Estado de Emergencia: Criminalización mediática a las manifestaciones

En el contexto de las movilizaciones que se han extendido a lo largo de todo Chile desde el jueves 18 de octubre, el gobierno ha tomado una serie de medidas represivas contra los manifestantes, tipificando los movimientos sociales como «vandálicos», hecho que es reforzado por el accionar criminalizador de los medios de comunicación masivos.

A partir de la jornada del jueves 18 de octubre, gran parte de la ciudadanía chilena se ha manifestado, expresando un claro descontento social frente a las carencias en materia de transporte, jubilaciones o salud.

Frente a esta acción civil, el gobierno encabezado por el Presidente Sebastián Piñera ha tomado medidas respecto al alza sostenida del valor del transporte público en la ciudad de Santiago, sin embargo, ha hecho vista gorda al resto de las peticiones de la población, y ha desplegado efectivos de Fuerzas Armadas para reprimir las manifestaciones de manera violenta.

Junto al accionar del Poder Ejecutivo, los medios de comunicación masivos han llevado a cabo una difusión que destina la mayor parte de su espacio a cubrir actos vandálicos que ocurren en paralelo a las protestas pacíficas, obviando las agresiones y violaciones a los Derechos Humanos efectuadas por personal de las Fuerzas Armadas.

El día viernes 20 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio un catastro que da cuenta de “ocho acciones judiciales por torturas, 238 personas detenidos, 44 heridos (nueve de ellos graves) y nueve personas desnudadas (por funcionarios de Fuerzas Armadas)”.

El comunicado también da cuenta de casos específicos, como el de un hombre que recibió un disparo percutado por Fuerzas Especiales a cinco metros de distancia, el de un niño que tiene alojadas balas en hígado, riñón y piernas, y el de una niña herida con un balín en la pierna. Estas constataciones fueron hechas en los hospitales Félix Bulnes, San Juan de Dios, Clínica Dávila, San Borja y Clínica Alemana.

Respecto a estas vulneraciones, el consejero del INDH, Carlos Frontaura, señaló que “estamos llevando registro, en nuestra tarea de ver que se respeten los Derechos Humanos de los chilenos, tanto en el ejercicio del derecho a reunión pacífica, como también respecto de los otros chilenos que no participan de esos hechos, que también pueden sufrir atentados a sus derechos, especialmente a la propiedad pública o privada. Estamos observando, registrando y llevando a cabo acciones judiciales, como es nuestro mandato y nuestra tarea», enfatizó.

En tanto, el abogado experto en Derechos Humanos, Francisco Bustos, se refirió al tema señalando que “una vez declarado el Estado de Emergencia, debemos tener en cuenta dos cosas: que los derechos que restringe son solo las libertades de locomoción y reunión, ningún otro tipo de derecho. Aquí surge una preocupación, porque las fuerzas militares están entrenadas en el uso de la fuerza letal, en cambio, el control del orden público requiere, por regla general, el uso de fuerza no letal».

A lo que agregó, «durante la vigencia del toque de queda, las Fuerzas Armadas pueden detener a las personas y llevarlas a la comisaría, sin embargo, lo que no pueden hacer es maltratar, cometer vejaciones, golpear a alguien, decirle que corra y dispararle después. Todas esas conductas, que gracias a los medios electrónicos están siendo difundidas, deben ser investigadas y sancionarse a los responsables», puntualizó.

1. Respecto a la labor ejercida por los medios de comunicación masivos, la ex-presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, señaló que “sin hacer un estudio acabado, una primera impresión que podríamos dar como comunicadores, es que en los últimos días, las coberturas de los medios han tenido una priorización de enfocarse en los contenidos asociados a eventuales manifestaciones violentas, o de plano en situaciones de delincuencia y vandalismo. Existe una espectacularización de estas movilizaciones, sin priorizar el debate respecto a las causas ni los debates de fondo que implica este estallido social que se ha provocado en Chile. Estas coberturas coadyuvan a una paranoia, a una preocupación casi ‘psicótica’, de que estamos aquí enfrentados a una situación de violencia inacabable», indicó.

En ese sentido y a través de una declaración pública el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, a través de su Escuela de Periodismo, manifestó su molestia ante la cobertura que han dado los medios de comunicación.

En esta señalan que «llamamos a los medios a cumplir con la exigencia ética y social que la profesión nos convoca, con un tratamiento plural y ético que no considere solamente las fuentes oficiales, sino a todas las voces». 

La concentración del accionar de los medios de comunicación, que señala a los manifestantes como ejecutores de actos vandálicos, contrasta con los múltiples registros audiovisuales llevados a cabo por la ciudadanía, en los cuales es posible apreciar a efectivos de las Fuerzas Armadas destruyendo la vía pública y ejerciendo actos de violencia desmedida contra miembros de la sociedad civil, hecho que se condice con lo señalado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

A este tipo de fenómenos, se suman los 11 fallecidos que hasta ahora se registran en la Región Metropolitana, además de las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, quién señala que en este momento los ciudadanos chilenos “estamos en guerra”.