La región de América Latina concentra 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas producidas entre 1980 y 2020, de acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias elaborado por la ONU. En concreto, se trata de Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile, quienes se suman a Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán.

Aunque dichos países engloban las cifras más altas, Latinoamérica en general presenta un panorama adverso. De acuerdo con Amnistía Internacional, entre 1966 y 1986 desaparecieron cerca de 90 mil personas en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Haití. 

Pese a que se trata de una problemática histórica, la respuesta de los gobiernos latinos ha sido limitada e insuficiente. Frente a esto, diferentes organismos de la sociedad civil se han organizado para exigir justicia y reparación. 

¿Qué esta sucediendo en la región?

En América Latina, las desapariciones forzadas continúan siendo un problema vigente. A esto se suma la falta de avances institucionales, la escasa implementación de políticas de búsqueda efectivas y la limitada respuesta estatal frente a nuevas denuncias.

Casos recientes, como el de Perú, generan preocupación en materia de derechos humanos. El pasado  13 de agosto la presidenta del país, Dina Boluarte, promulgó la Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado. La normativa contó con el apoyo de los partidos políticos conservadores y de ultraderecha.

Esta legislación nace pese a que durante 2024, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED), informó de 17,737 denuncias de desaparición de personas. Esto indica un promedio de 48 denuncias por día.

Para la activista de derechos humanos y Coordinadora de personas desaparecidas del CNDDHH de Perú, Doris Caqui, esta legislación promueve la impunidad.  “Ahora con esta ley de amnistía todos los responsables de estos crímenes de lesa humanidad quedan en completa libertad, libre de polvo y paja. Libres de toda responsabilidad. Realmente es inconcebible (…) No sabemos si existe un gobierno para ricos y pobres”, puntualizó.

Asimismo, añadió que dicha normativa atenta contra la memoria en derechos humanos. “El objetivo principal que tiene al promover este tipo de leyes, es generar el olvido. Es decir que aquí no ocurrió nada”.

En esa misma línea, Colombia enfrenta un escenario adverso. Entre 2019 y 2021, el país vivió un estallido social marcado por la represión estatal y violaciones a los derechos humanos. La gravedad del asunto llevó a que el actual presidente, Gustavo Petro, se comprometiera a crear una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos por las fuerzas militares y paramilitares. Sin embargo, hasta la fecha esto no ha ocurrido.

Previo a este acontecimiento, Colombia ya registraba altas cifras de víctimas de desaparición forzada. El Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022) determinó que al menos 450.666 personas fueron asesinadas en el contexto del conflicto armado. Además, 121 768 fueron víctimas de desapariciones forzadas y 16 238 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados.

Negacionismo

Junto con la falta de medidas eficaces, uno de los desafíos que enfrenta América Latina es la presencia de posturas negacionistas de algunos gobiernos. Autoridades políticas de la región han minimizado o cuestionado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. Esto ha causado preocupación entre organismos internacionales, especialistas y sectores de la sociedad civil.

Por ejemplo, en marzo de este año el Gobierno argentino de Javier Milei difundió un video institucional donde niega la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983), número que establecieron organizaciones de derechos humanos.

Por otro lado, en México existen cuestionamientos sobre la actual administración. De acuerdo con Héctor Cerezo, miembro fundador del Comité Cerezo de México, un colectivo dedicado a la defensa y promoción de los Derechos Humanos de víctimas de la represión por motivos políticos, “para el gobierno actual no hay desapariciones forzadas”. 

Según señaló, la actual presidenta Claudia Sheinbaum “niega la existencia de las desapariciones forzadas en el país y los desaparecidos que existen los achaca exclusivamente al crimen organizado”.

En diferentes países y distintos gobiernos, la impunidad y falta de medidas eficaces continúan afectando la memoria colectiva. Lejos de ser un tema del pasado, la falta de verdad, justicia y reparación se han instaurado como una constante en la región. 

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