Comunidad de Liceo Amunátegui denuncia fracaso en la municipalización ante cierre

Escrito por el agosto 24, 2018

Como el «reflejo de la crisis del sistema de municipalización de los liceos y la precarización de la educación pública», fue descrita la actual situación del Liceo Amunátegui por expertos y la comunidad educativa. Esto, en medio de los alegatos por el recurso de protección presentado por el Comité de Defensa de este establecimiento el mes pasado, el cual se enmarca en el cierre del liceo.

Después del incendio que sufrió el recinto educacional en junio pasado, que sólo afectó el 0,9% del establecimiento -según indicaron desde la vocería de los apoderados-,  y que se produjo en el contexto de la toma del espacio por problemas de infraestructura, debido a otro incendio que sufrió el establecimiento el año 2013 y que no fue reparado por el municipio; el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, decidió terminar el semestre y cerrar el liceo hasta fin de año.

La medida del edil implicó que reubicaran a los 778 alumnos en el colegio Gabriel González Videla.

La vocera de los apoderados del Liceo Amunátegui, Sonia Araya, señaló que el cierre del establecimiento fue ilegal y no tuvo justificación, siendo el principal propósito provocar a a los estudiantes secundarios movilizados con este ejemplo.

 

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En tanto, el secretario del consejo gremial del Liceo Amunátegui, Luis Velarde, indicó que los problemas más graves después del traslado al Liceo Gabriel González Videla tienen relación con los cambios a nivel pedagógico por los horarios y la salida de algunos profesores y estudiantes.

 

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El vocero del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), Mario Sobarzo, apuntó a que la situación del Liceo Amunátegui es el reflejo de la vulneración del derecho a la educación de los estudiantes en Chile.

 

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El vocero de OPECH también señaló que el cierre del liceo y los daños que este tenía antes del incendio dan cuenta de la crisis de la educación pública y el sistema de municipalización.

 

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Se espera que los alegatos -que según Sonia Araya fueron positivos- continúen en las siguientes semanas, en donde se tratará de probar la ilegalidad del proceso llevado por Alessandri, quien tomó la decisión antes de los plazos fijados legalmente y sin aguardar por el decreto de la Seremi de Educación.

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