Declaración sobre los Derechos Campesinos: un camino hacia la soberanía alimentaria

A fines de los años 90, la ofensiva del capital financiero sobre la agricultura y la alimentación se materializó en desalojos campesinos, privatizaciones y la retirada de los Estados de su función de control y regulación. La doctrina neoliberal anunciaba el Fin de la Historia y el fin del campesinado. El libre mercado emergía como el relato hegemónico, que de la mano de la globalización iba a terminar con todos los males e injusticias. La Organización Mundial de Comercio  (OMC) ocupó el lugar de las Naciones Unidas, los derechos humanos quedaron subordinados a los derechos del capital y las corporaciones, que impusieron nuevas reglas de juego y nuevos escenarios autoritarios de gobernanza, que “juzgan y castigan” a los Estados que se atreven a condicionar sus ganancias.

La arremetida “tecnológica” fue avalada por una pseudociencia apadrinada por el dinero de las corporaciones, que ocuparon los vacíos presupuestarios de los diezmados Estados. Así, desde los institutos de desarrollo rural hasta las universidades masificaron este nuevo paquete tecnológico sin que haya sido puesto debidamente a prueba. El relato del agronegocio consistía simplemente en que esa tecnología aumentaba la productividad y eso derivaría en más desarrollo.

En 1990, la pobreza en Argentina se ubicaba en el 34,3%, pero tras la hiperinflación y la salida anticipada del gobierno de Raúl Alfonsín, se llegaría al 41,3%. Fue el escenario donde se abrieron las puertas a los transgénicos y se promovió el uso masivo de ese paquete tecnológico.

El desarrollo de los agronegocios traería alimentos para todos, y sobre todo empleo de la mano de los dólares que lloverían gracias a las bondades de las commodities. Solo se trataba de que ese campo concentrado y especializado “trabaje” libre y sin restricciones. En el año 2010, el índice de pobreza llegó al 20,6%, producto de las políticas redistributivas del kirchnerismo, que tuvo entre sus principales opositores a las empresas núcleo de los agronegocios.

Luego de 30 años, el índice de pobreza en 2021 fue del 37%, los precios de los alimentos escalan de forma sostenida y liderando la inflación y la crisis climática es ya innegable.

Luego de 30 años de agronegocio y ventajas para el desarrollo del capital financiero en la agricultura, cada uno de los problemas que iban a resolver se agravaron drásticamente: la crisis alimentaria, la malnutrición y la inseguridad alimentaria, la falta de dólares en el Banco Central (que coincide con los récord históricos de cosecha y exportación de granos), el desempleo y la pobreza. El agronegocio a las y los argentinos no nos provee ni dólares ni comida ni empleo. Administra hábilmente la extorsión, las falsas promesas y la especulación.

Sin embargo, en estos 30 años más de 500 mil familias de campesinos, campesinas y agricultores fueron expulsadas del campo. Mientras, la agroindustria y los mercados están cada vez más concentrados. Según Greenpeace, en los últimos 30 años perdimos cerca de 8 millones de hectáreas de bosques (el equivalente a la superficie de la provincia de Entre Ríos).

Además, el consumo de agrotóxicos aumentó casi un 1000% entre 1990 y 2020, pero los rendimientos promedio solo aumentaron un 30% (aunque estas medidas anuales no dan cuenta del proceso de degradación de los suelos, por lo que esos aumentos de productividad son probablemente transitorios). Aumentó el 50% la superficie con granos y la producción total se multiplicó por 400%.

De los casi 500 mil litros de agrotóxicos que se utilizan para fumigaciones anualmente, más del 65% son importados. El precio de los mismos tiene una dinámica de aumento que siempre está por encima de los precios de las commodities, por lo que son una parte importante de la dolarización y presión para el aumento de los precios de los alimentos.

Durante la pandemia, mientras los Estados fueron quienes tuvieron que salir a rescatar a empresas y trabajadorxs, estas corporaciones ganaron miles de millones, sin un atisbo de remordimiento. Fueron las organizaciones campesinas y los movimientos sociales quienes desarrollaron miles de acciones de solidaridad para que el alimento no falte entre las y los argentinos. Pero gran parte de los subsidios del Estado para la ayuda alimentaria va a parar, finalmente, a esas corporaciones, como un círculo vicioso que engrosa más al flagelo argentino.

Quizás otro saldo positivo de la post pandemia es que ya está en claro que este no es un problema solo del campesinado y la agricultura familiar: la discusión de “el campo” le corresponde a la sociedad en su conjunto. La primera conclusión es que los alimentos no pueden ser meras mercancías en mano de una élite corporativa. La alimentación es un derecho humano, y el desarrollo debe debatirse poniendo los derechos en el centro.

La Vía Campesina cumple 30 años de luchas y resistencias. Ya en 1996 denunció la hipocresía de los agronegocios y las corporaciones transnacionales, plantó la bandera de la soberanía alimentaria y articuló la resistencia global a la OMC y sus instrumentos de sometimiento: el FMI y el Banco Mundial.

Es por esto que la Declaración sobre los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales (UNDROP, por su siglas en inglés) marca un punto de inflexión en estos debates. Luego de análisis y estudios de casos con especialistas de diversos países, la ONU dio por terminada la tesis del “Fin del campesinado”  y llamó a los Estados a proteger, respetar y hacer efectivos una serie de derechos  que no solo atienen a las poblaciones rurales, sino que también hacen a las alternativas para salir de la crisis alimentaria y alcanzar los Objetivos de desarrollo Sostenible para el 2030.

Por Diego Montón para la Agencia de Noticias Biodiversidadla

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