COP1 del Acuerdo de Escazú: el momento de actuar

La primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú se realizará en Chile entre el 20 y 22 de abril. En el evento se trabajará principalmente lo relativo a la participación del público, disposiciones financieras y la creación del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. De esa manera, este tratado clave para la justicia ambiental en América Latina y el Caribe da sus siguientes pasos, mientras en Chile se desarrollan otros procesos que buscan avanzar por la misma senda.

Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es el título oficial del Acuerdo de Escazú, convenio multilateral que, entre otras cosas, busca mejorar la situación de los defensores y defensoras ambientales de la región. Cabe recordar que durante 2020 América Latina tuvo nuevamente el mayor número de activistas asesinados. Esta trágica lista es encabezada por Colombia y México, de acuerdo al informe anual de la organización Global Witness.

Para comenzar a implementar el convenio en la región, se desarrollará la primera COP de Escazú, que contará con 12 Estados parte, es decir, países que ya firmaron y ratificaron el convenio en sus congresos. Actualmente 24 de los 33 países de la región han adoptado el Acuerdo de Escazú, y se encuentran en diferentes procesos para su ratificación. Los 21 países que aún no son Estados parte, también fueron invitados pero no tendrán derecho a voto.

La reunión que se realizará en Santiago de Chile, se centrará principalmente en 3 artículos: las reglas de procedimiento, que incluirán las modalidades para la participación significativa del público; las disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento e implementación del Acuerdo y la creación del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento.

Para Natalia Gómez, integrante de EarthRights International y una de las 6 representantes del público para el Acuerdo, “el corazón de Escazú es el Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento, que es el artículo 18. Este Comité, según la experiencia que hemos visto en otros acuerdos multilaterales, permite hacer esa rendición de cuentas de que esto no se trata solo de que los países vayan y firmen Escazú y salga la foto y muy bonita la noticia, pero que realmente estas obligaciones que se toman a nivel internacional, se hagan exigibles a nivel nacional y se implementen”.

Participación ciudadana activa

Uno de los puntos más llamativos de la COP1 del Acuerdo de Escazú es la posibilidad que tendrán las personas de participar y presentar sus argumentos.  Esto es un gran cambio respecto a la metodología común de este tipo de reuniones, donde solo los representantes oficiales de los Estados comparecen e intervienen de forma directa.

Esta participación se expresa en la inclusión de 6 representantes del público, quienes fueron elegidos mediante una votación abierta organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se trata, en su mayoría, de activistas socioambientales o miembros de organizaciones que trabajan en pro de la transparencia y democracia ambiental. Una de ellas es la chilena Andrea Sanhueza,  asistente social, cientista política y directora de Espacio Público.

Sanhueza ha participado activamente en estos temas desde hace décadas, y recuerda los inicios de las conversaciones, hace más de 10 años. “Nosotros como red global de la Iniciativa de Acceso, en el año 2010, en el marco de la cumbre RIO+20, que fue en 2012, nos reunimos para hablar de cuál era nuestra meta, qué queríamos lograr. Ahí salió la idea de empujar convenios en las distintas regiones sobre el principio 10. Esta idea no se nos ocurrió a nosotros, de hecho, la región de Europa tiene como el hermano grande de Escazú, que se llama convenio de Aarhus. En Europa comenzó el mismo proceso que en América Latina, pero 20 años antes”.

La participación directa ha cumplido un rol importante en los procesos de discusión gracias a los representantes del público. Así lo entiende Gómez, quien también es abogada con Maestría en Derecho Internacional Ambiental: “Una de las modalidades fue la elección de representantes del público es que los representantes del público buscan ser un canal entre la sociedad civil en general y los países que se sientan en la mesa directiva en la negociación para canalizar de alguna manera las peticiones y comentarios del público, y también difundir el proceso de Escazú en la región”.

Además, la abogada recordó el proceso de elecciones abiertas que se realizó para elegir representantes. “Se hizo una elección que, en ese momento, fue por medio del mecanismo público regional que tiene la Cepal, que también es otra modalidad de participación en el que cualquier persona en la región puede registrarse y empieza a recibir información sobre Escazú. Por medio de ese mecanismo público todas las personas que estaban inscritas se podían candidatear y después se hace una elección en la que se votaba. Yo fui una de esas personas elegidas. La idea era que no hubiera países repetidos, por eso somos 6 representantes de 6 países diferentes: 4 de Latinoamérica y 2 del Caribe. Y ahora que llegamos a la COP1, la idea es que se vuelva a hacer una nueva elección y que haya otros representantes”.

En ese sentido, el actual período de representantes termina durante este año, por lo que se realizará una nueva elección luego de la COP.

En cuanto a la participación concreta de estos ciudadanos, Gómez describe:

“Así como a cada Estado se le asigna un micrófono con el nombre de su país, había un micrófono con el nombre del representante del público y ese era el micrófono que podíamos usar y que usaba toda la sociedad civil, nos rotábamos ese puesto. Era muy importante tener una voz directa y creo que eso en serio sí marcó una diferencia en la negociación de Escazú que, a diferencia de otros procesos multilaterales, aquí había una voz directa en la mesa que permitía llevar unas propuestas mucho más concretas a la mesa de negociación”, concluyó.

La posibilidad de que cualquier persona que se inscriba pueda participar en las reuniones con derecho a voz es otro de los espacios de expresión que tendrá la reunión. Para Sanhueza, este punto ha ayudado a que la ciudadanía tenga un rol más activo, pudiendo influir en el acuerdo.

“En este caso está escrito que cualquier persona puede intervenir en cualquiera de las COP, por ejemplo: si tú pides la palabra y luego el gobierno de Bolivia, te van a dar a ti primero la palabra y luego al gobierno de Bolivia. Esto ha tenido mucho impacto en la negociación, ya que pudimos influir bastante más en el texto final de lo que pensábamos”, comenta la directora de Espacio Público.

Se espera un avance presuroso de la reunión, ya que los países han trabajado con los borradores hace meses. De hecho, durante los primeros días de marzo del presente año se realizó la PreCOP, espacio donde los Estados y los representantes del público abordaron los puntos que se discutirán en esta COP. Para facilitar el acceso, la reunión fue grabada y transmitida de forma pública.

Discusión clave: Comité de Apoyo y Cumplimiento

La creación de un Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento es uno de los principales temas a trabajar durante la primera COP. Para la vocera de EarthRights, la discusión de este artículo es uno de los que generará mayor debate dentro del acuerdo.

“Escazú se finalizó en el 2018 y ahora lo que se va a negociar por parte de los Estados son reglas para implementar algunos de los artículos, principalmente la Conferencia de las Partes y cómo va a funcionar esa conferencia. El que a mí me parece más importante es el Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento, que es el artículo 18”, agregó la abogada.

Por su parte, Sanhueza destaca que la creación de este comité y la metodología que utilizará, tendrá implicaciones importantes para la ciudadanía.

“Este comité hay que crearlo en la primera COP. Es una de las cosas más importantes, porque cualquier persona va a tener el derecho como persona natural de ir a ese comité y escribirle”. Por ello, esta oportunidad abierta de participación será una de las discusiones para seguir con mayor atención.

Según el cronograma publicado por la Cepal, el primer día del evento se expondrán las acciones realizadas por los Estados parte. Luego, el día jueves 21 de abril se discutirán las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Posteriormente, el viernes 22 se realizará una conmemoración por el Día de la Tierra y se discutirán las disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento del Acuerdo.

Además, se espera que durante el cierre de la actividad se realice una conferencia de prensa para explicar los avances que se lograron durante la reunión.

Chile y Colombia: a la espera de la ratificación

Una importante diferencia entre los países que adoptaron Escazú es el proceso de ratificación en el que se encuentran, generando tres niveles de participación: Estados parte, países signatarios y países observadores.

Para aclarar este punto, Sanhueza explica las diferencias y rememora los procesos que ya ocurrieron: “Los Estados Parte son aquellos que firmaron y ratificaron el acuerdo, que hoy día son 12. Chile hoy día es un observador, porque acaba de mandar su proyecto de adhesión, pero ese proyecto tiene que ser aprobado en el congreso, luego tiene que ir a la oficina de tratados internacionales de las Naciones Unidas, lo que toma aproximadamente 3 meses. Esta es la oficina que oficializa cuando un país se convierte en Estado Parte, los 12 Estados parte han pasado por ese proceso”.

Además, la cientista política enfatiza en que, a pesar de que la fecha para la firma ya terminó hace dos años, cualquier Estado de la región puede sumarse y pasar a ser Estado parte luego de su ratificación. “La única distinción acá, bien técnica, es que el convenio dice que, hasta el 20 de abril del 2020, los Estados firmaban y ratificaban. Como ese plazo se acabó, los países nuevos tienen que mandar un proyecto de adhesión al congreso, el cual tiene que aprobar esa adhesión. Antes del 2020 se hablaba de firma y ratificación, para efectos prácticos es lo mismo, igual vas a ser un Estado Parte”, explica.

Por su parte, Colombia envió el proyecto en medio de múltiples manifestaciones sociales, donde se organizaron diálogos nacionales para que la ciudadanía pudiera expresarse. Gómez afirma que desde los diálogos surgió la petición expresa de firmar el convenio de Escazú. “Hubo mesas de diálogo en todos los temas, salud, ambientales, de derechos humanos, todo. La única promesa que salió fue que el gobierno se comprometió a firmar y ratificar Escazú, después hubo un gran evento en la presidencia a las que muchos de mis colegas que trabajaban en la campaña de Escazú por Colombia fueron invitados”.

Luego de esa presentación, la realidad superó las expectativas y Colombia se mantiene sin ratificar el Acuerdo. “El Presidente Duque firmó el Acuerdo de Escazú y luego se suponía que debería ser enviado al Congreso para que lo ratificara, donde el Presidente tiene la mayoría, porque el partido del Presidente era quien tenía las mayorías y es ese mismo partido el que hunde el proyecto de ratificación. Lo que ha pasado en Colombia es que, desde la presidencia y del partido de gobierno, hay un discurso contradictorio en el que el Presidente se compromete a firmarlo y a mandar el proyecto con mensaje de urgencia al congreso y en el congreso su mismo partido hunde el proyecto”, expone Gómez.

Si bien Colombia fue invitado como país signatario, no se ha confirmado su participación. Cabe mencionar, además, que Colombia está previo a un proceso eleccionario, donde se realizará la primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo.

La paradoja de Chile

La relación del gobierno chileno con el Acuerdo de Escazú ha sido de luces y sombras. Comenzó como uno de los principales impulsores, pero a días de su firma decide no hacerlo, acusando desde la Cancillería que dicha acción causaría “inconvenientes para Chile”.

Sanhueza participó en las primeras negociaciones y recuerda el abrupto cambió de opinión del gobierno chileno. “El caso de Chile fue muy triste, tuvo mucho liderazgo, yo trabajé con ellos todos estos años. De verdad nadie podía creer que Chile se bajará 2 días antes de la ceremonia en Nueva York, en la asamblea de la ONU, fue un balde de agua fría para mucha gente. Varios creemos que eso también frenó el avance en otros países, porque si Chile es el líder, Chile siempre ha tenido su política internacional, que dice algo y lo cumple, que cuando se niega lo hace con argumentos. Esto fue romper completamente está tradición, cambió de opinión, no da razones o da razones muy pobres, obviamente se afectó su liderazgo internacional, la seriedad de la cancillería y también eso afectó la firma y ratificación en otros países”.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Chile existen 128 conflictos socioambientales, repartidos en todas sus regiones. De ellos, el 85% afectaría el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, mientras que alrededor del 30% vulneraría directamente el derecho a la participación y consulta indígena.

En medio de este escenario, en Chile se está escribiendo una nueva Constitución, que consideró una elección paritaria y con escaños reservados para los pueblos originarios. Uno de los encargados de escribir la nueva carta magna es César Uribe, activista ambiental y convencional por el distrito 19.

El activista comenta que la elección de constituyentes provocó un cambio en el duopolio político que se había mantenido en Chile desde la vuelta de la democracia. “Entiendo que la principal razón por la cual yo llegué a ser constituyente es por la lucha socioambiental que tenemos en Ñuble, en relación a la defensa del río, a la defensa del territorio cordillerano. La temática ambiental es algo muy tangible hoy día, muy preocupante para mucha gente, eso yo creo que fue la fortaleza que tuvo la campaña. Además, esto se repitió en otros territorios, con otros constituyentes que venían de luchas similares”.

Paralelamente, la nueva Constitución de Chile incluiría una actualización en cuanto a derechos de la naturaleza y transparencia ambiental. En esa línea, Uribe explica los avances y las dificultades que han enfrentado en el proceso: “Se ha trabajado de buena forma, pero también ha sido bastante complejo, porque como activistas estos espacios han estado siempre ajenos a responder a los problemas sociales en relación a la destrucción de la naturaleza. Uno de los principales problemas son quienes defienden el mercado y el modelo económico que funciona en base a la explotación, es algo fundamental dentro del modelo chileno y evidentemente ha sido bien resistido por el poder económico y político”.

Por último, el activista explicó los avances concretos que se han generado en términos ambientales.  “Hoy hay al menos 5 normas de la Comisión de Medio Ambiente que, de alguna u otra manera, abordan la problemática. Primero está el reconocimiento que en el mundo hay una crisis climática y que el Estado tiene el deber de abordar la situación con medidas concretas. Por otra parte, vamos a ser el segundo país del mundo, después de Ecuador, donde se establecen derechos a la naturaleza, lo que significaría más protección, lo que es positivo”.

Es importante mencionar que esta nueva Constitución debe ser presentada en una elección obligatoria el próximo 2 de septiembre, en el llamado plebiscito de salida. Paralelo a esto avanzará la ratificación del Acuerdo de Escazú en el congreso para convertirse, por fin, en un Estado parte.

*Este trabajo fue producido en el marco del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.