Quema a lo bonzo de padre de recluso en Aysén pone en la palestra violaciones a los DDHH en cárceles chilenas

Escrito por Radio JGM el abril 18, 2022

El trágico hecho ocurrido el 31 de marzo pasado circuló por redes sociales sin causar mayor revuelo mediático. En tanto, cinco familias de reclusos de la cárcel de Puerto Aysén continúan sin respuesta ante la decisión arbitraria del recinto de trasladarlos sin aviso a más de 500 kilómetros de la ciudad en la que se hallan sus redes de apoyo.

Por: Karina González

El 31 de marzo al mediodía, Laura Pacheco y Nelson Ibáñez se enteraron por terceras personas que su hijo, Franco Ibáñez (23), quien se encontraba privado de libertad en el centro penitenciario de Puerto Aysén, había sido trasladado durante la madrugada, sin previo aviso, a la cárcel de Puerto Montt, a 548 kilómetros de distancia.

Apenas recibieron la noticia, comenzaron a organizar formas de manifestación para denunciar la arbitrariedad del hecho. En medio de la desesperación, el padre del recluso roció bencina sobre su cuerpo y se prendió fuego en las afueras del centro penitenciario Puerto Aysén.

Desde aquel día, Nelson se encuentra en coma en la UCI del Hospital Regional de Coyhaique y, según la información que brindó su esposa, sus quemaduras fueron catalogadas de alta gravedad puesto que afectaron su tráquea, faringe y laringe.

En total, cinco personas privadas de libertad fueron trasladadas sin aviso desde el recinto penal de Aysén ese 31 de marzo. A la fecha sus familias denuncian que no han recibido mayor información: “Es realmente desesperante tener un hijo lejos. Mi hijo está cumpliendo su condena, pero no tiene que ser lejos, tiene que ser en su región. El alcaide me dijo que yo podía mandarle a mi hijo una encomienda por Chilexpress, o sea de qué estamos hablando”, relató Laura Pacheco, madre de Franco Ibáñez.

En tanto, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió un recurso de amparo interpuesto por las familias de los reclusos, exigiendo que sean devueltos a su centro penitenciario de origen. Sin embargo, temen que Gendarmería apele a este recurso y no se revierta la situación.

Vulneraciones ilegales

El traslado sorpresivo e inmotivado de los presos contraviene los derechos de las personas privadas de libertad. Como apunta el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): “tienen derecho a informar a su familia o a quien haya determinado al momento de su ingreso, el hecho de su internación o del traslado de establecimiento. La persona privada de libertad podrá comunicarse una vez por teléfono directamente con su familia o con quien estime conveniente”.

Antonella Oberti, directora de Incidencia en Red de Acción Carcelaria

Sobre lo anterior, la abogada y Directora de Incidencia de la Red de Acción Carcelaria, Antonella Oberti, informó que “pese a la regulación, lo que sucede en la práctica dicta mucho de lo que dicen los principios y buenas prácticas de las personas privadas de libertad, ya que en la mayoría de los casos no se les transparenta, ni tampoco a sus familias, los motivos por los que están siendo trasladados”.

Del mismo modo, la defensora enfatizó que el daño radica en el desarraigo que le significa a un recluso ser trasladado de una cárcel a otra y mencionó las complicaciones prácticas que este tipo de medidas acarrea ya que, “trae consecuencias en cuanto el acceso a ver a sus familiares, abogado o estar cerca del tribunal para acceder a las audiencias necesarias, etc.”.

Hasta el momento en que fue publicada esta nota, Laura Pacheco seguía sin tener información fidedigna de su hijo: “Ellos son personas, imagínese en el estado humano que pudieron haber llegado a la otra región. Es algo desesperante. No son animales. Y nosotros siempre hemos dicho, ellos deben cumplir su condena, sí, pero que lo hagan acá en su región, no lejos de su familia”.

Realidad carcelaria

En Chile, desde el año 2000 las cárceles son concesionadas, es decir, están a cargo del sistema privado en coordinación con el sistema público. Durante el 2005 se inauguró la primera cárcel concesionada en el país en Rancagua, con el objetivo de responder al problema de hacinamiento y restablecer la infraestructura.

Situaciones como la descrita anteriormente, sin embargo, ponen en tela de juicio el efectivo mejoramiento del sistema carcelario propuesto mediante el sistema de concesiones.

De forma anónima, una persona privada de libertad manifestó a la Radio JGM su molestia con el traslado no informado de Franco Ibáñez, y aseguró que se trata de una práctica muy común dentro de los centros penitenciarios.

“Los gendarmes se dejan caer, te sacan de la celda a la fuerza, a empujones, y te trasladan de Iquique a Colina, a diferentes lugares del país, sin siquiera avisarle a tus familiares ni decirte a ti ‘hoy vas a ser trasladado’. Te esposan, te ponen el chaleco amarillo y te sacan del lugar”, afirmó.

La acción extrema del padre de Ibáñez expone una vez más la urgencia de difundir este tipo de conductas arbitrarias y de poner atención a la violación de Derechos Humanos al interior de los recintos penitenciarios.

Tanto organismos internacionales como locales describen claramente los derechos de las personas privadas de libertad y concuerdan en que cometer un delito y su consecuente castigo penal no significa que estas personas vean mermadas de esta u otras maneras su dignidad.