la patente del vehículo policial, la hoja de ruta de Cenco, y el inventario que sitúan al funcionario como el único efectivo que ese día y a esa hora estaba autorizado para usar elementos de disuasión.
Rol de INDH v/s lentitud en Fiscalía
Ambos coinciden en valorar el acompañamiento del INDH. En el caso de Carlos, ayudó a la reformalización por apremios ilegítimos, mientras que en el de Juan significó la reactivación de su causa, ya que, según denuncia, la hoy Fiscal jefe de la Región de los Ríos, Tatiana Esquivel, la cerró de manera unilateral: “Ni siquiera me avisó y eso lo hizo con mucha gente”, asegura.
En la causa de Juan abundan elementos como estos, los que, a través del acercamiento a otras personas que viven la misma situación, lo hacen identificar una práctica que a su parecer se presenta sistemática. Es decir, se repiten los relatos en donde Carabineros entrega información cruzada o tardía a Fiscalía (en su caso tardaron un mes); en donde los protocolos de Estambul no se efectúan a tiempo (en su caso, dos años después); en donde se da el cierre de las causas de forma unilateral o cuando no, descansan en Fiscalía sin que se avance en las indagatorias.
Si bien reconoce una sobrecarga en tribunales, la situación no deja de preocuparle debido a la ley de prescripción de demandas al fisco, la que, según indica cierra el plazo para demandar de forma civil al Estado en cuatro años: “Eso se viene ahora desde el 18 de octubre de 2023 en adelante. O sea, se esperaron a que esta cuestión se enfríe para que no demanden al fisco o simplemente la Fiscalía no se está moviendo por alguna orden superior”, sospecha Juan.
Sobre esto, cabe precisar que, los delitos contra de los derechos humanos no prescriben, pero el interponer una demandan civil después de cuatro años puede significar un obstáculo, ya que se debe iniciar una discusión que puede tardar meses en dirimirse. Un ejemplo es la demanda de la familia de Matías Catrileo.
¿No están solos?
Cuenta Pública 2022
“Cuentan con nosotros. No están solos. Cuando vean que nos demoramos más de la cuenta, recuérdennos”. Con estas palabras el presidente Gabriel Boric anunció en mayo de 2022 la implementación de la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación para violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Estallido Social.
En la Cuenta Pública de ese mismo año, reafirmó dicho compromiso con los sobrevivientes, recordando las muertes de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito: “En nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo”, declaró.
La Agenda de reparación que anunció el mandatario contemplaba tres ejes: Mesa de Reparación Integral, la conformación de un Comité Interministerial de Derechos Humanos y un proyecto de ley de defensoras y defensores de los derechos humanos. En la Cuenta Pública del año siguiente, no se hizo ninguna mención de esta agenda.
Bajo el conocimiento de Carlos, quien se desempeña como asesor de la senadora Fabiola Campillai, no se ha ingresado ningún proyecto de ley en favor de la reparación de las víctimas. Y si bien el anuncio de la Agenda partió con fuerza con la implementación de la Mesa de Reparación, a su juicio, la iniciativa se encuentra estancada.
Para Astudillo, esto se debe a la contingencia política, en la que, el negacionismo, a propósito de los cincuenta años del Golpe de Estado, entorpece el avance en esta materia. Por su parte, Juan atribuye algo de responsabilidad a la dificultad que existe en el mundo social para aunar fuerzas y ejercer una verdadera presión, libre de intereses o favores políticos.
Lo que les queda a los sobrevivientes
Los traumas de Carlos y Juan, los llevaron a conocerse con la aspiración de, más allá de sus propios casos, continuar trabajando por una efectiva reparación integral. Ambos recuerdan que de manera virtual se fueron dando contención junto con otras personas en la misma situación.
Se conocieron personalmente cuando, en conjunto con varias organizaciones de víctimas de violencia estatal, hicieron llegar al presidente Gabriel Boric una carta para protestar por la remoción de la subsecretaria de DD. HH Haydée Oberreuter, quien, según argumentan en la misiva, fue reemplazada por negociaciones políticas: “Estábamos muy acompañados, ella estaba muy situada con nosotros fuera de su cargo. Ella estaba con nosotros. Encuentro que era una figura muy conciliadora”, lamenta Juan.
Hoy, en medio de la incertidumbre, los sobrevivientes de delitos contra los derechos humanos durante el Estallido Social, siguen aspirando al reconocimiento integral de sus traumas más allá de los discursos. Si bien valoran los avances de la implementación de iniciativas como el programa Pacto, tienen dudas respecto a la suficiencia del éste que hoy atiende a víctimas de trauma ocular, pero promete ampliarse a otros sobrevivientes.
Pendemos de un hilo y de voluntades políticas, y eso no es una reparación
Denuncian que lo que hoy hay para ellos, se limita a pensiones de gracia que describen, “miserables” y condicionadas. Por ejemplo, a la aprobación del presupuesto anual en el parlamento: “Pendemos de un hilo y de voluntades políticas, y eso no es una reparación”, enfatiza Juan.
Hemos sentido el abandono de los medios, también del gobierno
Días antes del veredicto de la Suprema, Carlos conversó con Radio JGM, y se refirió al estado anímico de los sobrevivientes a cuatro años de la revuelta: “Hemos sentido el abandono de los medios, también del gobierno”. Con todo, su fallo sienta un precedente que abre un camino para el resto de los sobrevivientes, que, como Jorge, aún no han podido iniciar el camino legal.
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