Prisión Política: declaraciones de abogados de DD.HH contradicen al gobierno

A raíz del traspié de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, quién terminó afirmando que en Chile no corresponde hablar de prisión política; abogados expertos en Derechos Humanos contradicen la postura oficial del gobierno y explican cuáles son los elementos que evidencian la existencia de prisión política hoy en el país.

Por Natalie Gilbert y Joceline Videla

Durante la emisión de una entrevista en el programa Tolerancia Cero, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, declaró que en Chile hay prisión política. “Existen los presos políticos sin duda, y puedo poner ejemplos. Los chicos que están en estos momentos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos dos años, si no son presos políticos entonces qué son, porque en la práctica hasta ahora no han sido enjuiciados”, declaró la jefa de cartera. 

El análisis de la ministra, alcanzó a las personas presas del pueblo mapuche en el contexto de restitución de tierras.  “La realidad es la realidad. Efectivamente nosotros tenemos presos políticos y, no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos”.

Sin embargo, a pocas horas de sus declaraciones la ministra Vega retrocedió a través de su cuenta de twitter. “Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar el mal entendido”, versó el tuit. 

Es por este motivo que, a propósito de la confusión sobre la prisión política que evidenció la jefa de cartera y que, más tarde fue secundada por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, es que en radio JGM hemos recopilado las declaraciones que abogados de Derechos Humanos nos entregaron durante los años post-estallido social y que contradicen la postura del gobierno.

Presos de conciencia: un tipo de prisión política

En el contexto de la tramitación de la ley de indulto,hoy proyecto de amnistía para los presos de la revuelta popular, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta abordó en el programa Vista Panorámica del 01 de abril lo que definió como un “falso debate” sobre la prisión política.

Mientras algunos, de acuerdo con los primeros dichos de la ministra, aseguran que sí hay presos políticos, otros, más cercanos a su tuit, piensan que el preso político es un preso de conciencia condenado por sus ideas.

A raíz de los dichos de la ministra Vega, durante la tarde del martes 16 de mayo se consultó a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, por una respuesta oficial del gobierno sobre la existencia de la prisión política: 

“Nosotros no tenemos presos de conciencia; tenemos presos y presas que fueron detenidas en contexto de alta conflictividad política y social. Y eso le da una connotación especial al abordaje de la problemática, pero no tenemos presos de conciencia”, respondió. 

Sin embargo esta diferenciación no se condice con lo señalado por el presidente de la Comisión Chilena, quien en Vista Panorámica aclaró que, “los presos de conciencia son una especie de preso político pero no son todos los presos políticos. No todos los presos políticos son privados de libertad por tener una opinión distinta, también por realizar hechos, incluso delitos comunes, pero que se transforman en delitos políticos por la finalidad que persiguen”, enfatizó. 

1. Finalidad política:

Del mismo modo y consultado por un caso emblemático del estallido social, Margotta, aclaró un aspecto central que permite identificar la existencia la prisión política en el país, la finalidad política. “Entonces, ciertamente, la finalidad que han tenido los jóvenes que hoy día están encarcelados es precisamente superar este actual modelo político que fue impuesto por la fuerza, a sangre y fuego durante la dictadura militar, y dar paso a otro”, señaló.

Asimismo, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales hizo hincapié en cuatro aspectos que el derecho internacional establece como elementos que constituyen este tipo de prisión. Al igual que el Presidente de la Comisión Chilena, Morales, mencionó la importancia central de la finalidad política.

Refiriéndose al mismo caso en el que se desempeña como abogado defensor, Morales, señaló que, “de repente la Fiscalía o los jueces te dicen ´oye ¿estuvo o no estuvo’, si no es eso ¡Y no es eso. Lo que discuten los abogados es un ámbito situacional!”, recordó, refiriéndose al contexto social del momento de la detención de su defendido.

Sumado a lo anterior, Morales detalló  los otros tres elementos que indican de existencia de prisión política según el derecho internacional. Estos son, lo que se entiende como hipérbole de la causa; el abuso de la prisión preventiva; y la intromisión del Estado como parte querellante a través de abogados pagados por el Ministerio del Interior. 

2. Hipérbole de la causa:

En la ocasión, Morales mencionó lo que se entiende como “hipérbole de la causa”. Esta se traduce en acusaciones por delitos graves los que, a lo largo del proceso judicial y mientras las personas se encuentran en prisión preventiva,  van perdiendo fuerza hasta terminar condenado por delitos menores. 

Tal es el caso de los jóvenes del caso Hotel Principado, a quienes, inicialmente acusaron de incendiar tres instalaciones durante el estallido social, entre ellas el Hotel Principado de Asturias. Pero, y tras dos años de prisión preventiva, terminaron siendo condenados por fabricación o lanzamiento de artefacto incendiario. 

Sobre el cómo se disminuyeron las acusaciones durante el proceso sin que esto llame la atención de la opinión pública, tiene relación con el siguiente aspecto que ambos abogados también han señalado como alerta de prisión política. Un elemento que tiene que ver con la dilatación del proceso judicial conocido como abuso de la prisión preventiva.

3. Abuso de la prisión preventiva: 

La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional cuyos criterios en nuestro país están contenidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Su abuso consiste en la extensión en el tiempo del encarcelamiento de las personas a la espera de una condena. Esto constituye una vulneración del derecho del debido proceso y del derecho a la presunción de inocencia.

De cierto modo así lo reconoció la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien aseguró que el gobierno está tratando de resolver, “la injusticia de la extensión de la prisión preventiva. Porque la prisión preventiva lo que hace es tener en la cárcel a personas sin condena y por un tiempo que transgrede los límites razonables”, declaró.

No obstante no vinculó este aspecto a la prisión política. “Lo que busca esto es resolver la situación de la prisión preventiva por sobre todas las cosas, en un contexto determinado. Por eso vuelvo a decir, acá no tenemos presos de conciencia, no nos corresponde determinar la calidad del delito que le corresponde a los tribunales de justicia”, cerró.

En más de una oportunidad Carlos Margotta, abordó las implicancias del abuso de la prisión preventiva. “Una de esas vulneraciones más graves del derecho del debido proceso del que han sido objeto desde el momento de su detención, ha sido justamente el abuso de la prisión preventiva”, indicó.

Estrechamente vinculada con la hipérbole de la causa, Margotta relaciona el abuso de la prisión preventiva a la desproporción entre las acusaciones en comparación con la condena aplicada al final del juicio. “O terminan absueltos en un número muy significativo de casos o terminan condenados por un hecho de rango inferior, y por lo tanto, la medida cautelar no se justificaba”, concluyó.

Prisión preventiva en la región americana

Si bien, la prisión preventiva y su sobreutilización como medida cautelar es una realidad extendida en diferentes países de las Américas, situación calificada en 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un “problema crónico en la región”; también es cierto que en comparación a países vecinos, en Chile los criterios para decretar esta medida cautelar, son menores.

Por ejemplo, no existe en nuestro Código Procesal Penal, como sí lo establecen otras naciones, ciertos elementos para fijar como improcedente la aplicación de la prisión preventiva, estos son: edad del imputado (a), enfermedad, embarazo o lactancia, circunstancias personales que en Chile no son consideradas.

Así mismo, Chile, a diferencia de la gran mayoría de naciones vecinas, no fija límite de tiempo para la duración de la prisión preventiva; lo que sí hacen Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Ecuador, por nombrar a algunos. Una característica de la aplicación de la prisión preventiva en los procesos judiciales chilenos que explica muy bien los casos de cientos de personas cuya libertad fue privada, incluso por más de 2 años, mientras eran investigados post-estallido social de 2019.

4. Estado como parte querellante:

Para Lorenzo Morales, existe un aspecto mucho más evidente que puede alertar a la ciudadanía de la existencia de la prisión política. “Y es que el poder político se inmiscuye con abogados, comenta los fallos, los avances, los retrocesos. Que cuando el fiscal sale en la prensa diciendo que alguien está formalizado, está con el jefe de la policía, con el ministro del Interior, con el subsecretario, etcétera. Entonces el Ministerio del Interior contrató muchos abogados para querellarse con los chiquillos”,  denunció. 

La intervención del Estado durante las causas asociadas al estallido social se materializaron durante el gobierno de Sebastián Piñera a través de la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Durante su campaña electoral, Gabriel Boric anunció que retiraría este tipo de querellas. Sin embargo como se vio la semana pasada, mantiene abogados exigiendo prisiones preventivas en contra de personas imputadas.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de La Lista del Pueblo (@lalistadelpueblo)

Una persecución penal en manos del Estado, ahora a través del gobierno de Boric, que está presente tanto en el caso de los estudiantes de la Universidad de Concepción como en contra de los jóvenes acusados en el caso del Hotel Principado, que ya inició un nuevo juicio y como querellantes tiene al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio del Interior. 

Sobre esto último, Lorenzo Morales se refirió a la participación del Estado tras anunciar el retiro de querellas: “Nosotros habíamos pretendido que era un gesto, pero nunca habíamos tenido el escenario de que iba a ser parte activa en los juicios que quedan, y que no son pocos. Esta parte activa se opuso al sobreseimiento y está pidiendo prisiones efectivas”, indicó el defensor. 

«Acá se dan todos los aspectos de la prisión política»

Finalmente el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, recordó que el fundamento que lo llevó promover el proyecto de la ley de Indulto para presos del estallido social, “partía de la base que estamos en presencia de la prisión política en Chile. Y que debería ponerse término en forma inmediata y urgente», afirmó.

En ese sentido Margotta fue categórico. “Nosotros no hemos tratado a los presos de la revuelta de otro modo que no sea preso político. Es por esto que se debe seguir reivindicando y exigiendo la libertad de los presos de la revuelta, porque no puede existir prisión política en nuestro país», sentenció.

La ministra no sabe sostener su concepto y ese es un problema que atraviesa todo su gobierno. Acá se dan todos los aspecto de la prisión política. No discutirlo seriamente es parte patente de que estamos en una sociedad en descomposición.

Del mismo modo, y a propósito de los dichos de la ministra Jeanette Vega, Lorenzo Morales respondió que, «la ministra no sabe sostener su concepto y ese es un problema que atraviesa todo su gobierno. Acá se dan todos los aspecto de la prisión política. No discutirlo seriamente es parte patente de que estamos en una sociedad en descomposición», alertó Morales.

 

Tal vez también te interese: INDH DECIDE NO QUERELLARSE POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN EL CONTEXTO DEL ESTALLIDO

Sigue leyendo en Radio JGM

Gobierno mantiene querellantes en nuevo juicio contra presos políticos del caso Hotel Principado