La vulneración de ser migrante en Chile

Esta semana comunidades y organizaciones migrantes denunciaron expulsión ilegal y el aumento en las denuncias por maltrato laboral en la Dirección del Trabajo, hechos que pusieron sobre la mesa la precaria situación migratoria en Chile.

 

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile denunció este martes 4 de junio la expulsión ilegal de madres con hijos e hijas nacidas en Chile, quienes a pesar de solicitar la regularización de su situación legal, recibieron un rechazo rotundo en sus peticiones.

A raíz de este hecho, anunciaron que harán una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que aplique medidas cautelares que amparen a los migrantes y les posibilite defenderse de una eventual expulsión. La situación se da, según mencionan, tras el incumplimiento de palabra de la Subsecretaría del Interior, la que prometió no expulsar a los inmigrantes  sin antecedentes.

Todo aquello en el marco del proceso de regularización extraordinaria que impuso el gobierno en 2018 para todos aquellos migrantes que residen en Chile, y que tenía como plazo máximo este próximo 22 de julio.

El secretario de la coordinadora, Rodolfo Noriega, reclama que «el gobierno ha incumplido con el proceso de regulación migratoria con el que se comprometió», ya que las personas sin antecedentes iban a tener la posibilidad de regularizar su situación. Sin embargo, la administración de Sebastián Piñera «está indiscriminadamente rechazando solicitudes de gente que ha hecho su vida acá. Lamentablemente esto afecta a personas que tienen una orden de expulsión, precisamente por haber ingresado de manera irregular producto de las situaciones que los fuerza a ello», señaló.

 

 

Esta situación se sumó a otro hecho conocido esta semana. Entre 2016 y 2018 las denuncias interpuestas a la Dirección del Trabajo (DIT) por parte de trabajadores migrantes se triplicaron, pasando de 1.855 a 7.427 el año pasado, mientras que en marzo de este año ya se registraban más de 2.312 denuncias según información obtenida vía Transparencia.

Entre las materias más sancionadas por estas denuncias están las jornadas laborales que exceden las horas permitidas, y también altos índices de infracción en temas relacionados a las remuneraciones y el pago de previsiones.

Para Noriega, «hay una relación de simbiosis entre la irregularidad migratoria y la informalidad laboral, que son las bases del abuso y la explotación de los trabajadores migrantes. Esto se ha incrementado con esta política institucional, o específica de este gobierno, de odiosidad hacia la comunidad migrante, de hostilidad«.

«Esto se ha generado en todo marco de políticas públicas. De hecho, el subsecretario Ubilla dijo que están trabajando en conjunto para expulsar a miles de personas con la DIT y con otras instituciones. O sea, la instancia que está por defender y velar por los derechos de los trabajadores en el país se está prestando a la política de persecución a los migrantes», agregó.

Precariedad en todos los ámbitos

La aparición de estos casos trajo a la palestra la problemática situación de la migración en Chile y cómo no se ha logrado generar una ley que responda de manera íntegra a los derechos humanos de las personas que llegan en búsqueda de una mejor situación.

Para la académica de la Universidad de Chile y especialista en migración, María Emilia Tijoux, el aumento de las denuncias tiene relación directa con las políticas de gobierno. «No tenemos una ley migratoria que considere la dignidad y la integralidad de los derechos humanos de los migrantes, y obviamente está vinculado a las características de estas políticas, políticas racistas en la medida que discriminan -incluso al interior de la propia migración que ha llegado a Chile-«, opinó.

Además, puso como ejemplo que «personas de República Dominicana y ahora las personas haitianas tienen que tener visa que provenga de su país de origen, lo que implica cerrarles la puerta».

 

 

En este sentido, «un hecho que me parece también gravísimo, es que los migrantes irregulares no pueden tener atención en salud primaria. Es decir, si no tienen el rut Fonasa, o si no tienen su rut porque están regularizados, se les niega la atención médica, se le están violando completamente sus derechos humanos», acotó Tijoux.

 

 

Aquello trajo a la memoria casos como el de Rebeca Pierre o Joane Florvil, además de los miles de migrantes que no han podido asentarse de manera digna en nuestro país por un sistema que muchas veces no les da garantías básicas y los deja vivir en condiciones precarias.

Según se consignó, la mayor cantidad de denuncias a la Dirección del Trabajo proviene de personas haitianas, venezolanas y peruanas. Lo que graficó que quienes más se han sentido vulnerados en su trabajo vienen de lugares cercanos a Chile.

Revisa la columna del coordinador de la Comisión Ética Contra La Tortura (CECT), Hervi Lara, acerca de la migración en Chile haciendo click aquí.