En Chile, la violencia de género sigue cobrando vidas pese a existencia de leyes y campañas. Las cifras oficiales hablan de femicidios consumados y frustrados, pero los registros paralelos y los casos sin resolver evidencian un Estado que aún no entrega justicia efectiva. Hoy recordamos algunos casos y cifras que siguen manteniendo en alerta a las mujeres de todo el país.

Según datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernaMEG), en lo que llevamos de año se estiman un total de 24 femicidios consumados, 184 femicidios frustrados y 38 femicidios tentados. Esto, teniendo en cuenta que son los casos denunciados y evidenciados por el Estado.

Sin embargo, también hay que tener conciencia sobre lo que el Estado considera femicidio y los que no. El año pasado la Red Chilena contra La Violencia hacia las Mujeres contabilizó 50 femicidios, de los cuales 6 no fueron reconocidos como tal. La antropóloga e integrante de la Red, Isadora Castillo, explicó en conversación con Radio JGM por qué muchos casos quedan fuera de la ley:

“Es importante que el sistema judicial pueda considerar una perspectiva de género en todo el desarrollo del proceso. También vemos mucho que en otros casos, por ejemplo transfemicidios, lesbofemicidos y situaciones que son dentro de la familia pero que no involucran a la pareja también suelen no siempre reconocerlas, como cuando no está el factor pareja ahí suele haber mucha más dificultad”.

Un sistema judicial que no funciona

En la misma línea,  el Informe Estadístico Anual del Ministerio Público (2024) este indica que solo el 8,3% de las denuncias por delitos sexuales finalizó con una sentencia condenatoria. Según estudios de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres entre 2010 y 2019, hubo 579 femicidios en Chile, pero solo el 26,8 % logró una sentencia. El restante 73 % concluyó sin justicia efectiva para las víctimas y sus familias.

En 2019, el Ministerio Público reconoció que aproximadamente el 53 % de las causas por violencia intrafamiliar quedaban archivadas. Esto porque algunos casos quedan archivados antes de llegar a una formalización debido a falta de evidencia, una investigación deficiente o problemas en la diligencia inicial (fiscalía o policía). Según la abogada y académica de la Universidad de Chile, Rocío Lorca, la falla institucional va más allá de la sentencia, sino en la prevención de que se cometa el delito:

«La principal falla siempre es el no haber impedido que el suceso se produzca, es decir, la prevención de la violencia de género. El Estado Chileno, como muchos otros, ha optado por concentrar sus esfuerzos de prevención en la respuesta penal, es decir, mediante el castigo. Pero el castigo llega tarde, el énfasis tiene que estar antes, porque la criminalización y el aumento de las penas, todos sabemos, no contribuye a una mayor prevención».

Veinte femicidios anuales

El promedio anual de femicidios consumados entre 2018 y 2024 se sitúa en 20,5 puntos según el Informe Nacional de Víctimas de Femicidios del año 2024, una cifra que se mantiene estable durante los años.

Aunque se han promulgado legislaciones como la Ley Gabriela, que amplió la definición de femicidio para incluir cualquier asesinato cometido por razones de género, sin importar si había relación de pareja. O incluso la Ley Integral, que obliga al Estado a prevenir, sancionar y reparar la violencia en todas sus formas, su implementación sigue siendo débil y no se traduce en una reducción real de justicia efectiva para todas las víctimas. Según Isadora Castillo, el error que se sigue cometiendo, es la diferencia entre el dicho y el hecho: “Un aspecto muy importante a considerar es que si bien existen muchas más legislaciones más robustas, existe una distancia entre lo que es el papel y lo que es la práctica. Operadores de justicia muchas veces abordan este tipo de crímenes que tendrían que abordarse con perspectiva de género, no lo hacen, reproducen prejuicios machistas, reproducen ideas erróneas que culpabilizan a las mujeres”.

Teniendo en cuenta estas fallas sistemáticas, consultamos con Rocío Lorca, sobre cuales son los reformas legales que deberían existir para solucionar esta problemática: «No creo que hagan falta cambios legales para dar mayor eficacia a la ley penal, antes bien creo que tiene más sentido invertir en mejorar las técnicas de investigación de fiscales y policías, pero sobre todo, la impunidad también se da a nivel social. Incluso si hay un culpable, la sociedad queda impune si no asume parte de su responsabilidad en la falla en prevención, por eso cuando hablamos de impunidad hay que ampliar la mirada, y ver cómo nos hacemos responsables no solo encontrando a un infractor individual y metiéndolo a la cárcel, sino también reconociendo nuestra propia responsabilidad colectiva la muerte que ha acaecido y no debió acontecer» destacó.

Mujeres que siguen sin justicia

Algunos casos en los que el Estado chileno sigue en deuda son el asesinato de Anna Cook, una joven lesbiana que falleció en 2017, en el Hospital del Salvador, donde tres amigos varones la llevaron muerta y sin ropa. Lamentablemente, en junio de este año el Ministerio Público decidió no perseverar y cerró el caso sin culpables.

Otro caso sin resolver, es el de Thiare Elgueda, quién tenía 19 años cuando desapareció, tras abandonar el 2 de noviembre de 2020 su casa desde Copiapó rumbo a Caldera. A pesar de haber sospechosos, aún no se logra encontrar un culpable y no se ha sabido nada de la investigación hasta el momento.

En la misma línea está la desaparición de Tanya Aciares, cuyo caso data del 2018 y fue a fines de junio del año pasado que sus restos fueron identificados. Sin embargo, esto no tranquilizó a su familia, que a siete años del caso continúa buscando respuestas y culpables.

Asimismo, le siguen nombres como los de Stephanie Subercaseaux y Camila Becerra Placencia. Casos como los de Stephanie Subercaseaux habían denunciado agresiones previamente y contaban con medidas de protección vigentes. Aun así, el Estado no consideró investigar su muerte como femicidio, y no se abrió ningún juicio.

Cada cifra representa una vida y una familia rota. Pese a las leyes y campañas el desafío sigue siendo urgente y colectivo. Si el Estado no actúa con eficacia, la impunidad persiste. Hablar, denunciar y exigir justicia es una necesidad ineludible.

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