Leasur llama a considerar a personas privadas de libertad como población de riesgo frente al Covid-19

Escrito por el 03/20/2020

Radio JGM conversó con el director de la ONG Leasur, Pablo Pinochet, quien se refirió a las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de libertad frente a la propagación del Covid-19 en el país. Expresó la necesidad de reformar el sistema penitenciario y que se apliquen medidas de prevención y protección como la detección temprana de personas contagiadas y su aislamiento.

Hace unos días, Sebastián Piñera anunció una serie de medidas ante la propagación del Covid-19 en el país (que esta mañana alcanzó los 342 casos según el Ministerio de Salud), entre las que se encontraba un proyecto de ley para reemplazar las penas para mayores de 75 años por arresto domiciliario, así como a las personas entre 65 y 74 años que les reste menos de un año para cumplir su condena. Sin embargo, desde diferentes organizaciones, entre ellas la ONG Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), las consideraron insuficientes.

En la mañana de este jueves, luego de un punto de prensa afuera de la cárcel Santiago 1 de la Coodinadora por la Libertad de los Presxs Políticxs 18 de octubre, comenzó una protesta por parte de las personas privadas de libertad debido a las condiciones de hacinamiento y los nulos protocolos sanitarios dentro del recinto penitenciario, llegando PDI y Carabineros a reprimir.

A raíz de esto, el director de Leasur, Pablo Pinochet, señaló a Radio JGM la necesidad de considerar a las personas privadas de libertad como un grupo de riesgo ante la propagación del Covid-19, así como llamar a reformar el sistema penitenciario de manera estructural.

¿Cuáles son las medidas de protección y prevención para personas privadas de libertad que deberían tomarse en medio de la propagación del Covid-19?

Creemos que son varias las medidas de protección y prevención que se deben tomar, no solo en restricción de visitar. Primero se tiene que garantizar una detección temprana para las personas contagiadas y separarlas del resto de la población penal. Sin embargo, esto es difícil de lograr dada las condiciones de hacinamiento y las horas de encierro en los recintos chilenos. También es necesario flexibilizar el ingreso de encomiendas a unidades penales porque gran parte de los materiales o artículos primarios de habitabilidad son entregados por familiares, entonces hay que resguardarlo.

Foto: RadioUChile

Con respecto a las mujeres embarazadas y madres con hijos que están en prisión, como el CPF de San Joaquín, es necesario ver la posibilidad de sustituir la privativa de libertad por arresto domiciliario, que dentro de los recintos se sepa quiénes tienen enfermedades crónicas, ya sean respiratorias o patologías de base, ver cuáles son los dispositivos para detectar temperaturas altas, entre otras cosas.

Desde el Ministerio de Salud se ha dicho que se tienen que lavar las manos frecuentemente en el día, pero el acceso al agua en recintos penitenciarios es muy precario, las condiciones de habitabilidad también son precarias en general, entonces eso convierte a las personas privadas de libertad en población de riesgo ante este contagio. Gendarmería debe entregar cloro y jabón gratis a la población penal.

En este sentido, ¿cree que las medidas propuestas por Sebastián Piñera son insuficientes?

Efectivamente, las medidas que propuso Piñera son insuficientes. Entre ellas, anunció que mandará un proyecto de ley para que personas mayores de 75 años pasen su pena en arresto domiciliario, así como a quienes tengan entre 65 y 74 años y les reste menos de un año en prisión. A pesar de que no nos han respondido desde transparencia, creemos que esto es una especie de saludo a la bandera porque es una porción muy pequeña de la población privada de libertad. Esto es una decisión tomada bajo los estándares de poblaciones de riesgo de personas en el medio libre.

Si se considera a una persona privada de libertad como una población de riesgo por condiciones punitivas y sociales, deberían tomarse medidas mucho más drásticas y no abusar de la prisión preventiva para casos en los que no corresponda.

Respecto a las y los 2 mil 500 presas y presos políticos, de acuerdo a la Coordinadora 18 de octubre, desde el inicio de la revuelta popular, ¿qué medidas en concreto debieran aplicarse y qué opinan desde Leasur sobre esta situación?

Siempre hemos visto a la cárcel como un problema estructural que no aporta en la disminución de victimización o en la percepción de inseguridad por muchísimas razones. Teniendo esos antecedentes, en Chile se hace un abuso de la prisión preventiva, independiente de los presos políticos, que aporta al hacinamiento de las cárceles. Alrededor del 30 o 40 por ciento de los internos actuales en Chile están solo en prisión preventiva, y eso te demuestra el uso de una herramienta punitiva sumamente ineficaz. Nosotros vemos a los 2 mil 500 presos políticos como personas privadas de libertad a través de una herramienta judicial como la prisión preventiva que no debiera ser una medida de castigo o una sanción de por sí, sino como una medida para seguir un proceso legal.

Creemos que la decisión del Ministerio del Interior, que solicitó revocar la medida cautelar del 7° Juzgado de Garantía de Santiago a las 44 personas, fue para instaurar la prisión preventiva para presos políticos como una herramienta de castigo. Vemos con muy malos ojos el uso de una institución que tortura de forma estructural para la resolución de conflictos sociales. En el fondo es una medida ineficaz y que viola garantías fundamentales de las personas.

¿Cree que esta coyuntura relacionada al Covid-19 evidencia la necesidad de una reforma al sistema penitenciario?

Efectivamente necesitamos una reforma. La pandemia del Covid-19 ha evidenciado la necesidad de una reforma al sistema penitenciario. Como Leasur venimos diciendo desde hace tiempo que se debe avanzar hacia una ley de ejecución penitenciaria, una ley que englobe la ejecución estandarizada de la pena de privación de libertad para así tener una mejor medida de control por parte del Estado, así como la disminución de la indiscrecionalidad que hay en cada recinto. Actualmente, cada recinto se rige por reglamentos, lo que da espacio para abusos dada las condiciones materiales. Entonces, así como el Covid-19 devela la saturación de nuestro sistema de salud, con respecto al sistema penitenciario devela la saturación del sistema de seguridad y del sistema penal chileno.

Venimos necesitando una reforma hace mucho tiempo. Las enfermedades dentro de las cárceles no son tema nuevo. Ha habido brotes de paperas, tuberculosis y pestes en general, que si sucedieran en el medio libre serían una emergencia sanitaria. Sin embargo, no lo son en los recintos penitenciarios. Efectivamente se necesita una reforma al sistema penitenciario estructural, se necesita encontrar distintas formas de la responsabilización penal, no al abuso de la prisión como herramienta de control social, y menos para la resolución de conflictos sociales.

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