Rodrigo Román por prisión política en Chile: «ojalá que nadie necesite asistencia jurídica, pero mientras estemos vivos, seguiremos en esta misma senda»
Escrito por Rafael González el octubre 23, 2024
A 5 años del estallido social, la prisión política sigue siendo una realidad incómoda dentro del gobierno de Gabriel Boric. Para discutir su implicancia actual, en Radio JGM hablamos con el abogado Rodrigo Román de la Defensoría Popular, ONG que desde 2008 pretende visibilizar la persecución y criminalización de manifestantes y luchadores sociales.
Por Rafael González
Han pasado cinco años del Estallido social y de las detenciones, judicializaciones y prisiones preventivas que todavía mantienen a manifestantes tras las rejas. Esto se puede extrapolar al conflicto en el Wallmapu, en donde muchos de sus personeros sufren hoy el mismo destino. Manifestarse en contra del poder parece ser cada día más arriesgado y desde la Defensoría Popular lo saben bien, tras haber perdido a una de sus integrantes en una protesta en 2021.
Conversamos con Rodrigo Román de la Defensoría Popular sobre la prisión política en Chile y cómo esta ha tomado nuevas formas en nuestro país a partir de la Revuelta Popular y cómo el pueblo mapuche ha sido criminalizado y ha sufrido este tipo de torturas institucionales.
Entrevista a Rodrigo Román
¿Qué definimos como prisión política?
R: Existen distintas versiones. No tenemos una definición legal en Chile y no hay ningún cuerpo legal que la defina como tal. Por lo tanto, hay una definición doctrinaria o política, la cual tiene relación con los delitos políticos o comunes realizados con finalidad política. Estos son delitos conexos en el derecho penal y por esa razón, devienen en “prisión política”.
Hoy todavía hay gente en la cárcel o esperando juicio producto de la revuelta. Tenemos que recordar a la muchachada en prisión política del 18 de octubre, que son los más olvidados.
¿Cuáles son los delitos más comunes a la hora de defender y que constituyan prisión política?
R: Uno de los delitos que se impuso casi mayoritariamente, fue el porte de bombas molotov, contenido en la Ley de Control de Armas y Explosivos. La bomba molotov está tipificada como delito desde 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos. El porte tiene penas casi equivalentes a andar con una pistola.
Otro delito que se imputó, de forma muy arbitraria, fueron los delitos de incendio. Ahí está el tema de los incendios del metro, que siguen siendo un gran misterio. Piñera murió sin señalar esos supuestos antecedentes de extranjeros que venían a quemar el metro, él afirmó aquello y nadie dijo nada.
El 13 de octubre se reprimió duramente la marcha por la resistencia indígena ¿Qué posición toma la Defensoría frente al pueblo mapuche?
R: Nosotros hemos tenido el privilegio de poder acompañar en causas judiciales desde hace un poco más de 10 años al Wallmapu. Tenemos un compromiso con ellos, porque es nuestro compromiso fundacional, con las disidencias en general. En los últimos años hemos trabajado frente al contexto de la criminalización y de la persecución de las disidencias mapuches. Esta persecución política se ve personificada en Héctor Llaitul, que por lo demás, está injustamente condenado.
Hace tres años Denisse Cortés, defensora popular, fue asesinada en una protesta por los derechos indígenas, aparentemente por un fuego artificial. Sin duda que la policía y el Estado de Chile tienen la responsabilidad, por lo menos los pacos son cómplices pasivos. Permitieron el asesinato de Francisca Sandoval y el de Denisse Cortés, quien murió cumpliendo su rol de defensora popular en la calle, lo que nos llena de orgullo y admiración.
¿En qué estado se encuentra el caso de Denisse Cortés en tribunales?
R: Nosotros por decisión de la familia no nos hicimos parte del caso. En su momento la familia resolvió que quien iba a hacerse cargo eran abogados de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde Denisse estudiaba.
En los próximos días vamos a interponer una querella, no solamente en contra de quien habría gatillado el artificio, sino también en contra de los policías, por la responsabilidad que tienen por la falta de auxilio. Denisse fue herida a dos cuadras de la Posta Central, a una cuadra de la clínica de la católica, desde luego ahí se configura la falta de auxilio. No puede ser que una persona quede herida, botada y que su lecho de muerte sea la calle.
Como Defensoría Popular, ¿Qué recomendaciones hacen a la hora de manifestarse?
R: Una recomendación es primero tener cuidado con nuestras vidas, porque esto de que los policías salgan a disparar indiscriminadamente no lo veo como un evento lejano. Una recomendación jurídica es el derecho a guardar silencio, por la implicancia que puede tener.
Este gobierno está lejos de ser progresista. Lo que ha hecho es permanentemente proscribir el derecho a la protesta social, el cual está garantizado en la constitución. Ahí vemos la brutalidad policial como componente fundamental y que más encima está legitimada por toda la clase política.
Y por supuesto, que ojalá que nadie necesite asistencia jurídica, pero mientras estemos vivos, seguiremos en esta misma senda en la que ya tenemos casi 20 años.
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