EL ESTADO CONTRA SAN FABIÁN

El miércoles 21 de noviembre, en el sector cordillerano de la comuna de San Fabián, seis familias fueron desalojadas de sus hogares por Fuerzas Especiales. Luego, con maquinaria pesada, destruyeron sus casas sin permisos de demolición, para que la empresa Astaldi pudiera comenzar con las obras del proyecto hidroeléctrico Punilla.

Por Tamara Katz y Michael Lieberherr

Astaldi trabajó con permisos vencidos, no cumplió su resolución de calificación ambiental (RCA) y mantiene deudas millonarias con el Estado chileno. Aún así el día miércoles, representantes de la empresa, acompañados por Fuerzas Especiales, irrumpieron sin permiso en la casa de Aliro López, arriero del sector Los Sauces.

Tras ingresar violentamente a su hogar para desalojarlo, López fue detenido por rehusarse a abandonar su casa. El vocero de la agrupación Ñuble Libre, César Uribe, relata la situación vivida el día miércoles 21 de noviembre.

«Las vulneraciones que ayer sucedieron fue mantener a la vecina que la estaban desalojando sola en su vivienda, sin la posibilidad de que su familia la contuviera. En la mañana tuvo un proceso en donde su marido fue aprendido porque fue molestado por la empresa Astaldi en el momento de ser desalojado, entonces el reaccionó mal. El está detenido hoy día, se cortó el tránsito, no se permitía el ingreso al sector, no se permitía hacer registro de ningún tipo»

Los desalojos y las demoliciones continuaron el día jueves 22 de noviembre. Esta vez, Fuerzas Especiales de Carabineros cerraron el camino impidiendo el paso a familiares, al abogado representante de la comunidad y a periodistas. En este contexto, cinco familias fueron testigos de como demolían sus casas, dejando sus pertenencias a la intemperie. Al no tener una vivienda donde dormir, algunos desalojados tuvieron que pasar la noche en carpas para no abandonar a su ganado.

El Estado no ha entregado ninguna solución para la reubicación de las familias y de sus animales. El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Ricardo Frez, comenta lo ocurrido durante los desalojos.

«Los vecinos no quieren abandonar sus casas. Las autoridades habían comprometido diálogo, sin embargo, más de 60 operativos de Fuerzas Especiales entraron a la casa, los desalojaron y en algo que nos parece terrible, no esperaron ni siquiera que la gente estuviera afuera y empezaron a demoler las casas. Dejaron bienes inmuebles, creo que hasta animales, algunas gallinas murieron aplastadas en sus gallineros. Cero empatía, cero conciencia con los vecinos. La única intención era destruir las casas para que las personas no pudieran volver a dormir ahí, a pesar de que llovía. Honestamente es una situación súper compleja»

Posteriormente, durante la noche del mismo jueves, más de un centenar de personas se reunió en la plaza de San Fabián para expresar su descontento por el accionar de Fuerzas Especiales. Luego de que se informara los detalles de los desalojos, desde la misma comunidad se propuso tomarse las calles de San Fabián y marchar hasta la casa del alcalde Claudio Almuna. El édil fue fundador de la organización Ñuble Libre pero después de ser electo cambió su posición, se incorporó a las filas de RN y comenzó a defender el proyecto Punilla.

Uno de los argumentos más potentes para detener el proyecto, es que San Fabián de Alico es el único territorio urbano que se encuentra dentro de un corredor biológico. Si se realiza el proyecto Embalse Punilla, se inundarían 1.700 hectáreas del Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, el cual es calificado como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Este es uno de los últimos espacios donde habita el huemul en la zona central de Chile.  Por otro lado la construcción del embalse Punilla afectará significativamente la ganadería y el turismo, fuentes principales de trabajo en la zona.

El Estado chileno ha sido un cómplice activo de las acciones ilegales que ha realizado la empresa Astaldi. La comunidad de San Fabián se levantó porque se cansó de los malos tratos, del abuso sistemático por parte de las empresas sobre su territorio, sus ríos y sus hogares. Los hechos que han ocurrido estos días generan muchas preguntas:

¿Por qué declarar un territorio como reserva de la biosfera para luego destruirlo? ¿Por qué estaban presentes los trabajadores de la empresa durante los desalojos? ¿Por qué el Estado defiende sesgadamente a una empresa que mantiene deudas millonarias y proyectos estatales detenidos? Frente a esto, la única respuesta que ha encontrado la comunidad es la organización. Si la justicia ambiental defiende a las empresas, las personas tendrán que defender por su cuenta los territorios.