Estudiantes señalan que acusación constitucional contra Marcela Cubillos no da garantías suficientes
Escrito por José Ojeda el agosto 23, 2019
La oposición al gobierno presentará una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Frente a esta iniciativa, diversos sectores que participan de la comunidad educativa, han manifestado que sus necesidades van por otro lado y que la jefa de cartera ha obstaculizado a los jóvenes a que ejerzan su derecho por una educación de calidad.
Foto: Resumen.cl
Estudiantes, especialistas y apoderadas mostraron su desconfianza ante el anuncio de acusación constitucional de la oposición contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, apuntando a que no es lo que necesitan las comunidades educativas y que la propia acusación no da garantías.
Esta acusación se enmarca también en una semana en donde la Mesa de Diálogo Curricular presentó un recurso, el cual fue aceptado, contra Cubillos y el Consejo Nacional de Educación, debido al cambio curricular para tercero y cuarto medio que le quitó la obligatoriedad a los ramos de Historia y Educación Física.
Ayelen Salgado (Créditos: Prensa Irreverente)
La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Ayelen Salgado, manifestó que esta acusación no le garantiza nada a las comunidades educativas y no va en línea con sus demandas.
«De qué sirve hoy que estén haciendo esta denuncia, si ningún Gobierno ni partido político se ha hecho cargo realmente de la educación pública de este país. No olvidar que ese mismo sector que estuvo en el Gobierno quiso cerrar el conflicto de la movilización estudiantil cuando siempre supimos que sus reformas no cambiarían nada. Nosotros sabemos que esta Constitución hecha en Dictadura está elaborada para que ellos sigan ganando, así que esta acusación no nos garantiza absolutamente nada y no va en línea con lo que necesitan las comunidades educativas».
Uno de los puntos importantes de la acusación tiene relación con el envío masivo e irregular de correos para promocionar el proyecto de ley de Admisión Justa. Sobre esto, el integrante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), Mario Sobarzo, señaló que la Ministra hizo mal uso de los recursos públicos al difundir este proyecto.
«Es bastante complejo que el Ministerio de Educación utilice información confidencial, que está hecha para enviarle datos e información a la familia respecto a sus hijos, para promocionar una ley que no fue aprobada y que ni siquiera entró en proceso de discusión legislativa. Está haciendo mal uso de recursos públicos, y lo que la Ministra estaba haciendo es promocionar algo que no existe como la ley de Admisión Justa y que, además, no contaba con el apoyo de la mayoría del Congreso», aseveró.
La integrante de Madres y Padres organizados en Defensa por la Educación Pública, Magally Ávila, criticó la labor de la Ministra, recalcando en que ha impedido que los estudiantes ejerzan su derecho a la educación.
«(…) lo que más afecta es que ella está impidiendo que estudiantes puedan ejercer su derecho a educarse. Creo que ese es el principal motivo por el que se le debiera acusar, junto con Piñera, Alessandri y la Intendenta, que son las personas a los estudiantes están interpelando«, comentó.
La acusación, que en primera instancia iba a ser presentada esta semana, se atrasó hasta el 5 de septiembre, y será respaldada por el Frente Amplio y partidos de la ex Nueva Mayoría.
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