¡Que suban las encuestas, que aumenten las expulsiones!

por Diana Leal y Jorge Rizik*

Tras el cambio de gabinete, los traspiés del gobierno y la caída en las encuestas, desde el Ministerio de Interior, dirigido por Andrés Chadwick, el gobierno decidió salir al rescate de la agenda con, quizás, el tema que más frutos le ha rendido. La migración.

*Diana  Leal y Jorge Rizik

De forma inmediata, a la madrugada siguiente de la enorme congregación de personas en el museo de la memoria, fueron expulsados 51 ciudadanos colombianos.

La operación y su respectiva estrategia comunicacional, mezcló expulsiones por condenas criminales, con casos de irregularidad migratoria, en un claro ánimo del gobierno de construir una relación directa entre migración y delincuencia. Los medios de comunicación, como siempre, no reflexionaron el tema y sólo se interesó en la polémica lo que caldeó los ánimos entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.

En los días que siguieron el gobierno justificó la medida de múltiples formas, pasando de los temas estrictamente legales, a temas económicos. “Un expulsado hacia territorio colombiano tiene un costo para el Estado de 2,7 a 3,0 millones de pesos, porque tiene que comprarse un pasaje en una línea comercial para el expulsado más dos escoltas, más los viáticos. Acá salió menos de la mitad, entonces el ahorro y la eficiencia de recursos es fundamental”, manifestó Mijail Bonito, asesor en materia migratoria del ministerio del interior a Radio Cooperativa.

La penosa performance del gobierno, no sólo trae réditos mediáticos, es un hecho gravísimo ya que desconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por el Estado de Chile en 1991, la que en su artículo 22, inciso 9, prohíbe expresamente las expulsiones masivas.

En muchos de los casos se vulnera abiertamente el debido proceso y Chile se pone al margen del derecho internacional.

Pero no sólo eso, si no también el daño colateral que acarrea es peligroso. No quiero criticar las expulsiones de quienes cumplen penas graves o gravísimas. Sin embargo, atribuir errores individuales, como delitos a un colectivo, y en especial a ciertas nacionalidades como Colombia, Perú o Bolivia lo único que hace es fortalecer la estigmatización de las personas provenientes de estos países. ¿Se evaluó el daño colateral al señalar la nacionalidad de quienes se expulsaba? Es evidente que no.

Yo creo que sí y ese daño no le interesa, porque es un costo que lo deberán asumir los migrantes, en este caso los colombianos, que viven en Chile. No hay que ir muy lejos,  es cosa de reescuchar las declaraciones del intendente de Valparaíso por el caso del profesor Nibaldo o la Gigantografía de la Alcaldesa Rojo en Antofagasta.

La política migratoria de este gobierno está íntimamente ligada a la opinión pública y eso está mal, porque los problemas de gestión y baja en las encuestas, provocan reacciones populistas, cuyo objetivo es ganar apoyo en la opinión pública a cualquier costo, sin importar pasar a llevar el derecho internacional y las convenciones suscritas por el Estado de Chile.

* Revista Sur