El curriculum de DD.HH alternativo de Bachelet

El recién pasado viernes 10 de agosto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo que fue un regalo adelantado de cumpleaños, ratificó a la ex presidenta Michelle Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos, lo que quiere decir que ahora es ella la mayor exponente de los DD.HH por parte de la comunidad internacional y será la encargada de promoverlos a lo largo de todo el mundo.

Ante esta medida, que viene a demostrar que a veces las Naciones Unidas tiene un enfoque político por sobre humanitario, cabe preguntarse los antecedentes en materia de Derechos Humanos de la ex mandataria.

Es posible que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres no esté al tanto de lo que fueron los años con Michelle Bachelet en la presidencia, es por eso que a modo de solidaridad, les presentamos este curriculum alternativo de Derechos Humanos de la ex presidenta.

El negocio del Sename

La crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) se destapó el 2016 con la muerte de la menor Lissette Villa, quien fue victima de abusos físicos por parte de sus cuidadoras. Si bien es evidente que no se puede responsabilizar a la mandataria por todo lo que ha sucedido en los centros para menores durante los últimos años, si es ella quien debe responder por el pésimo manejo que hizo de la situación cuando esta estalló.

El diputado René Saffirio fue quien reveló que entre los años 2005 y 2016 -durante los cuales 6 fue presidenta Michelle Bachelet-, habían fallecido 1.313 menores que eran responsabilidad del Sename. Esta cifra, resultado de una investigación realizada por el parlamentario, vino a echar por tierra el primer informe dado a conocer desde el mismo servicio, donde se reconocía que eran 210 los muertos.

Estas diferencias estaban basadas en los criterios para referirse a los niños muertos, ya que en muchas ocasiones en vez de señalar su fallecimiento, se les anotaba como «egresados», dando a entender que se habían marchado de los centros.

Saffirio también se refirió al funcionamiento de los partidos dentro del Sename, acusando que se hace uso del servicio como una plataforma para operadores políticos, acusando directamente con nombre y apellido, como es el caso de Tomás Walker, hermano del senador Patricio Walker, demócrata cristiano e integrante del conglomerado del gobierno de Bachelet, vinculado a una fundación que trabaja con recursos del Estado destinados al funcionamiento del Sename.

Según explicó Saffirio, Walker junto a otros amigos y familiares de políticos, se dedicaban a sacar el dinero que el fisco les daba para el cuidado de los menores, y era llevado a las arcas de los partidos con el objetivo de financiar campañas y pagar favores. Esto funcionaba manteniendo  niños y niñas el mayor tiempo posible dentro de los centros, ya que las casas de fundaciones reciben subsidios del Estado por cada menor bajo su responsabilidad.

Como si eso fuera poco, al tiempo después de ya mediatizada la situación del Sename, Bachelet en respuesta a la crisis, nombró a Solange Huerta como directora de la institución. Esto resulta revelador si se considera que fue Huerta la fiscal encargada de investigar las responsabilidades del gobierno en las horas posteriores al terremoto del 2010, dejando blindada a la ex presidenta. Algo similar a lo que hizo en el marco de la investigación del Caso Penta, particularmente al destituir al fiscal Gajardo cuando en la arista de SQM aparecieron los primeros involucrados de la Nueva Mayoría.

Sin embargo, los méritos de Huerta no acaban ahí, ya que la ex fiscal tuvo una gestión en el ministerio público donde decidió no perseverar en el 70% de los casos de abusos infantiles que llegaron a su poder mientras trabajaba para el poder judicial, señalando que no habían suficientes pruebas.

A pesar de todo lo anterior, lo más nefasto no ha sido solo el mentir respecto a la cantidad de niños y niñas fallecidas, de los cuales cabe preguntarse cuantos casos han sido responsabilidad directa de sus cuidadores, ni el premio a Huerta por su lealtad, sino la infinidad de otras atrocidades ocurridas dentro de los centros del Sename, como el testimonio de menores que hablan de como se les obliga a consumir medicamentos a fin de que no «molesten» , son golpeados por los funcionarios o la horrible noticia de la aparición de redes de prostitución infantil .

Frente a la suma de lo anterior, a mediados del 2017, la ex presidenta señaló que si bien habían problemas, se estaba haciendo un aprovechamiento político de la situación “En nada ayuda el aprovechamiento político, con los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes no se juega. Seamos serios”. Y tenía razón, no estaban jugando, estaban -y siguen- lucrando.

La causa mapuche

En marzo del 2017, desde la oficina de los Derechos Humanos de la ONU -la que ahora es la nueva oficina de Michelle Bachelet-, expresaron preocupación por el tratamiento que estaban recibiendo algunas comunidades mapuches producto de las intervenciones policiales.

Zeid Ra’ad Al Hussein, el que por aquel entonces era Alto Comisionado para los Derechos Humanos, señaló que tenían informes que señalaban “un uso excesivo de fuerza y otros abusos contra grupos indígenas» de parte del gobierno de Chile. Sin embargo, ya desde ese entonces se veía venir cierto romance entre las Naciones Unidas y la mandataria, ya que en el mismo mensaje, Al Hussein expresa que a pesar del problema con los mapuches, se reconocía a Bachelet como una líder con iniciativa por mejorar la situación.

Quizás el Alto Comisionado no sabía, o si sabía no le importó, pero no hace mención a las victimas indígenas de la mandataria. Y para esto, es importante recordar que la presidencia de Bachelet no fue solamente del 2014 a 2018, sino que también hay que evaluar su primer gobierno de 2006 a 2010.

Durante agosto de 2006, en el primer gobierno de la presidenta, carabineros asesinó al Lonko Juan Collihuin Catril, de 71 años quien recibió un disparo a quemarropa, cuando se realizaba un operativo en su comunidad por supuestos casos de robos de animales. Este caso sentaría precedentes en lo que es una constante en cuanto abusos a los grupos mapuches: la impunidad, ya que la Fiscalía Militar, ente encargado de la investigación resolvió absolver al sargento Luis Mariman.

Sin duda uno de los casos más recordados sea la muerte de Matías Catrileo, joven universitario de 22 años, que recibió un disparo por la espalda el 3 de enero del 2008, durante una manifestación en el Fundo Santa Rosa. Catrileo recibió un disparo de parte de Walter Ramírez, quien fue juzgado por la justicia militar -que al parecer se caracterizan por lo amables que son entre los propios uniformados- y no solo no fue a la cárcel, ya que fue condenado a 3 años de libertad vigilada, sino que fue dado de baja recién el 2013, a 5 años del homicidio.

Una situación más reciente que demuestra el poco valor que dio Bachelet y su gobierno a la vida de los mapuches, fue el caso del joven de 17 años, Brandon Hernández Huentecol, que en diciembre del 2016 recibió más de 100 perdigones en su espalda mientras defendía a su hermano de 13 años, el que estaba en el piso y apuntado por carabineros.

A Brandon le dispararon a quemarropa, a 30 centímetros de su cuerpo y cuando estaba en el piso. Cristian Rivera, autor del disparo, pertenecía a una unidad de fuerzas especiales instalada el 2015 en un antiguo recinto educacional, transformado en parte del aparato policial en la región. Durante la investigación, lo más mal que lo pasó Rivera fue que lo transfirieron a labores administrativas, es decir que de disparar a niños, fue enviado a hacer trabajo de oficina.

Una vez llevado a proceso Rivera fue formalizado a comienzos del 2018 y quedó con arresto domiciliario total durante lo que queda de investigación.

Como punto culmine de su gestión en cuanto a los mapuches, es imposible dejar de señalar el fiasco que fue la Operación Huracán, donde desde el departamento de inteligencia de Carabineros se manipularon pruebas para inculpar a comuneros en supuestas asociaciones ilícitas. Esta situación vino nuevamente a corroborar el cero interés de parte de la presidenta, quien a través del ministerio del Interior, particularmente junto al subsecretario Mahmud Aleuy, dirigía la «lucha antiterrorista». Mención honrosa a la defensa a ultranza de Bachelet al ex director de Carabineros, Bruno Villalobos, directo responsable del montaje de Huracán.

Podemos aseverar que en lo correspondiente a las reivindicaciones mapuches, el gobierno de Michelle Bachelet fue claro en su postura, se trató como una lucha contra el terrorismo y fueron los habitantes de las comunidades quienes pagaron el costo. En este sentido, resulta especialmente preocupante el trabajo realizado por el subsecretario Aleuy al juntarse con la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich -la misma involucrada en la desaparición y muerte del activista Santiago Maldonado-, para intercambiar información y discutir de forma bilateral el asunto mapuche. En palabras del columnista Leopoldo Lavín Mujica «Casi igual -pero esta vez en democracia- que en los tiempos de la siniestra Operación Cóndor».

Finalmente, no queda más que felicitar a la ex presidenta, quien ha demostrado que para llegar lejos no se necesitan méritos, que con simpatía y carisma se pueden lograr cargos de alto comisionado, y que los Derechos Humanos son para muchas personas, una bonita idea para un discurso pero que no hay interés de practicarlos.

En cuanto a las Naciones Unidas, queda en evidencia el criterio a la hora de elegir a sus líderes, con una mirada política por sobre el objetivo humanitario que debería sustentar a la organización. Es así como Michelle Bachelet se convertirá a partir de septiembre en la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, habiendo sido confirmada de manera unánime por países como el Estados Unidos de Donald Trump, la China de Xi Jinping, la Francia de Macron y la Venezuela de Maduro. Todos exponentes de la defensa de los Derechos Humanos.

Naciones Unidas, gracias por tanto.