Pagar la cuenta: ¿Quién se hará cargo de la devastación territorial?

«Un total nacional de 28 termoeléctricas a carbón han condenado por más de cinco décadas no sólo a la salud de estas comunidades, sino que también su aire, agua y suelo, ¿Quién se hará cargo de la devastación territorial?»

Por Andrea Valderrama Yevilao

Foto por: Andrea Valderrama Yevilao

El martes 13 de octubre, la franja por el apruebo del Comando Chile Digno emitió en menos de un minuto la representación de cómo se vive en una de las cinco zonas de sacrificio de nuestro país. El caso de la Bahía de Quintero-Puchuncaví cobró relevancia recién en agosto de 2018, después de una serie de intoxicaciones masivas sufridas por más de 1600 niñes, adolescentes y adultes con síntomas como cefaleas, hemiparesia, mareos, nauseas, paresia completa e incluso inconsciencia.

El mensaje fue directo: “el Estado sigue negando la gravedad de este problema. Mientras las industrias se enriquecen, acá nos empobrecen, enferman y matan”. Sin embargo, el día jueves 29 de octubre, la Directora del diario El Financiero, Marily Lüders, se atrevió a cuestionar en su editorial el por qué y el para qué de la descarbonización acelerada.

Hija del reconocido economista de los Chicago Boys y ex Ministro de Hacienda de la dictadura de Augusto Pinochet entre 1982 y 1983, Rolf Lüders, la periodista titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), ex Decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y designada en el cargo por el grupo Claro en marzo de 2018; sugirió ceñirse a las recomendaciones del Banco Mundial sobre descarbonizar en 2050 para aumentar el PIB anual y así agregar US$31 mil millones a la economía chilena.

Al igual que el papel, los números lo aguantan todo. Eso vale la vida de casi 200 mil personas que viven de norte a sur entre Huasco, Mejillones, Tocopilla, Quintero-Puchuncaví y Coronel.

¿Estaría dispuesta a sacrificarse ella en pos de la economía nacional?

Los ejemplos de zonas de sacrificio suman y siguen. Por ejemplo, hay tres opciones de vivienda en la comuna ubicada más al sur en la Región del Bío-Bío: En el Fundo Manco a las orillas del estero que secó la central termoeléctrica Santa María de Colbún; en la caleta Lo Rojas junto a la obsoleta primera central de ENEL; o en el cerro La Colonia junto a la moderna segunda parte del Complejo termoeléctrico Bocamina de la misma empresa italiana.

De seguro la respuesta sería no y es que según el último estudio realizado por investigadores pertenecientes al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la PUC en 2019, reveló que las personas que viven en presencia de carboneras, corren el riesgo de enfermarse hasta cuatro veces más que el promedio nacional.

Y la zona norte sigue ese camino. En Huasco, por ejemplo, el riesgo de muerte por una enfermedad cerebrovascular es de un 281% más debido a las cinco centrales emplazadas en su localidad. Mientras que las siete termoeléctricas de Tocopilla, aumentan la posibilidad de fallecer por tumores malignos en los bronquios, tráquea y pulmón en un 172%. No olvidemos a Mejillones, que aporta la producción energética más grande del país con ocho carboneras de propiedad de Aes Gener y Engie.

Un total nacional de 28 termoeléctricas a carbón han condenado por más de cinco décadas no sólo a la salud de estas comunidades, sino que también su aire, agua y suelo, ¿Quién se hará cargo de la devastación territorial?

Sin desmerecer las buenas intenciones de la agrupación “Aprobemos Dignidad”, ya no basta con garantizar un medioambiente libre de contaminación como estipula el artículo 19 número 8 de la Carta Magna del 80’. En una nueva constitución, es necesario que exista una justicia ambiental proactiva que no sólo se accione después del ecocidio producido por las industrias extractivistas. Una que releve su importancia para que toda acción social tenga un enfoque holístico e integral en materia medioambiental.

En ese sentido, la regulación de la contaminación debe ser más estricta según los estándares europeos porque el no tener una Norma de Calidad Ambiental (NCA) no significa que las consecuencias no existan.

Cuando el triunfo del Apruebo le pase la cuenta a les futures constituyentes, ¿podrán hacerse cargo de esta demanda histórica? Porque si las nuevas regulaciones, distribución de impuestos y modelo de desarrollo se discute a puertas cerradas en las mismas oficinas de grandes edificios ubicados en las comunas más ricas de Santiago que votaron rechazo, es como si nos hicieran perro muerto otra vez.

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