Nueva Constitución, una oportunidad para consolidar el derecho a la ciudad

Escrito por el junio 10, 2017

En el marco del seminario “Derecho y Territorio”, el senador Carlos Montes en conjunto con la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Dayana Guzmán y el arquitecto del Comité Hábitat y Vivienda, Fernando Jiménez, problematizaron acerca del desarrollo urbano y cómo la formulación de una nueva Constitución sería garante de que toda actividad en el territorio promueva el respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

por Constanza Romero Lecourt

El suelo, el aire, el agua y el mar, son algunos de los elementos de la ciudad que están permanentemente en disputa. Sin embargo, todos ellos pertenecen a un patrimonio común que debiese estar al servicio de las necesidades de todas las personas.

De allí deviene la urgencia de pensar en los problemas que aquejan a nuestro territorio.

“El cambio en la Constitución y el derecho a la ciudad es una construcción colectiva impostergable. Sin embargo, esta modificación debe estar acompañada de una diversidad de instrumentos legales que la hagan realmente operativa”, señaló el miembro del Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos, Fernando Jiménez.

Desde la mirada del arquitecto, la dignidad en la ciudad y el territorio no sólo se logra con la igualdad de bienes y servicios, equipamiento e infraestructura. “No es suficiente si no se tiene acceso a la toma de decisiones y a la construcción en comunidad respecto este rumbo en común, el hábitat de todos y todas”, enfatizó el especialista.

Los participantes del seminario concordaron en que el derecho a la ciudad no es un asunto que tenga relevancia en la agenda pública. A diferencia de otros países, concita poco debate y reflexión.

“Las dificultades que aquejan a la ciudad van más allá de cuestiones políticas y culturales, lo que está a la base es constitucional. En la carta fundamental chilena el interés particular está por sobre el bien común. Por eso, es que el suelo y la plusvalía ha estado en permanente conflicto en Chile”, indicó el senador Carlos Montes.

Dayane Guzmán, representante del INDH, reforzó esta idea y explicó que desde hace varias décadas Chile se encuentra en una encrucijada. “Si bien el país aspira al desarrollo se deben buscar maneras sustentables de lograrlo.  Esto debe ir de la mano con cumplir con una serie de garantías desde los derechos humanos, sin empeñar el bienestar de su población”, explicó la representante.

Uno de ellos es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y está reconocido dentro de nuestra actual Constitución. Sin embargo, cada vez son más los proyectos que generan discrepancias en torno a lo socioambiental, dado que los intereses de los inversionistas están muy lejos de representar las demandas de la ciudadanía. La experta explicó que a partir del 2010 comenzó una intensa preocupación respecto a la responsabilidad que tienen las empresas en relación a los territorios.

“Es ahí donde para nosotros cobra relevancia establecer este puente entre las necesidades de la comunidades que habitan dichos territorios, las obligaciones que tiene el Estado y la forma en que se piensa un modelo social y económico acorde a dichas obligaciones”, sostuvo Guzmán.

En el Instituto Nacional de Derechos Humanos han realizado una serie de acciones en terreno para colaborar en estas zonas aquejadas como Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Chiloé y el extremo sur del país. La última de ellas fue en el 2016, a propósito del florecimiento de la marea roja y del vertimiento de los salmones.

“A mí me tocó ser parte de la misión. En esas circunstancias, es posible experimentar en carne propia cómo se vinculan las necesidades de desarrollo, bienestar y goce de derechos humanos de la población con las acciones de las empresas o instituciones en el territorio. Pero además, es posible palpar en esos escenarios de conflicto social donde entran en juego diversos derechos como el trabajo, a la salud, a acceder a la información entre muchos otros”, comentó la delegada del INDH.

Los expositores coincidieron en que la Constitución debiese ser el reflejo de los acuerdos mínimos de una sociedad democrática y que tenga un relato crítico. Por eso, ha sido importante el anuncio de un nuevo proceso constituyente.  Pero también  existe una serie de desafíos por los que se deben hacer ciertas consideraciones. Por ejemplo, que ésta incluya la paridad, a los sectores que han sido vulnerados y la participación ciudadana. Junto con la revalorización de la ciudad y la de todos sus espacios.

 

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