Familias corren riesgo de quedar en la calle en plena pandemia por no pago de subsidio

Las personas afectadas son ex vecinos y vecinas del campamento Juan Pablo II, quienes denuncian que por dos meses el Gobierno no ha cumplido con el pago de un subsidio acordado por el desalojo la población para poder construir viviendas definitivas en el lugar.

Imagen de referencia. Foto: Minvu

Hace más de dos años se dio inicio a un plan del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con la Municipalidad de Lo Barnechea denominado “radicación población Juan Pablo II”, proyecto que tiene como objetivo dar una solución habitacional a 380 familias de este histórico campamento del sector oriente de Santiago.

Según informó la municipalidad, el plan “se está desarrollando en tres etapas: la primera considera el despeje del terreno y el traslado de las familias. La segunda, corresponde a la preparación de terreno. Y, la última, contempla la construcción de las 380 viviendas (…) que serán de 70 m2 aproximadamente y estarán ubicadas en módulos de 4 pisos y 5 departamentos”.

Las primeras familias de la Juan Pablo II, que abandonaron el lugar para dar paso al plan, se fueron el primer semestre del 2018, en medio de conflictos porque algunos vecinos denunciaban que no estaban siendo considerados, los cuales fueron desalojados por Carabineros en julio de ese año. 

Durante los meses siguientes los otros sectores fueron abandonados, hasta que en septiembre del año pasado se retiraron las últimas familias que quedaban en la población, al mismo tiempo que se preparaba la construcción de los primeros 140 departamento que serían entregados el 2021. El resto de las viviendas serían entregadas el segundo semestre del 2022.

Campamento Juan Pablo II. Foto: Serviu

El acuerdo de las autoridades con las familias para que abandonen el lugar fue que el Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización) les entregaría un subsidio de arriendo para que abandonen el lugar mientras se desarrollan las construcciones.

Este monto efectivamente fue entregado mes a mes, pero a un grupo de familias dejó de llegarle en el momento más crítico de la pandemia de coronavirus. 

Familias desamparadas

Durante junio y julio un grupo de familias no ha recibido el pago de los subsidio comprometidos, lo que las ha mantenido con el miedo de que los echen de sus lugares de arriendo y quedar en la calle.

“A mí me dejaron de pagar y después, por los comités, primero se decía que había un problema en el Serviu, después que el problema estaba en la Tesorería. Finalmente, empezaron a decir que nos van a pagar mañana, que nos van a pagar la próxima semana y así ha pasado todo el mes. A la gente todavía no se le ha cumplido el acuerdo”, afirma Patricia Ahumada del Comité 6 de la Población Juan Pablo II. 

Además, denuncian que ninguna institución ha entregado una justificación formal de la irregularidad. “Tampoco tenemos una respuesta de una persona, un funcionario municipal o del Serviu. Todo lo que se sabe es por los comentarios que hace la misma gente”, asegura.

Según información manejada por los vecinos, en un principio solo en el Comité 6 eran cuarenta familias afectadas por el retraso de los pagos. Durante junio a nueve se les entregó el monto, pero el resto aún no tiene respuestas.

Construcción de viviendas en el terreno del campamento. Foto: Prensa Felipe Guevara

Los pobladores organizados afirman que han intentado llamar la atención respecto a la situación, pero el contexto de crisis sanitaria y económica ha dificultado el escenario para poder realizar alguna acción.

En medio de la crisis

El retraso en el pago de los subsidios en el contexto actual ha puesto a las familias en una situación al borde del colapso. 

Por ejemplo, una vecina que es beneficiaria del proyecto afirma que recibía $200 mil del Serviu y con sus ingresos como feriante lograba cubrir los $300 mil pesos que cuesta el arriendo de su vivienda actual. Con la crisis sanitaria la mujer tampoco ha podido generar ingresos y está teniendo que consumir los productos de su negocio. 

“Yo llevo cuatro meses sin poder trabajar en la feria y me he comido toda la plata de mi mercadería. De un negocio de tres metros, yo ahora tengo un metro y si sigo en estas condiciones no voy a tener nada”, relató. 

“Yo la verdad no tengo donde irme si tengo que entregar la casa. De verdad te digo: me iría a la calle. Ahora estoy durmiendo en una camioneta en la calle. A ese extremo he llegado para juntar un poco de lucas porque el municipio, al menos a la gente que se fue de la comuna para arrendar afuera, nos abandonó”, sostiene angustiada. 

“Con esto el municipio tiene que hacer algo. No nos puede dejar así a la suerte de dios porque pertenecemos a la comuna”, concluye.