A la luz de los recientes acontecimientos vinculados a la desaparición de Julia Chuñil y el aumento de las agresiones contra quienes defienden la naturaleza, este martes la Cámara de Diputadas y Diputados votará iniciativa que por primera vez sanciona a los responsables por estas agresiones.

Por Equipo Escazú Ahora

Este martes 7 de octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de ley que reconoce y protege a las personas defensoras del medio ambiente (Boletín 16.886-12), oportunidad clave para hacer operativo el compromiso que Chile asumió al adherir al Acuerdo de Escazú en 2022. La iniciativa busca garantizar derechos y seguridad a quienes defienden la naturaleza, en un contexto de violencia creciente y persistente impunidad.

DATOS, NO OPINIONES

Según el último informe de la ONG Escazú Ahora, entre 2023 y 2024 se registraron más de 80 agresiones contra quienes protegen el medio ambiente en el país, evidenciando una escalada en las agresiones físicas, que pasaron del 14,7% en 2023 al 48,9% en 2024. Aunque hombres y mujeres sufrieron agresiones, el 70,2% de los casos involucró a mujeres, muchas de ellas amenazadas más de una vez durante el mismo año. La impunidad es la norma: solo el 2,1% de los casos que llegaron a la justicia obtuvo un resultado favorable.

El proyecto de ley, impulsado desde el Congreso como una respuesta a los pocos avances en la implementación del Acuerdo de Escazú, se organiza en cuatro capítulos. El primero establece disposiciones generales, definiendo claramente quiénes son defensores ambientales, qué constituye una agresión y qué es un entorno seguro, junto con principios rectores como igualdad, prevención y coordinación interinstitucional.

El segundo capítulo refuerza derechos ya existentes, incluyendo el acceso a entornos libres de violencia, a la información, a la participación en decisiones ambientales y a la justicia en caso de agresiones. El tercero establece deberes del Estado, exigiendo medidas oportunas y coordinadas para prevenir riesgos e investigar agresiones. Por último, el cuarto capítulo introduce acciones penales, incorporando agravantes a delitos existentes para garantizar sanciones efectivas y combatir la impunidad.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

“Esta ley representa una oportunidad histórica para que el Congreso envíe una señal clara: quienes defienden la vida y los territorios no estarán nunca más solos ni desprotegidos. Desde Escazú Ahora esperamos que mañana se dejen de lado los colores políticos y la protección ambiental y, por sobre todo, la protección de las personas que velan por su cuidado, primen en el debate”, afirma Sebastián Benfeld, Presidente de la ONG Escazú Ahora. “Cada día que pasa sin esta ley es un día más en que defensores están expuestos a riesgos graves. Implementar Escazú no es solo un compromiso, es un deber ético”, remató.

Organizaciones y ciudadanía siguen de cerca la votación, que podría marcar un hito en la protección de los derechos humanos ambientales, consolidando la seguridad de quienes trabajan por la vida y los territorios del país.

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