Ley corta Antiterrorista: Sin enfoque de DDHH y criminalizadora

Escrito por el 9 Agosto 2019

Mientras el gobierno insiste en ampliar las facultades para la investigación de crímenes de carácter terroristas, la comisión chilena de Derechos humanos y el Consejo de Todas las Tierras temen que la aprobación y eventual el uso de esta ley corta aumente las violaciones al debido proceso y la persecución al pueblo Mapuche.

El pasado 7 de agosto por la tarde el Senado dio el visto bueno a la ley corta Antiterrorista, que entrega nuevas facultades a la fiscalía y a las distintas policías para investigar casos donde el Ministerio Público dictamine que se cometa terrorismo.

Entre esas herramientas están el uso de informantes, agentes encubiertos, interceptación y grabación de llamadas telefónicas u otras formas de telecomunicación, además de la captura o filmación de hechos esclarecedores a través de cámaras o micrófonos escondidos.

La presión por aprobarla de forma rápida surgió luego del atentado en la 54 comisaría de Carabineros en Huechuraba a fines del mes pasado, además del atentado frustrado en contra del ex ministro Rodrigo Hinzpeter tras el envío de una bomba a su persona.

En este contexto, el abogado miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, cuestionó que una medida como esta “entraña un grave peligro, particularmente en el caso de Chile porque (las policías) no están formadas en el respeto a los DDHH, una consideración que no debemos despreciar, al revés. Cuando se entregan facultades que son bastante amplias, como las que se entregarían ahora, siempre hay que tener ojo en quién va a hacer uso de estas. Hoy día tenemos el problema de que tanto las policías, como en general los cuerpos armados, incluidas las Fuerzas Armadas, no están formadas en el respeto a los DDHH. Entonces, hay una fundada sospecha de que puede ser mal utilizada“, afirmó.

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En esa línea, en su opinión señaló que “lo central está en elaborar una Ley Antiterrorista desde el artículo 1 hacia adelante, donde en primer término se tipifique el delito terrorista de acuerdo a los estándares de DDHH y, en segundo lugar, tiene que ser una ley que se legisle no en el marco de una situación coyuntural, que como hoy día vemos el gobierno quiere aprovechar para tratar de subir en las encuestas. Eso no puede ser, porque las legislaciones anti terroristas en el mundo siempre tienen un carácter excepcional“.

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En este escenario el ejecutivo anunció la suma urgencia a la Ley larga Antiterrorista, que se encuentra en tramitación hace unos meses y modifica la actual legislación en puntos clave como una nueva definición de lo entendido por terrorismo, la utilización de testigos protegidos y la creación de un fondo para este tipo de investigaciones.

Ante esta realidad, dicha tramitación generó preocupación en el pueblo mapuche, dada su utilización histórica en casos como Huracán o “Norín Catriman y otros”. Uno donde se probó la realización de un montaje por parte de Carabineros y el otro que fue condenado por la Corte Interamericana de DDHH por proceso indebido.

Este último caso por violar la presunción de inocencia y el debido proceso, además del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley en beneficio de las víctimas.

En este sentido, el Werken del Consejo de Todas las Tierras Mapuche, Aucán Huilcamán, se mostró preocupado por la implementación legal de medidas ya utilizadas en el caso Huracán.

“El proyecto de ley tiene como objeto adoptar una ley represiva, contrario al respeto a los derechos humanos, porque en definitiva no son los recursos económicos lo que se pone a disposición, sino prácticamente la figura del testigo sin rostro, la delación y otro tipo de prácticas que se configuró y se dio en el marco de la operación Huracán. Aquí prácticamente tendrían un carácter legal“, declaró.

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El mismo vocero opinó que esta ley tiene como objetivo “proteger los intereses del capital nacional y transnacional que opera en el territorio mapuche en desmedro del respeto de los derechos que se merece este pueblo. Por tanto, la relación forzada desde el punto de vista político, del Estado chileno con los mapuche, se quiere mediar utilizando una ley tan severa como la Ley Antiterrorista“.

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Por ahora, la Ley corta Antiterrorista pasó a la comisión de constitución del congreso y espera para seguir su curso hasta una eventual promulgación.

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