Alicia Lira, presidenta AFEP: «Este gobierno tiene una operación de impunidad soterrada»

Escrito por Nicole Acuña Gallegos el septiembre 3, 2018

En los próximos días, la Cámara de Diputados comenzará a debatir la acusación constitucional interpuesta contra tres ministros de la Corte Suprema por haber incurrido en notable abandono de deberes. Esta acusación, promovida por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y diputados de oposición, «constituye un deber ético frente al peligro cierto de la impunidad para los criminales de lesa humanidad», apuntan.

El otorgamiento de libertades condicionales a ex militares – desconociendo el derecho internacional y los Derechos Humanos-, por parte de los ministros acusados, las bajas condenas impuestas por crímenes atroces y la aplicación de criterios que reducen la responsabilidad de los condenados, son algunos de los motivos que están impulsando la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, organizaciones de DD.HH y diputados de oposición, en la acusación constitucional que se espera interponer hacia tres ministros de la Coste Suprema. Trámite que primero deberá pasar por la Cámara de Diputados.

Para la representante de la AFEP, Alicia Lira, no se ha cumplido con los estándares de colaboración en las causas de lesa humanidad.

No es posible que hayan dejado en libertad a seis criminales de lesa humanidad cuando la Comisión de Libertad y Gendarmería recomienda no hacerlo porque no tienen empatía con las víctimas, no tienen arrepentimiento y no han cooperado con ninguna de las causas donde fueron procesados.

Asimismo, la vocera indicó que no se han respetado los convenios y tratados internacionales que dicen que «no pueden acogerse a ningún beneficio aquellos que no tienen arrepentimiento». Debido a esto, llegarán hasta el Congreso los supremos Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller y Manuel Valderrama a defenderse en la comisión que tramita la acusación constitucional.

Una lucha que, según explica la presidenta de la AFEP, ha sido interminable porque desde el retorno a la democracia ningún gobierno ha tenido la voluntad política para buscar los elementos y herramientas que ayuden a que los criminales sean juzgados por crímenes de lesa humanidad y no por crímenes comunes.

Hay proyectos de ley que duermen en el congreso, nunca los han querido discutir. Sentimos con este gobierno que hay una operación de impunidad soterrada. No es casual cuando el presidente Piñera amnistía a Cardemil (…). Lo fuerte, lo doloroso y la impotencia es cuando la sala penal deja a siete criminales en libertad con beneficios cuando aun no tienen la tercera parte de la pena cumplida. Cuando hay campañas por victimizar a estos criminales como viejitos enfermos nos queda esta reacción: hoy no hay que permitir que avance más la impunidad.

Chile vive un momento particular en relación al respeto por las víctimas de la dictadura y Lira es enfática: «Hace meses se empezó a violentar los memoriales de homenaje a las victimas del terrorismo de estado. Eso es una coordinación que ademas se junta con la provocación de decir que el Museo de la Memoria es un montaje. Acá hay una operación de impunidad y por eso llamamos a los legisladores a no permitirlo. Lo que hacen hoy es amedrentar y asustar. Es necesario un proyecto de ley donde las personas que atenten contra la memoria de aquellas personas que fueron exterminadas en la dictadura militar y que nieguen la historia de lo que paso en este país sean sancionadas penalmente».