Etnocidio mapuche: las estrategias de las hidroeléctricas para instalarse en territorio indígena

Las centrales hidroeléctricas utilizan la fuerza de los ríos para generar electricidad, su instalación en cualquiera de sus tamaños y potencias significa la alteración de la flora  y fauna de un lugar. En el territorio de Abya Yala, en la actualidad,  se mantienen conflictos entre pueblos indígenas, empresas y Estados, por la creación e intervención de dichas centrales, pues entre las consecuencias de su construcción, las comunidades aborígenes se ven obligadas a cambiar la forma de vivir en las tierras ancestralmente habitadas, como también ver morir sus lugares sagrados.

En la gran mayoría de los casos los pueblos son desplazados o destruidos, ganando la capitalización de las tierras y el ingreso de éstas al marco jurídico de los Estados-Naciones correspondientes.

La lucha que han dado, y continúan haciendo, las diversas etnias por la defensa del agua, la tierra y sus tradiciones tiene una larga trayectoria de resistencias, triunfos y lamentables muertes. El asesinato de los medioambientalistas Berta Cáceres, Waldomiro Costa y Laura Vásquez  o la desaparición de Selk’nam, Chonos y Cuncos son muestras del dominio y la fuerza material que tienen las instituciones hegemónicas, siendo cotidiano el peligro de  amenaza a las etnias que aún se mantienen vivas. Tal es el caso del pueblo Mapuche, de cuya resistencia existe registro desde la llegada de los españoles, llevando más de 500 años de aguante, pero con dolorosas pérdidas en el camino. En razón de aquello, el asesinato de dos weichafes en manos de un ex carabinero hace menos de una semana, en la localidad de Los Sauces, cercanías de Angol.

En Chile, según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de los 102 conflictos socioambientales activos, 39 están vinculados con pueblos indígenas, y de estos la mayoría asociados con centrales hidroeléctricas y el pueblo Mapuche.

Estrategias destructivas y asututos métodos de intervención territorial hoy son usados con éxito por empresas del sector extractivista en los territorios ancestrales del pueblo mapuche. Procesos sociales que desencadenan terror, muerte y despojo para miles de familias.

1.- Dividir el Wallmapu

El panorama actual de las centrales hidroeléctricas en el país muestra que existen 118 activas, las que en su mayoría se concentran en la zona centro-sur del país. Cuando se instaló la principal central, Ralco, entre los años 1997 y 2003 se vivieron una serie de conflictos con la comunidad mapuche-pewuenche que habitaba la zona,  dado que se exigía el desalojo de más de 100 familias además del impacto ambiental que generaría en la zona. Hoy esta comuna es una de las más pobres del país e informes revelan las consecuencias emocionales que dejó el desplazamiento en las familias. Para el año 2007, el pueblo reinstalado de Santa Bárbara, presenta tazas que indican que la principal causa de muerte de la población, era el suicidio.

Tania Solar, psicóloga e investigadora quien trabajó y vivió con las comunidades durante y posterior al conflicto, señala que una de las estrategias utilizadas por Endesa, la empresa que se instaló en Ralco, fue la contratación de varios jóvenes del lugar, lo que fue dividiendo a la comunidad, pues el proyecto hidroeléctrico generaba varios resquemores entre varios sujetos de la comunidad mientras otros lo veían como la oportunidad de salir de la pobreza que se vivía, ya que el Estado no llegaba hasta aquellos lugares. Sumado a esto, Solar destaca la falta de información oficial y el gran equipo social que llegó a la zona, quienes comenzaron a negociar de manera directa, sin mediación de ninguna institución o personal estatal. 

En paralelo a la instalación de la represa, la psicóloga da cuenta del aumento en los niveles de alcoholismo en el territorio y de lo inhóspito de los lugares a donde fueron trasladas las familias, conviviendo con plantaciones forestales o torres de alta tensión.

2.- Acoso judicial y psicológico

La estrategia de Endesa para entrar en la comunidad de Ralco  sigue siendo replicada por diversas empresas transnacionales que buscan instalarse en centro-sur del país. La legalidad en que funcionan estas prácticas, tal como dice Eduardo Mella, escritor de “los mapuches ante la justicia”, tienen directa relación con una manera en que está dispuesto el Estado chileno, pues éste “creará leyes en favor del modelo que apuesta, que es un modelo corporativo y no en favor de los pueblos indígenas, muestra clara es que les interesa que una empresa se instale más que permanezca una comunidad, tanto así que la ley eléctrica tiene más peso que la ley indígena”.

El caso actual que vive la comunidad de Tranguil, que tras la muerte de Macarena Valdés en agosto del año pasado se dejó en evidencia la situación conflictiva que están viviendo por la instalación de la represa Panqui. La familia de “la Negra” denuncia a la empresa RP Global, dueña del proyecto, de haberla asesinado, pues un día previo a encontrar su cuerpo había ido a amedrentar a la casa de Valdés.

Rubén Collio, compañero de Valdés, narra que tras la muerte de su mür se mantienen las prácticas de acoso por parte de la empresa, haciendo llamados telefónicos con amenazas de muerte y hostigamiento en horas de la noche, repercutiendo en un miedo constante en los vecinos del lugar. Además, varios comuneros que se han posicionado en contra de la construcción de la central hoy se encuentran con arraigo nacional, debido a acciones legales tras una manifestación en la ruta internacional.

Según el último reporte de la organización Meli Wixan Mapu hay 30 presos políticos mapuche,  varios de ellos juzgados por la ley antiterrorista.  Esta legislación ha sido cuestionada por organismos defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional, declarando que “un estado democrático no debería existir una ley como esta”.

3.- Destruir la cosmovisión y el habitar mapuche 

La destrucción de lugares sagrados para el pueblo Mapuche se suma a la manera de actuar de las empresas hidroeléctricas. Al momento que se van instalando, legal o no,  van utilizando los espacios en favor del negocio energético. Cementerios indígenas o menokos son lugares que se han visto destruidos en favor de las represas. Tal fue el caso que vivió la comunidad de Mellocoche que denunció que la empresa  Serviterra modificó el cause del río y dañó patrimonio espiritual.

Para Roberto Morales, doctor en antropología, lo que sucede en la zona es  “una estrategia coherente con el desarrollo del modelo económico social, del capitalismo extractivista, que no considera los derechos del pueblo mapuche”.

Además, el antropólogo postula que las empresas por ley deben considerar la existencias de los pueblos indígenas al momento de instalarse en los territorios, tanto por ley indígena como por convenios internacionales  (convenio 169 de la OIT),  pero que a pesar de esto pasan por sobre las comunidades, pues “no existen las condiciones que reconozcan los derechos territoriales-ambientales de este pueblo y demás pueblos originarios», en su perspectiva, la destrucción (etnocidio) de los sistemas de vida de los pueblos originarios, serían un costo o impacto asociado que muchas veces es compensado o mitigado.

Derechos, leyes y convenios se entrelazan en un territorio que se disputa entre las miradas y formas de habitar la tierra; el extractivismo argumenta la necesidad de energía, mientras que los pueblos indios se resisten a cambiar su cosmovisión ancestral, manteniendo una lucha constante contra un sistema que los quiere ver extintos.