Cuando la niñez no está primero: Exclusión de participación política y vulnerabilidad de derechos de las nuevas generaciones

A más de un año de una de las revueltas populares más grandes que ha habido en Chile, quienes fueron gestores de este proceso de cambio siguen siendo vulnerados, han sufrido todos los vejámenes de los agentes del Estado y siguen sin voz ni voto. Para la institucionalidad, los niños, niñas y adolescentes son invisibles.

Por Amaranta Llanos Silva, Macarena Martínez Millar y José Ojeda Vargas

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Un lunes siete de octubre, tres días después de que se hiciera efectiva una nueva alza en el pasaje de metro por $30, ocurre la primera evasión masiva en la estación Universidad de Chile. No se tiene certeza de quién lo organizó ni de cuál fue el primer liceo en participar. Pero sí se tiene claridad de que fueron estudiantes; niños, niñas y jóvenes que impulsaron lo que más tarde se consideraría como la revuelta popular más grande de los últimos treinta años. Aquella que desembocaría en un histórico llamado a plebiscito para cambiar la Constitución de Chile, creada durante la dictadura militar. Sin embargo, no participarían las y los actores de los primeros días de octubre.

Esto no prendió: les niñes de octubre

El día cuatro de octubre de 2019, se hizo efectivo un aumento en la tarifa del pasaje para adultos de Metro de Santiago, pasando de $800 a $830. Ese fin de semana, la cuenta de Instagram CursedIn, creada por estudiantes del Instituto Nacional, publicó una serie de historias en donde se hacía el llamado a realizar evasiones masivas toda la semana a las 14.00 horas en la estación Universidad de Chile. Los registros audiovisuales de ese día muestran una masiva convocatoria que se fue replicando diariamente con cada vez más adherentes y en nuevas estaciones.

Según datos de Metro, entre el lunes siete y el lunes catorce de octubre ocurrieron 52 evasiones. Diariamente se realizaban decenas de manifestaciones a distintas horas, lugares y con miles de personas participando. Lo que comenzaron los niños, niñas y jóvenes ya era replicado por personas adultas, quienes aplaudían y se hacían partícipes de las convocatorias, ganando aceptación por la mayor parte de la sociedad civil.

Por más que la prensa buscaba opiniones contrarias entre los usuarios de Metro y transeúntes, entrevistaban autoridades rechazando las acciones y mostraban videos para apelar a un mensaje de “violencia”, la historia contaría algo diferente.  “Cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. […] La gente está en otra. El chileno es bastante más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes porque la gente se ha visto muy perjudicada”, pronosticaba erróneamente un 16 de octubre el ex Presidente de Metro, Clemente Pérez.

Para Juan González, integrante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), la situación respondió a un proceso acumulativo que se viene gestando desde al menos las dos últimas décadas. “Evidentemente se corona este proceso con la protesta que hacen los estudiantes secundarios de liceos públicos, que ya venían desde el 2015 apareciendo y saliendo en la calle. De alguna manera, esa anticipación de secundarios que se rebelaron saltando el torniquete ante el alza del transporte público fue un detonante, pero no solamente eso, sino que todo este proceso en el que ellos también han sido protagonistas”.

 

1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros

El día viernes 18 de octubre se instaló en todos lados el hashtag #EvasiónTodoElDía, mientras el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refería a los estudiantes y manifestantes como “violentistas y grupos de delincuentes que se coordinan por redes sociales”. Ese mismo día por la mañana, el medio 24Horas declaraba que, desde el lunes siete, Metro registró 200 eventos de disturbios que obligaron a cerrar sus estaciones en 58 oportunidades.

A las 20.00 horas se comenzaron a registrar cacerolazos, barricadas y manifestaciones en varias regiones del país, especialmente en diversas comunas de la Región Metropolitana. La revuelta iniciada por las y los estudiantes definitivamente había “prendido” y el apoyo popular cada hora se hacía mayor. El Presidente decretó Estado de Emergencia, toque de queda y solicitó apoyo a los militares, quienes comenzaron a repletar las calles. Decisión que sólo incrementó el enojo en las personas.

Las semanas posteriores a ese 18 de octubre se vivenció el aumento de violencia y represión por parte de los agentes del Estado, como también la masividad de participación de la población en las manifestaciones. Por más que se intentó criminalizar a los estudiantes que iniciaron la revuelta, el apoyo y aceptación no dejaba lugar a dudas. El domingo 20 de octubre se informó de manera oficial los primeros cinco fallecidos tras el inicio de la revuelta donde, tras el incendio de la bodega de Kayser, se encontró un adolescente calcinado, Joshua Osorio.

 

Juguemos en la calle mientras el paco no está

De acuerdo a los reportes diarios realizados por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), entre el 21 de octubre de 2019 y el 19 de marzo de 2020, hubo 20.858 detenciones a NNA. Sin embargo, según datos obtenidos por Ley de Transparencia, Carabineros sostiene que hubo una cantidad inferior, cercana a cuatro mil detenciones entre el comienzo de la revuelta y el 25 de octubre de 2020.  Por otra parte, en el balance del INDH publicado el 16 de octubre del 2020, se contabilizaron 3.023 víctimas de vulneraciones a los derechos humanos. De ellas, 486 fueron NNA.

 

 

Uno de los casos más recordados ocurrió el cinco de noviembre de 2019, en el Liceo 7 de Santiago. Ese día, las estudiantes del establecimiento votaron para iniciar una toma, lo que no fue aceptado por la directora del liceo, Denise Berenguela, quien llamó a la Dirección de Educación Municipal de Santiago (DEM), en donde autorizaron el ingreso de Carabineros. La directora salió escoltada, mientras dos estudiantes fueron heridas con perdigones en sus piernas.

Quien disparó al interior del establecimiento educacional fue el Mayor de Carabineros de la 4to comisaría de Santiago, Humberto Tapia, quien ya había herido a otro adolescente de 16 años el pasado 19 de octubre. En marzo, después de meses, quedó con arresto domiciliario total como medida cautelar.

La ex vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y ex estudiante del Liceo 7, Valentina Miranda, señala que ese día no tuvo que asistir al colegio. Ella, al igual que todo cuarto medio, había finalizado sus clases hace una semana. Estaba en la feria con su abuela cuando compañeras la empezaron a llamar. “Me fui al Barros Lucos y ahí me encontré con una de las chiquillas. La movimos a la Posta Central y esperamos a que nos dieran las respuestas pertinentes con respecto a lo que ocurrió”, recuerda.

“Hubo responsabilidad de las autoridades del mismo liceo, de la DEM y del mismo alcalde Felipe Alessandri. Los liceos de Santiago veníamos viviendo la militarización de nuestros espacios hace mucho rato. Era una conducta sumamente normalizada para nosotros, pero con la diferencia de que los pacos nunca habían atacado un liceo de niñas”, manifiesta Valentina. Junto a ello, continuó criticando a la directora Berenguela, quien “ni siquiera fue capaz de llamar a los papás de la estudiante afectada y pedir una disculpa correspondiente”.

 

Esta es la ronda de Pinochet, el que se ríe se va al cuartel

La situación se vuelve aún más preocupante con las cifras que reveló el informe anual de la Defensoría de la Niñez. El organismo constató un total de 818 denuncias por vulneraciones graves a los derechos de NNA, mayoritariamente por el actuar de Carabineros.

La Defensoría presentó 127 denuncias por delitos de tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, detenciones arbitrarias, lesiones graves y menos graves, entre otras. Junto a ello, el organismo presentó otras diez querellas criminales por homicidio, lesiones graves, lesiones menos graves y abuso sexual, además de seis acciones constitucionales por uso desmedido de la fuerza por parte de Carabineros, seguridad individual y libertad personal y uso de datos personales.

 

 

Como indica el informe, estos casos permanecen con secuelas por meses. Tal es el caso de Benjamín, el adolescente de 16 años quien fue detenido por la PDI en su propio colegio y fue conocido como el último preso político NNA, liberado el tres de noviembre del 2020. Junto a él, de acuerdo a lo informado por la Defensoría Penal Pública, más de cincuenta NNA quedaron en “internación provisoria” por delitos cometidos bajo el contexto de la protesta social, en algún Centro de Internación Provisoria (CIP) del Servicio Nacional de Menores (SENAME).

Para la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde, hay una evidente tendencia por parte del Estado a criminalizar el actuar de las y los jóvenes, existiendo una vulneración sistemática a los derechos humanos de NNA. Además, remarca que la fuerza policial está actuando de manera “casi autónoma”, por lo que es necesario “apuntar a la eliminación de Carabineros y a la construcción de una nueva forma de mantener el orden público. No puede ser que esto se mantenga sobre la base de la represión”.

Por su parte, la consejera del INDH, Consuelo Contreras, destaca que hubo una gran cantidad de NNA heridos por balines, fundamentalmente adolescentes, y que no hubo especial cuidado en poblaciones en donde había niños y niñas en el lanzamiento de gases lacrimógenos. Además, Contreras puntualiza en que “sin lugar a dudas, para resolver este problema, Carabineros no requiere que sigan renunciando generales. Lo que importa es una reforma profunda a la policía. Esta es una policía que tiene muy poca formación, pero además está estructurada para actuar en tiempos de dictadura”.

 

 

En tanto, el ex estudiante secundario del Liceo Experimental Artístico, M.M.S -quien pidió resguardo de su identidad-, que participó de la revuelta el 2019, indica que la represión dirigida puede explicarse porque al estudiante se le ve “históricamente como un ‘enemigo’ importante. Es quien tiene más a mano la información, es más contestatario y no ha vivido con el temor de la dictadura”.

Cuando el juego se hace verdadero: El adultocentrismo institucional

El quince de noviembre del 2019, el Presidente Sebastian Piñera se reunió con partidos políticos oficialistas y de oposición para pactar un Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, en el que los niños, niñas y jóvenes que iniciaron la revuelta popular no fueron incluidos, ni siquiera de forma consultiva. Lo que dio la primera pista de cómo la vía institucional y adultocentrista olvidaría a los y las jóvenes que dieron el primer paso.

#Plebiscito2020 pic.twitter.com/EmM5zqrxpo

— Ernestoso (@soyernestoso) October 17, 2020

Al respecto, Magally Ávila, de la organización de Madres y Padres Movilizados en Defensa de la Educación Pública, reconoció que hubo un oportunismo político en algunas organizaciones y que “son más que nada los partidos políticos quienes usaron la revuelta como aprovechamiento y para limpiar su imagen. Pero en el Acuerdo reflejaron sus verdaderas intenciones de mantenerse en el poder, para continuar con sus privilegios, conservar las leyes que les benefician y sacar nuevas leyes para criminalizar a quienes se oponen a sus intereses”.

Pero las consecutivas movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019 tuvieron una repentina pausa con la propagación del Covid-19 en marzo del 2020, a casi un mes de la celebración original del plebiscito. Finalmente, este cambió de fecha al 25 de octubre, un año después de la “marcha más grande de la historia”.

Días antes de la nueva fecha, distintas jornadas de protesta comenzaron a resurgir, teniendo uno de los puntos más álgidos el viernes dos de octubre, cuando Sebastián Zamora -ahora ex funcionario de Carabineros- empujó al río Mapocho a un adolescente de 16 años.

Sin embargo, a pesar de que diferentes voces del mundo social pusieran en la palestra la necesidad de incorporar a NNA en el proceso constituyente, esto no se realizó. Desde el 2018 hay una iniciativa en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, presentada por el diputado Boris Barrera (PC), la que consiste en bajar la edad mínima para ejercer el derecho a voto desde los 16 años.

Para Francis Valverde, esta situación da cuenta del “no reconocimiento que tiene el Estado de Chile de las y los NNA como sujetos de derecho. No es nada excepcional. Desafortunadamente, el trato que se les da a NNA en estos procesos, en una sociedad democrática, es desconocer al 25% de la población”.

Por su parte, Valentina Miranda, quien es actual candidata a constituyente por el distrito 13 en la lista de Chile Digno, verde y soberano, indica que “no querer que los jóvenes participen porque, según ellos, no estaban habilitados emocionalmente para ejercer su derecho como ciudadano, se contradice directamente con las leyes de nuestro país, que declaran explícitamente que los niños, niñas y jóvenes desde los 14 años son capaces de asumir penas carcelarias dentro de los centros del Sename. Negarles el derecho ciudadano de poder discernir, poder escoger, poder ejercer la democracia, demuestra las intenciones del adultocentrismo en el país, y es que los jóvenes no participen porque siempre son los que levantan las demandas del movimiento social”.

 

“Que mi opinión sea tomada en cuenta”

El día del sufragio llegó. Votó cerca del 51% de la población, donde no se consideraron NNA, ganando el apruebo con el 78,28% y la Convención Constitucional con un 79%. Sin embargo, en medio de este contexto, la ONG World Vision Chile realizó un plebiscito online, en donde participaron más de 17 mil NNA. Entre los 14 y 17 años, el 93% hubiese votado por el apruebo, además de que el 96% manifestó que deberían tener la posibilidad de votar.

https://twitter.com/WorldVisionCHL/status/1320734839650308096

Valentina Miranda apuntó a que más que traicionados, se sienten olvidados en todo el proceso. “El excluirnos de un proceso político que tiene que ver con el futuro de nuestro país, y que no hubiera sido si no hubiésemos saltado el torniquete, demuestra claramente cuáles son las intenciones políticas de algunos sectores, sobre todo de la derecha más conservadora y de la Concertación”, asegura Valentina.

 

 

Por su lado, el investigador de OPECH, Juan González, afirma que si concebimos la política desde lo electoral, desde el sistema democrática que impera en occidente, siempre serán muchos los grupos excluidos de la política, incluidos las y los jóvenes. “Los sectores populares, en general, no logran participar efectivamente en el juego representativo que generalmente está condicionado por una serie de herramientas de exclusión. El proceso constituyente no ha sido la excepción”, recalca el académico.

Por otra parte, el estudiante M.M.S. advierte, con desesperanza, que la población se “compró muy fácil el proceso constituyente”, y que pese a creer que puede traer cambios para el país, al estudiante que lucha día a día se le seguirá criminalizando. “Sé que esta nueva Constitución no traerá las soluciones que se pidieron, pero de igual forma apoyo a las personas que sí lo creen, y que con el pasar del tiempo se den cuenta que esto nunca fue lo que se necesitaba, y que ahí nuevamente se salga a las calles. No sólo como masa, sino como un pueblo consciente”, expresa.

En la Constitución elaborada en dictadura, y aún vigente en Chile, no existe ningún artículo que haga referencia explícita a niños, niñas y adolescentes. Dentro del plebiscito online organizado por World Vision Chile, las y los niños de 6 a 13 años señalaron que lo más importante sería “compartir y ser cuidado por mi familia”, mientras que entre 14 y 17 años, apuntaron a la necesidad de “que mi opinión sea tomada en cuenta”.