Francis Valverde: «Chile es el único país de América Latina que no tiene una ley de protección de derechos del niño»

Luego de varias semanas marcadas por la criminalización a los niños, niñas y jóvenes, además de las constantes vulneraciones a sus derechos en zonas de sacrificio, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde, apuntó a la falta de una legislación que proteja efectivamente a la niñez.

Francis Valverde. Foto: Radio UChile.

Este jueves y viernes, Fuerzas Especiales (FF.EE) de Carabineros ingresaron al Internado Nacional Barros Arana y el Instituto Nacional, respectivamente, situación que fue denunciada por sus comunidades.

Los casos de violencia policial contra niños, niñas y jóvenes han incrementado en los últimos meses desde la aprobación de Aula Segura, sumado a la criminalización a la juventud por el toque de queda en diferentes comunas del país y la vulnerabilidad a la que están sometidos y sometidas en el paso fronterizo Chacalluta a la espera de una respuesta por parte del Gobierno de Chile.

Asimismo, la Defensoría de la Niñez reveló que se han vulnerado cerca de 17 derechos de los niños y niñas en los episodios de contaminación de Quintero y Puchuncaví, incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para profundizar más en este tema, Radio JGM se comunicó con con la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde.

¿Qué opina del ingreso de Fuerzas Especiales de Carabineros a dos liceos de Santiago en estos últimos días?

No hay ningún fundamento para que FF.EE. ni Carabineros ingresen a algún establecimiento educacional del país. Eso va contra todas las normas definidas sobre los derechos del niño. Entonces, estamos frente a una situación de total criminalización de niños y niñas en sus espacios protegidos. Se supone que el establecimiento educacional es un espacio de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, en donde pueden cometer errores como todos los humanos lo hacemos, pero donde todas las medidas que se tomen serán formativas, de modo tal de aprender de los errores y ver en conjunto con los adultos de la escuela cómo enfrentarlos. En ese sentido, no hay ninguna posibilidad de que la entrada de FF.EE. sea formativa, y lo que hace es exacerbar el continuo de la violencia, no entendiendo la etapa de desarrollo en la que están los jóvenes ni por qué se expresan de una forma u otra.

¿Esto es reflejo de la nula protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes por parte del Estado?

En el caso de nuestro país, el tema es bien crítico cuando se piensa que es el único país de América Latina que no tiene una ley de protección de derechos del niño. No hay ninguna ley que garantice sus derechos, que garantice su protección integral y sus espacios de desarrollo sin violencia. Evidentemente, es una más de las vulneraciones que está cometiendo el Estado contra sus propios jóvenes.

En vísperas del día del niño y la niña, ¿cómo ve la respuesta del Estado ante la situación de niños y niñas en el paso fronterizo Chacalluta, por ejemplo, o la criminalización que se les ha hecho con el toque de queda en diferentes comunas del país?

Aquí hay que mirar los hechos de manera mucho más sistémica. El Gobierno de Chile, cuando tomó el poder, planteó que los niños y niñas estaban primero. La pregunta es qué niños y niñas estamos hablando. Claramente, quienes viven vulneraciones más graves en sus derechos, no pareciera haber ningún cambio fundamental en sus vidas. Por otra parte, uno de los elementos clave es asegurar que los niños y niñas, sin importar su nacionalidad, origen, etnia o condición social, puedan ser protegidos por el Estado. El Estado tiene la obligación de proteger a todo niño o niña por el solo hecho de ser niño o niña. Chile no lo hace. Tenemos a un Estado que cada vez más controla con Aula Segura, toque de queda, la idea de bajar la edad responsabilidad penal a 14 años (…) Los niños y niñas son sujetos de derecho, que deben ser respetados y subsistidos como cualquier otro ciudadano, pero en especial porque están en una etapa de desarrollo en donde la forma de trato con ellos marca su historia de vida.

Estamos frente a una situación extremadamente compleja. Por una parte, el Estado tiene la voluntad de reconocer sus derechos, pero en la práctica realizan más control y mayor criminalización. Por ejemplo, el control de identidad a jóvenes menores de 18 años que se está realizando en sectores populares. Por ley le dice a todos los adultos que los niños son un peligro. Entonces, es una de las culturas que ataca la Convención de los Derechos del Niño en relación a la peligrosidad de la infancia, que tiene que ver con la incapacidad de entender a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos, y lo que queremos es que nos obedezcan, y si no lo hacen, los sancionamos. Queremos unos robots que nos hagan caso. Las medidas del Gobierno son de control social, lo que es grave desde la perspectiva del desarrollo de los niños y desde la perspectiva del desarrollo del país. Estamos en un círculo vicioso difícil de desenmarañar desde las palabras.

Ante estas situaciones, también sumado a la situación de niños y niñas en zonas de sacrificio, ¿cree que debería haber una respuesta internacional que condene al Estado de Chile por vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes?

Hubo una condena. En el sistema de la ONU, la condena más fuerte que puede tener un país es que envíe un relator especial a averiguar lo que está pasando con un grupo social o los DDHH en general, y producto de las graves vulneraciones de los derechos de los niños, se configuró una comisión para hacer un informe especial sobre esto. Este informe acusa al Estado de Chile de vulnerar los derechos del niño de manera sistemática, ejemplificando con los niños que están en los proyectos del Sename. Pero eso quiere decir que si esos niños son vulnerados en sus derechos, todos los niños lo están, porque no tienen la posibilidad de sentirse protegidos en Chile. Entonces, hay una acusación a nivel de la ONU importante. Claramente, estamos frente a una situación de extrema vulneración de derechos de niños y niñas por parte de su propio Estado.

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